El nuevo presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha vuelto a poner la inversión pública en la agenda con su propuesta de un plan de inversión de capital de tres años por valor de 300.000 millones de euros (378 millones de dólares). Se espera que los líderes de la Unión Europea debatan su propuesta en diciembre. Todo el mundo parece estar de acuerdo en que una mayor inversión ayudaría a fortalecer una economía europea preocupantemente débil. Sin embargo, tras el consenso superficial, siguen sin respuesta muchas preguntas.
Para empezar, no es la primera vez que Europa considera una iniciativa de este tipo. En 1993, la Comisión, bajo la dirección de Jacques Delors, propuso un plan de inversión de capital en su Libro blanco sobre crecimiento, competitividad y empleo. El plan recibió un amplio respaldo, pero no se tomó ninguna medida. Del mismo modo, en 2000, como parte de su Estrategia de Lisboa, la UE se propuso aumentar el gasto nacional en investigación y desarrollo hasta el 3 % del PIB. No logró alcanzar ese objetivo. Más recientemente, en junio de 2012, los líderes de la UE adoptaron un Pacto por el Crecimiento y el Empleo que debía movilizar 120.000 millones de euros. El cheque sigue en camino.
En efecto, es fácil fingir que se actúa sin tomar medidas eficaces. Una opción es pedir al Banco Europeo de Inversiones (BEI), el banco de desarrollo de la UE, que conceda más préstamos. Estas peticiones tienen dos limitaciones: el propio BEI procura no poner en peligro su calificación financiera asumiendo demasiado riesgo, y sus préstamos sustituyen fácilmente a la financiación privada. Por tanto, conceder más préstamos puede ser inútil si hace que el BEI desplace la financiación privada de los mejores proyectos disponibles. Un puente financiado por el BEI puede ser más asequible que uno financiado por los mercados de capitales, pero sigue siendo el mismo puente y tiene el mismo impacto económico. El tamaño del balance del BEI no es un buen indicador de su eficacia.
En su lugar, deberían utilizarse tres palancas de inversión. La primera es presupuestaria: los gobiernos que dispongan de margen fiscal deberían invertir en proyectos económicamente sólidos. La inversión pública complementa a la inversión privada; si se diseña y orienta bien, puede estimular más inversión privada en vez de desplazarla.
Por ejemplo, una infraestructura adecuada de transporte y banda ancha favorece el auge de las iniciativas empresariales. En un momento en que los mercados están dispuestos a prestar a gobiernos solventes a tasas históricamente bajas, debería haber poco margen para la vacilación.
Evidentemente, la financiación barata no justifica la inversión pública en proyectos de dudosa rentabilidad social, o en lo que los profesionales del desarrollo llaman «elefantes blancos»: proyectos que acaparan titulares, de valor cuestionable, pero respaldados por intereses particulares. Las inversiones deben evaluarse según su impacto económico general y deben establecerse procedimientos adecuados para evitar que se malgaste el dinero público.
La segunda palanca de inversión es de carácter regulatorio. Muchas inversiones a gran escala que solo rinden frutos a largo plazo —por ejemplo, en energía, infraestructura digital y transporte— se concentran en sectores regulados por el Estado, lo que da a los gobiernos poder para influir en las decisiones empresariales.
La previsibilidad de la futura evolución de la regulación permitiría desbloquear proyectos frenados por la incertidumbre. Por ejemplo, una perspectiva creíble del precio del carbono impulsaría nuevas inversiones del sector privado en tecnologías más limpias. Del mismo modo, un marco europeo acordado para proyectos que conectan países eliminaría obstáculos a la inversión transfronteriza.
Estas condiciones están lejos de cumplirse, lo que significa que no se están realizando inversiones rentables. Cambiar esta situación no costaría ni un euro; solo requiere voluntad política.
La tercera palanca es financiera. La demanda de inversión se ha debilitado, no porque los tipos de interés sean demasiado altos, sino porque el sistema bancario carece de suficiente apetito por el riesgo. La financiación en la Europa continental se basa tradicionalmente en los bancos, a diferencia de Estados Unidos, donde predominan los mercados de capitales. Sin embargo, los reguladores están pidiendo a los bancos que reduzcan su apalancamiento y mantengan más capital cuando concedan préstamos arriesgados, y a sus acreedores les están diciendo que no deben esperar un rescate si los bancos atraviesan dificultades.
Esto es deliberado. Los gobiernos y los ciudadanos de Europa han pagado —y siguen pagando— un precio astronómicamente alto por los préstamos y las inversiones imprudentes de la década de 2000. Es comprensible que no quieran repetir esa experiencia.
Sin embargo, la consecuencia es que resulta más difícil de lo debido financiar proyectos de alto riesgo y alta rentabilidad. Si Europa quiere reactivar su economía y escapar del estancamiento, necesita que los emprendedores asuman más riesgos para innovar. Pero su sistema financiero está pasando de un modelo basado en los bancos a otro basado en los mercados, una transición que implica aversión al riesgo.
Aquí es donde el sector público —tanto los gobiernos nacionales como la UE— debería intervenir y compartir parte del riesgo con los actores privados. Debería comportarse temporalmente más como inversor: examinar los proyectos, aportar financiación y obtener rendimientos. Utilizar el BEI y los bancos nacionales de desarrollo con este fin ayudaría a superar el actual estancamiento.
¿Sumarían estas tres clases de iniciativas 300.000 millones de euros? A estas alturas nadie lo sabe. Pero este camino sería la forma más segura de alcanzar el objetivo.
Publicado en colaboración con Project Syndicate
Autor: Jean Pisani-Ferry es profesor en la Hertie School of Governance de Berlín y actualmente ocupa el cargo de comisario general de Planificación de Políticas del Gobierno francés.
Imagen: Un enorme logotipo del euro aparece junto a la sede del Banco Central Europeo (BCE) antes de la rueda de prensa mensual del banco en Fráncfort, el 7 de agosto de 2014. REUTERS/Ralph Orlowski
