Los temas elegidos por el Banco Central Europeo para su foro anual en Sintra, Portugal, a finales de mayo no fueron la deflación, la expansión cuantitativa ni la estabilidad financiera. Fueron el desempleo, la productividad y las reformas favorables al crecimiento. El presidente del BCE, Mario Draghi, explicó por qué en su discurso de apertura: a la eurozona le faltan tanto impulso de crecimiento como resiliencia ante las perturbaciones adversas.
Draghi tiene, sin duda, razón. La Comisión Europea prevé ahora que el crecimiento de la eurozona alcance el 1,5 % en 2015 y el 1,9 % en 2016. Sin duda, eso parece positivo en comparación con el casi estancamiento de los últimos años. Pero, dada la combinación de un enorme apoyo monetario, una orientación fiscal ahora neutral, una fuerte caída de los precios del petróleo y un euro depreciado, es lo mínimo que cabría esperar, y solo devolverá el PIB per cápita a su nivel de 2008. El hecho de que los dirigentes y los comentaristas celebren estas perspectivas más halagüeñas indica hasta qué punto se han reducido nuestras expectativas.
Hasta hace poco, la austeridad fiscal y la crisis del euro podían considerarse responsables del pobre desempeño económico. Ya no. Aunque el crecimiento podría superar la previsión de la Comisión, hay motivos de preocupación por el potencial de crecimiento de la eurozona.
Para fortalecer ese potencial, los bancos centrales solo pueden abogar por reformas económicas; son los gobiernos quienes tienen la responsabilidad de adoptarlas. Y los críticos señalan que las exhortaciones reiteradas podrían resultar contraproducentes. Al fin y al cabo, los bancos centrales se apresuran a rechazar las sugerencias de los gobiernos sobre política monetaria en nombre de su independencia. ¿Por qué habrían de comportarse de otro modo los gobiernos?
Draghi tiene buenos motivos para insistir en que, en ausencia de medidas nacionales significativas, la eurozona bien podría ir de crisis en crisis hasta poner en peligro su propia viabilidad. Participar en una unión monetaria es una tarea exigente que requiere agilidad en materia de políticas por parte de los países participantes, así como un sentido de propósito común. Pero los gobiernos tienen buenos motivos para sostener que, en lo que respecta a las reformas, la elaboración de políticas requiere precisión y realismo político, cualidades que a menudo faltan en los consejos externos. El BCE sencillamente no puede poner en orden a la Unión Europea.
Una solución natural podría ser que el BCE se apoyara en las demás instituciones europeas. Desde 2010, la UE ha ido acumulando procedimientos de coordinación con la esperanza de impulsar a los gobiernos a promulgar reformas políticamente difíciles. Cada año, cada país miembro recibe una lista de tareas pendientes sobre gasto público, reformas del mercado laboral y de la competencia, así como otras recomendaciones.
La Comisión Europea también intenta atraer a los gobiernos reacios hacia medidas más audaces ofreciéndoles mayor margen fiscal. Y, hace dos años, la canciller alemana Angela Merkel planteó la idea de «contratos de reforma» adaptados a cada país que, una vez más, crearían incentivos para que los gobiernos promulgaran reformas favorables al crecimiento.
Pero la eficacia de estas iniciativas ha resultado limitada, por decirlo suavemente. Los mecanismos destinados a reforzar la coordinación de políticas solo han añadido complejidad a una arquitectura de procedimientos ya de por sí bizantina. Las recomendaciones dirigidas a cada país carecen tanto de aceptación en las capitales nacionales como de coherencia en el ámbito de la eurozona. La UE tiene una posición de fuerza cuando un país necesita asistencia financiera, pero, en los demás casos, poco puede hacer aparte de ofrecer consejos.
La eurozona debe superar esta deficiencia, pero no hay una solución sencilla a la vista. Se esperan propuestas en los próximos meses. Existe un amplio consenso en que es necesario racionalizar el sistema, pero eso no bastará. Algunos proponen una mayor centralización de las decisiones, pero eso tampoco ayudará, porque las reformas son intrínsecamente nacionales, cuando no subnacionales. En cambio, se puede avanzar en tres direcciones.
Primero, el análisis del BCE sobre los desafíos económicos que enfrenta la eurozona debería ser muy transparente. Los gobiernos deberían saber con precisión cómo evalúan Draghi y sus colegas el potencial de crecimiento y empleo, y cómo afectará esto a la política monetaria. Deberían tener una idea clara de qué pueden esperar del BCE y qué resultado (en lugar de medidas precisas) espera el BCE de ellos.
Segundo, la UE debería apoyar la creación de instituciones nacionales que supervisen la evolución interna y su compatibilidad con los objetivos generales de la eurozona. Estas podrían inspirarse en los consejos fiscales creados hace unos años en cada país miembro para evaluar los planes de finanzas públicas de los gobiernos nacionales. Como forman parte del debate nacional, estos consejos han demostrado ser una incorporación útil.
Del mismo modo, los consejos de competitividad podrían supervisar la evolución de los salarios y los precios, el empleo y el crecimiento, y la cuenta corriente, y formular recomendaciones a los gobiernos nacionales y a los interlocutores sociales. Estas instituciones estarían mucho mejor posicionadas que la UE para formular recomendaciones de reforma oportunas y detalladas. Podrían funcionar como una red, basarse en metodologías similares y, así, ayudar a garantizar una mayor coherencia entre las políticas individuales.
Tercero, la UE podría fomentar medidas de alcance general en ámbitos prioritarios mediante la puesta en marcha de programas de apoyo a ciudadanos, empresas o entidades públicas individuales, cuyo acceso estaría condicionado al cumplimiento de requisitos mínimos por parte de las políticas nacionales. Por ejemplo, la UE podría crear un programa de apoyo a la formación para jóvenes desempleados, pero supeditarlo a la eliminación de las políticas nacionales que obstaculizan el empleo juvenil. O podría crear un programa de apoyo a la educación superior, pero reservarlo para universidades de países donde las instituciones educativas cuenten con un grado mínimo de autonomía.
La justificación sería que los fondos de la UE solo pueden ayudar en el contexto de políticas nacionales favorables en el mismo ámbito. Este tipo de condicionalidad sería positiva, local y no punitiva; serviría de incentivo, no de castigo.
Estas son propuestas modestas, porque, cuando se trata de reformas favorables al crecimiento en Europa, no hay soluciones mágicas. No puede haber centralización y la coordinación siempre corre el riesgo de volverse opaca. Pero las medidas recomendadas aquí servirían para construir un régimen de políticas más descentralizado y basado en incentivos. Sería un buen comienzo.
Este artículo se publica en colaboración con Project Syndicate. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde estas opiniones.
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Autor: Jean Pisani-Ferry es profesor en la Hertie School of Governance de Berlín y actualmente se desempeña como comisionado general de Planificación de Políticas del Gobierno francés.
Imagen: Se muestran billetes de 10 euros recién puestos en circulación bajo luz ultravioleta. REUTERS/Ralph Orlowski.
