Si aún no te interesan los medios de vida, deberían interesarte. Porque son la esencia del desarrollo. Se gastan millones en intentar construir Estados más eficaces en todo el mundo, pero el desarrollo no consiste realmente en la capacidad del Estado. Al final de esas largas cadenas causales y teorías del cambio hay una persona: alguien corriente, un «don nadie». Hacer que las cosas funcionen un poco mejor para esa persona, facilitarle que tome sus propias decisiones y se gane decentemente la vida… ese es el porqué del desarrollo.
De acuerdo, quizá sea una visión algo simplista. Pero, por suerte, muchas organizaciones sí se interesan por los entresijos de cómo se gana la vida la gente en todo el mundo. Una de ellas es el Comité de Desarrollo Internacional (IDC), un órgano parlamentario británico encargado de supervisar el funcionamiento del Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID). Hace unos meses, el IDC abrió una investigación sobre empleo y medios de vida e invitó a terceros a presentar aportaciones por escrito para contribuir a su informe final. En el Secure Livelihoods Research Consortium (SLRC), aunamos esfuerzos y, basándonos tanto en algunas de nuestras propias investigaciones como en el trabajo de otras personas, aportamos nuestras ideas (aquí puedes consultar la presentación completa).
Con el fin de estimular el debate sobre cómo los gobiernos, los donantes y los organismos pueden apoyar mejor los medios de vida de las personas y contribuir a la creación de empleo en algunas de las situaciones más pobres y difíciles del mundo, he aquí un breve resumen de los puntos que planteamos.
El acceso a las oportunidades siempre está regulado… aunque no siempre de manera formal
La mayor parte de la actividad económica en los países en desarrollo es informal. Sin embargo, se suele cometer el error de pensar que, por tanto, no está sujeta a impuestos y está abierta a todo el mundo (una especie de mercado libre absoluto). No es así. He aquí dos razones.
En primer lugar, es un mito que la economía informal no tribute. En muchos lugares, sobre todo en los afectados por conflictos y fragilidad, subsistir tiene un coste extractivo considerable. En el este de la RDC, por cada botella de 20 litros de aceite de palma que se produce y vende en el mercado, el Estado se queda con siete litros (además de 0,12 dólares) y el ejército con otros siete litros (más 0,25 dólares). A eso se suman otros 10 dólares al año por acceder a los árboles y un impuesto sobre la máquina que extrae el aceite. De manera similar, un estudio reciente sobre el comercio de ganado en Darfur concluyó que la carga fiscal casi se había duplicado entre 2002 y 2011: ahora los comerciantes deben pagar a guardias armados para que acompañen a sus rebaños y abonar numerosas tasas en los puestos de control para garantizar el paso seguro. Los organismos suelen pasar por alto este tipo de impuestos, estrechamente relacionado con el fenómeno de la «corrupción cotidiana», que la Independent Commission for Aid Impact (ICAI) señaló recientemente como un obstáculo importante para reducir la pobreza. Pero si nos importa apoyar los medios de vida, no podemos centrarnos solo en lo que las personas reciben; necesitamos comprender mucho mejor lo que pierden.
La segunda razón es que el acceso a las oportunidades económicas está determinado por las normas sociales y las redes de contactos. Una investigación reciente del SLRC en Kabul, Afganistán, demuestra claramente que la participación en los mercados laborales urbanos puede estar regulada socialmente por la identidad de cada persona, en particular por su género. Por ejemplo, en el sector de la sastrería de Kabul, la posibilidad de que una mujer acceda al mercado laboral depende en gran medida del apoyo de figuras masculinas clave (padres, tíos, esposos).
El género es solo una de las formas en que se regula la actividad económica. Otros ejes de identidad también son importantes para determinar los resultados en el mercado laboral. En su estudio sobre desplazamiento interno y medios de vida en Azerbaiyán, el Banco Mundial concluyó que las personas desplazadas internas (IDP) tenían sistemáticamente peor acceso a las oportunidades de empleo posteriores al conflicto debido a sus redes sociales más débiles (en comparación con las personas no desplazadas). La investigación de Timothy Raeymaekers en la localidad de Butembo, en el este de la RDC, revela patrones similares de exclusión del mercado laboral por motivos de etnia, desplazamiento y conexiones sociales.
La idea general es que los mercados laborales no son espacios neutrales de simple intercambio económico: reflejan y refuerzan patrones más amplios de desigualdad social. Por eso, aunque siguen siendo importantes los esfuerzos por aumentar el capital humano de las personas pobres (más educación y mejores competencias), eso está muy lejos de bastar para abordar las limitaciones estructurales que impiden a muchas personas acceder a un trabajo digno.
