Los últimos años han sido prósperos para los países de todo el continente americano. La mayoría de los gobiernos han avanzado considerablemente en la expansión de sus economías y en el fortalecimiento de democracias jóvenes. Tan solo en la última década, millones de personas han salido de la pobreza y han podido acceder a empleos, atención médica y educación.
Pero junto a estos avances positivos hay otra historia muy distinta. La región sigue albergando a 10 de los 15 países más desiguales del mundo. La enorme brecha entre quienes «tienen» y quienes «no tienen» hace que, en todos los rincones de esta vasta, dinámica y rica en recursos región, millones de personas sigan enfrentándose a una dura realidad. Luchan por sobrevivir en medio de la pobreza, la violencia, la brutalidad policial y altos niveles de discriminación por motivos de género y etnia.
Miles de comunidades indígenas viven a merced de empresas que solo quieren lucrarse con las tierras en las que viven. Se margina a las personas y se las trata como ciudadanas de segunda clase por su orientación sexual. Activistas valientes en favor de los derechos humanos y periodistas son castigados por transmitir un mensaje que pocos quieren oír.
Estos son solo algunos ejemplos. Durante el último año, he podido conocer a algunas de las personas que están detrás de esas cifras.
Con demasiada frecuencia, el mensaje parece ser: si eres pobre, la justicia está fuera de tu alcance. Los tribunales solo están al alcance de quienes pueden pagarlos. El Estado de derecho, requisito esencial para que cualquier país funcione correctamente, se debilita y hace que las sociedades sean inseguras para todos.
Una y otra vez, los gobiernos de todo el continente se han comprometido a reducir la desigualdad, promover un desarrollo equitativo y garantizar la protección de los derechos humanos sin discriminación. Pero las promesas ya no bastan: combatir la desigualdad con acciones concretas es la única manera de que la región avance de verdad.
No existe una solución fácil para acabar con la desigualdad en América, pero hay una serie de medidas que solo requieren voluntad política. Los gobiernos de toda la región podrían, y deberían:
Comprometerse y destinar recursos políticos y financieros a fortalecer el sistema de justicia penal de la región y garantizar que deje de ser un lujo al alcance de quienes pueden pagarlo
Abordar los vínculos entre políticos y redes criminales, que permiten que se cometan abusos y queden impunes
Establecer y aplicar un marco regulatorio eficaz para garantizar que las empresas respeten los derechos humanos allí donde operen, de conformidad con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos
Garantizar que se investiguen sin demora las denuncias de violaciones de los derechos humanos cometidas por la policía y las fuerzas de seguridad, así como por bandas armadas. Enviar un mensaje de tolerancia cero llevando ante la justicia a todos los responsables.
Irónicamente, la inestabilidad y los conflictos generados por la discriminación, la desigualdad y un sistema de justicia deficiente ponen en riesgo precisamente la prosperidad que buscan los gobiernos y el sector privado. El precio de no tomar medidas urgentes es algo que América ya no puede permitirse ignorar.
El Foro Económico Mundial sobre América Latina 2015 se celebra en Riviera Maya, México, del 6 al 8 de mayo.
Autor: Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.
Imagen: Vista del barrio marginal de Turano, en Río de Janeiro, el 11 de marzo de 2014. REUTERS/Sergio Moraes
