Desde la crisis financiera mundial de 2008 ha surgido un patrón notable: los gobiernos, los bancos centrales y las instituciones financieras internacionales han tenido que revisar sistemáticamente a la baja sus previsiones de crecimiento. Con muy pocas excepciones, esto ha ocurrido tanto con las proyecciones para la economía mundial como con las de cada país.
Es un patrón que ha causado daños reales, porque las previsiones demasiado optimistas retrasan las medidas necesarias para impulsar el crecimiento y, por tanto, obstaculizan la plena recuperación económica. Quienes elaboran las previsiones deben reconocer qué ha fallado; por fortuna, a medida que se prolonga la experiencia posterior a la crisis, algunas piezas que faltaban empiezan a aclararse. He identificado cinco.
En primer lugar, la capacidad de intervención fiscal —al menos en las economías desarrolladas— se ha aprovechado insuficientemente. Como sostuvo en un libro reciente Frank Newman, ex subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Freedom from National Debt, la capacidad de un país para intervenir fiscalmente se evalúa mejor examinando su balance general agregado que mediante el método tradicional de comparar su deuda (un pasivo) con su PIB (un flujo).
La dependencia del método tradicional ha hecho que se desaprovechen oportunidades, sobre todo porque la inversión productiva del sector público puede más que compensar su costo. Las inversiones en infraestructura, educación y tecnología ayudan a impulsar el crecimiento a largo plazo. Aumentan la competitividad, facilitan la innovación e incrementan los rendimientos del sector privado, generando crecimiento y empleo. No hace falta mucho crecimiento para compensar incluso una inversión sustancial, especialmente con los bajos costos de endeudamiento actuales.
Las investigaciones del Fondo Monetario Internacional han indicado que estos multiplicadores fiscales —el segundo factor que los pronosticadores pasan por alto— varían según las condiciones económicas subyacentes. En las economías con capacidad ociosa (incluido el capital humano) y un alto grado de flexibilidad estructural, los multiplicadores son mayores de lo que se pensaba.
En Estados Unidos, por ejemplo, la flexibilidad estructural contribuyó a la recuperación económica y ayudó al país a adaptarse a los cambios tecnológicos de largo plazo y a las fuerzas de los mercados globales. En Europa, en cambio, el cambio estructural encuentra resistencia. El estímulo fiscal en Europa puede seguir estando justificado, pero la rigidez estructural reducirá su impacto en el crecimiento a largo plazo. Sería más fácil justificar las intervenciones fiscales europeas si estuvieran acompañadas de reformas microeconómicas dirigidas a aumentar la flexibilidad.
Una tercera pieza del rompecabezas de las previsiones es la disparidad entre el comportamiento de los mercados financieros y el de la economía real. Si uno se guiara únicamente por los precios de los activos, tendría que concluir que el crecimiento está en auge. Evidentemente, no es así.
Una de las principales causas de esta divergencia ha sido la política monetaria extremadamente expansiva que, al inundar los mercados financieros de liquidez, debía impulsar el crecimiento. Pero sigue sin estar claro si los elevados precios de los activos están sosteniendo la demanda agregada o principalmente redistribuyendo la riqueza. Tampoco está claro qué ocurrirá con esos precios cuando se retire el apoyo monetario.
Un cuarto factor es la calidad del gobierno. En los últimos años no han faltado ejemplos de gobiernos que abusan de sus poderes para favorecer a la élite gobernante, a sus partidarios y a diversos grupos de interés, con efectos perjudiciales para la regulación, la inversión pública, la prestación de servicios y el crecimiento. Es fundamental que los servicios públicos, la inversión pública y las políticas públicas se gestionen bien. Los países que atraen y motivan a funcionarios públicos capacitados superan a sus pares.
Por último, y lo más importante, la magnitud y la duración de la caída de la demanda agregada han sido mayores de lo previsto, en parte porque el empleo y los ingresos medianos se han quedado rezagados respecto del crecimiento. Este fenómeno precedió a la crisis, y los altos niveles de deuda de los hogares han agravado su impacto posterior. El estancamiento de los ingresos del 75 % inferior de la distribución plantea un desafío especialmente grande, porque reduce el consumo, socava la cohesión social (y, por tanto, la estabilidad y la eficacia políticas) y disminuye la movilidad intergeneracional, sobre todo donde la educación pública es deficiente.
A veces, el cambio ocurre a un ritmo que supera la capacidad de respuesta de las personas y los sistemas. Parece que estamos ante uno de esos momentos. Los mercados laborales han perdido el equilibrio, pues las nuevas tecnologías y la transformación de las cadenas mundiales de suministro han hecho que la demanda laboral cambie más rápido de lo que puede ajustarse la oferta.
No se trata de una condición permanente, pero la transición será larga y compleja. Las mismas fuerzas que están aumentando drásticamente el potencial productivo de la economía mundial son, en gran medida, responsables de las tendencias adversas en la distribución del ingreso. La tecnología digital y el capital han eliminado empleos de ingresos medios o los han trasladado al extranjero, generando un exceso de oferta laboral que ha contribuido al estancamiento de los ingresos precisamente en ese segmento.
Una respuesta más contundente exigirá comprender la naturaleza del desafío y estar dispuestos a afrontarlo mediante inversiones cuantiosas en áreas clave, en particular educación, atención de la salud e infraestructura. Hay que reconocer que este es un momento difícil y que los países deben movilizar sus recursos para ayudar a su población durante la transición.
Eso implicará redistribuir los ingresos y garantizar el acceso a servicios básicos esenciales. Si combatir la desigualdad y promover la igualdad de oportunidades entre generaciones introduce algunas ineficiencias marginales y debilita ciertos incentivos, el costo vale la pena con creces. La prestación pública de servicios básicos esenciales, como la educación o la atención de la salud, quizá nunca sea tan eficiente como las alternativas del sector privado; pero cuando la eficiencia implica exclusión y desigualdad de oportunidades, la prestación pública no es un error.
Cabe esperar que una mayor conciencia de la importancia de estos y otros factores influya positivamente en las agendas de políticas públicas del próximo año.
Este artículo se publica en colaboración con Project Syndicate. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde estas opiniones.
Para mantenerse al día con Forum:Agenda, suscríbase a nuestro boletín semanal.
Autor: Michael Spence, premio Nobel de Economía, es profesor de Economía en la Escuela de Negocios Stern de NYU.
Imagen: Las curvas de los días 17 y 18 de septiembre se ven en el tablero de la Bolsa de Valores de Australia (ASX), en Sídney, el 18 de septiembre de 2008. REUTERS/Daniel Munoz