«Más empleo» no equivale a «mejores empleos»
En todo el mundo, los mercados laborales favorecen a quienes poseen el capital, en detrimento de los derechos de los trabajadores. Por eso, orientar las políticas exclusivamente a crear empleo no acaba de dar en el blanco. En muchos países faltan suficientes empleos dignos, bien remunerados, que ofrezcan cierta seguridad y preserven la dignidad de quienes los desempeñan. Por supuesto, este problema no se limita a los países en desarrollo: hay paralelismos con el reciente auge de los «contratos de cero horas» en el Reino Unido y Estados Unidos, donde las grandes empresas contratan trabajadores sin garantizarles que vayan a tener trabajo remunerado.
Al mismo tiempo, resulta convincente, aunque reduccionista, sostener que los países afectados por conflictos necesitan más empleos de calidad para lograr un crecimiento más sólido y sociedades más seguras. Por un lado, sencillamente no existen los datos necesarios para respaldar la idea de que el desempleo genera violencia. Por otro, la perspectiva dominante de la política económica hace invisible gran parte del trabajo de las mujeres y relega a los márgenes su participación en la economía reproductiva. Por último, las pruebas disponibles indican que el problema principal no suele ser que la gente no trabaje, sino que se vea obligada a quedar atrapada en actividades económicas explotadoras que apenas generan ingresos dignos. En muchos países en desarrollo, el subempleo es un problema mucho mayor. La gente trabaja, pero el mercado laboral no funciona a su favor. Millones acaban trabajando por cuenta propia, posiblemente no porque hayan «nacido emprendedores», sino porque carecen de alternativas viables.
De hecho, una nueva investigación del SLRC en el norte de Uganda, que se publicará próximamente, indica que la experiencia de trabajar a cambio de un salario es precisamente lo que lleva a las personas a «hacerse sus propios jefes». Las personas encuestadas que trabajaban en establecimientos de hostelería de Lira, una localidad del norte de Uganda, describieron las condiciones difíciles y degradantes a las que se enfrentan cada día: desde la inseguridad laboral crónica (sin contratos ni mecanismos para presentar quejas) hasta los malos tratos de la dirección (retrasos en los pagos y jornadas largas). Al percibir explotación en el mercado laboral, los empleados imaginan un futuro en el que puedan crear su propio negocio.
Entonces, ¿qué camino deberían seguir quienes formulan las políticas?
He aquí cinco ideas…
1. Prestar más atención a la política —y a la sociología— de la asignación de empleos y al funcionamiento real de los mercados laborales. Buscar maneras de apoyar a quienes están atrapados en condiciones laborales explotadoras. En última instancia, esto exige una acción colectiva más sólida, asociaciones comerciales y sindicatos más activos, mejores derechos laborales y la aplicación efectiva de salarios mínimos.
2. Vincular la agenda de empleo con la agenda de protección social. Un mejor acceso a la protección social puede respaldar la economía de los cuidados de un país y permitir que las personas vulnerables participen en el mercado laboral en mejores condiciones. Establecer vínculos más estrechos entre la protección social y el empleo no es una prioridad política exclusiva de los países en desarrollo: como ha sostenido Guy Standing, también debería ser una preocupación central en lugares como el Reino Unido.
3. Ampliar la cobertura y el impacto de la ayuda básica a los medios de vida de las personas durante los periodos críticos posteriores a un conflicto. Unos meses de ayuda alimentaria y algunas semillas (como las que caracterizaron el paquete de retorno en Sudán del Sur) no bastan ni de lejos para que la gente pueda recuperarse tras décadas de desplazamiento.
4. Reexaminar los supuestos fundamentales de los programas diseñados para apoyar los medios de vida. ¿Hacia dónde están encaminando realmente a la gente el énfasis en los microcréditos y la formación profesional? A menudo, hacia mercados saturados, márgenes de beneficio escasos y formas de empleo arriesgadas e inseguras.
5. Ampliar el enfoque sobre los entornos propicios y normativos —que siguen siendo importantes— para ir más allá de las normas y reglamentos formales que rigen la actividad empresarial; es decir, superar el enfoque dominante que promueven la iniciativa Doing Business del Banco Mundial y otras similares. Un enfoque renovado debe tener en cuenta los entornos a menudo corruptos, caóticos e informales en los que las personas y las pequeñas empresas se esfuerzan por ganarse la vida. Partir de estas difíciles realidades debería conducir a herramientas más variadas e imaginativas para apoyarlas.
Esta entrada apareció originalmente en el blog Future Development del Banco Mundial
Autores: Richard Mallett es investigador en el Overseas Development Institute (ODI), en Londres, donde trabaja a tiempo completo en el Secure Livelihoods Research Consortium (SLRC). Paul Harvey es socio de Humanitarian Outcomes, un equipo independiente de profesionales que ofrece análisis basados en pruebas y asesoramiento sobre políticas a gobiernos y organizaciones internacionales acerca de sus iniciativas de respuesta humanitaria.
Imagen: Una mujer con un bebé a la espalda observa un asentamiento informal en la capital, Luanda, el 30 de agosto de 2012. REUTERS.
