Este artículo se publica en colaboración con Project Syndicate.
En los últimos meses se ha prestado mucha atención a la volatilidad de los mercados financieros. Pero, por aterradoras que puedan resultar las subidas y bajadas de los precios de las acciones, no son más que espuma sobre las olas en comparación con la verdadera amenaza para la economía mundial: el enorme tsunami de deuda que se cierne sobre los hogares, las empresas, los bancos y los gobiernos. Si la Reserva Federal de Estados Unidos cumple con la subida de los tipos de interés a finales de este año, como se ha sugerido, la economía mundial —y en especial los mercados emergentes— podría verse en graves dificultades.
La deuda mundial ha crecido unos 57 billones de dólares desde el colapso de Lehman Brothers en 2008, hasta alcanzar una cifra agobiante de 199 billones de dólares en 2014, más de 2,5 veces el PIB mundial, según el McKinsey Global Institute. El servicio de estas deudas será, con toda probabilidad, cada vez más difícil en los próximos años, especialmente si el crecimiento sigue estancado, los tipos de interés empiezan a subir, las oportunidades de exportación siguen deprimidas y el desplome de los precios de las materias primas persiste.
Gran parte de la preocupación por la deuda se ha centrado en el riesgo de impagos en la eurozona. Pero las empresas muy endeudadas de los mercados emergentes pueden representar un peligro aún mayor. Se calcula que la deuda corporativa en el mundo en desarrollo ha superado los 18 billones de dólares, de los cuales hasta 2 billones están denominados en divisas extranjeras. El riesgo es que —como ocurrió en América Latina en los años ochenta y en Asia en los años noventa— los impagos del sector privado contaminen los balances del sector público.
Esa posibilidad es, en todo caso, mayor hoy que en el pasado. Los mercados financieros, cada vez más abiertos, permiten a los bancos y gestores de activos extranjeros deshacerse de deudas con rapidez, a menudo por razones que tienen poco que ver con los fundamentos económicos. Cuando va acompañado de una depreciación de la moneda, los resultados pueden ser brutales, como está aprendiendo Ucrania a las malas. En tales casos, las pérdidas privadas se convierten inevitablemente en un costoso problema público, y el nerviosismo de los mercados se extiende rápidamente a través de las fronteras a medida que los gobiernos rescatan a los acreedores para evitar el colapso económico.
Es importante señalar que los gobiernos endeudados son, a la vez, más y menos vulnerables que los deudores privados. Los prestatarios soberanos no pueden acogerse a la protección de las leyes de quiebra para retrasar y reestructurar los pagos; al mismo tiempo, sus acreedores no pueden embargar activos públicos no comerciales en compensación por las deudas impagadas. Cuando un gobierno no puede pagar, la única solución son las negociaciones directas. Pero el sistema actual de reestructuración de la deuda es ineficiente, fragmentado e injusto.
La incapacidad de los prestatarios soberanos para atender su deuda tiende a abordarse demasiado tarde y de forma ineficaz. Los gobiernos se muestran reacios a reconocer problemas de solvencia por temor a desencadenar salidas de capital, pánicos financieros y crisis económicas. Mientras tanto, los acreedores privados, ansiosos por evitar una quita, a menudo posponen la resolución con la esperanza de que la situación mejore. Cuando el problema se reconoce finalmente, suele ser ya una emergencia, y los esfuerzos de rescate se centran con demasiada frecuencia en sostener a prestamistas irresponsables en lugar de facilitar la recuperación económica.
Para colmo, cuando se alcanza un compromiso, la carga recae de forma desproporcionada sobre el deudor, en forma de austeridad impuesta y reformas estructurales que hacen aún menos sostenible la deuda residual. Además, el reciente fortalecimiento de los derechos de los acreedores y el crecimiento de la financiación mediante bonos han hecho que la reestructuración de la deuda soberana sea enormemente compleja y susceptible de abusos por parte de inversores especulativos que se resisten a participar en ella, entre ellos los denominados fondos buitre.
A medida que crece el consenso sobre la necesidad de mejorar los mecanismos de reestructuración de la deuda, han surgido tres opciones. La primera reforzaría los cimientos jurídicos de los mercados de bonos, mediante la introducción de cláusulas sólidas de acción colectiva en los contratos y la aclaración de la cláusula pari passu (trato igualitario), así como la promoción de bonos indexados al PIB o bonos convertibles contingentes. Este enfoque sería voluntario y consensuado, pero dejaría fuera grandes segmentos del mercado de deuda y haría poco para apoyar la recuperación económica o el retorno a un crecimiento sostenible.
Un segundo enfoque se centraría en construir un consenso en torno a principios de derecho indicativo (soft law) que orienten los esfuerzos de reestructuración. Los principios fundamentales —entre los que se están debatiendo los de soberanía, legitimidad, imparcialidad, transparencia, buena fe y sostenibilidad— se aplicarían actualmente a todos los instrumentos de deuda y podrían ofrecer una mayor coordinación que los enfoques basados en el mercado. Pero, aunque este esfuerzo tiene la ventaja de resultar familiar, no sería vinculante y no habría garantía de que una masa crítica de partes se adhiriera a él.
La tercera opción intentaría resolver este problema de coordinación mediante un conjunto de reglas y normas acordadas de antemano, como parte de un mecanismo internacional de reestructuración de la deuda similar a las leyes de quiebra a nivel nacional. Su objetivo sería evitar colapsos financieros en países con dificultades para atender su deuda externa y orientar sus economías de nuevo hacia un crecimiento sostenible.
El mecanismo incluiría disposiciones que permitan una suspensión temporal de todos los pagos vencidos, ya sean privados o públicos; una suspensión automática de los litigios de los acreedores; controles temporales de los tipos de cambio y de capitales; la concesión de financiación de deudor en posesión (debtor-in-possession) y de financiación provisional para transacciones vitales de la cuenta corriente; y, con el tiempo, la reestructuración y el alivio de la deuda.
Los casos de Ghana, Grecia, Puerto Rico, Ucrania y otros muchos países muestran el daño económico y social que pueden causar las deudas insostenibles cuando se gestionan de forma inadecuada. En septiembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó un conjunto de principios para orientar la reestructuración de la deuda soberana. Se trata de un avance importante, pero aún queda mucho por hacer para evitar que buena parte de este avance se venga abajo mientras la economía mundial se enfrenta al amenazante muro de deuda.
La publicación no implica el respaldo de las opiniones del Foro Económico Mundial.
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Autor: Richard Kozul-Wright, director de la División de Globalización y Estrategias de Desarrollo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.
Imagen: Vista de la sede de una empresa francesa en Courbevoie, a las afueras de París. REUTERS.
