En las burocracias, el papel es poder. Como parte de su transformación digital, los gobiernos buscan mejorar tanto la eficiencia como la transparencia mediante la expansión de los servicios digitales y del gobierno en línea.
La ambición del gobierno digital es transformar los sistemas heredados analógicos y basados en papel que se utilizan para interactuar con la ciudadanía, y hacer que los servicios públicos sean abiertos, sencillos y centrados en las personas.
El 1 de enero de 2019, Argentina se convirtió en un gobierno sin papel. No es un logro menor, dada la profunda raigambre de la cultura del papel en la burocracia argentina.
Al dejar atrás el papel, los gobiernos progresistas también intentan reducir la burocracia. La tecnología se está convirtiendo en un aliado clave en la lucha contra la corrupción. Las nuevas tecnologías y los macrodatos permiten ahora a quienes luchan contra la corrupción revelar, prevenir e incluso predecir prácticas corruptas que antes podían ocultarse tras un velo de opacidad propiciado por el papel. La plataforma Tech for Integrity de PACI, lanzada en 2018, ofrece un potente centro de intercambio de innovaciones tecnológicas contra la corrupción.
En 1988, el economista estadounidense Robert Klitgaard resumió los factores que favorecen la corrupción en su famosa «fórmula de la corrupción»: C = M + D – A. Klitgaard dijo: «La corrupción equivale a monopolio más discrecionalidad, menos rendición de cuentas».
En América Latina, la creciente clase media exige menos corrupción y mejores servicios. La revolución digital está cambiando las reglas de la ecuación de la corrupción de tres maneras principales.
Hacer que la transparencia contribuya a la rendición de cuentas
En primer lugar, las nuevas tecnologías ayudan a mejorar la transparencia y fomentar la rendición de cuentas. Los gobiernos están abriendo sus datos y los activistas cívicos y las instituciones de supervisión los utilizan para exigirles cuentas. Las ciudades suelen marcar el camino. Sin embargo, queda mucho por hacer para abrir las bases de datos más importantes para combatir la corrupción, como los registros de la propiedad, los datos de contratación pública y los registros de empresas, según la Carta Internacional de Datos Abiertos.
México ha ampliado la amplitud y profundidad de los datos presupuestarios abiertos a través de su avanzado portal de transparencia fiscal, que incluye contratos públicos, inversiones en infraestructura y transferencias a gobiernos subnacionales. Ciudad de México se ha convertido en la primera ciudad en publicar sus contratos en formato abierto. A su vez, tecnólogos cívicos con iniciativa utilizan esta información para examinar al gobierno y dar la voz de alarma, con el fin de descubrir prácticas y patrones que antes permanecían ocultos.
Varios países recurren a tecnologías de georreferenciación y visualización de datos para supervisar las inversiones en infraestructura propensas a la corrupción en México, Colombia y Paraguay. El Banco Brasileño de Desarrollo las utiliza para seguir los avances de los proyectos financiados por el Fondo Amazonía. Los organismos de auditoría recurren a ellas para supervisar obras públicas en Chile y Perú. Algunas ciudades, como Buenos Aires a través de su portal de obras públicas, publican datos esenciales sobre las finanzas locales.
Al digitalizarse, los gobiernos generan una enorme cantidad de nuevos datos sobre el funcionamiento de las burocracias que pueden analizarse para obtener nuevos conocimientos y perspectivas, a veces simplemente mediante el cruce de bases de datos.
Por ejemplo, el observatorio del gasto público del Ministerio de Transparencia de Brasil ha detectado prácticas irregulares en el uso de tarjetas de crédito por parte de funcionarios públicos y en los programas de prestaciones sociales, al cruzar bases de datos gubernamentales, lo que ha generado importantes ahorros y cambios en las políticas.
La inteligencia artificial y el análisis predictivo ofrecen herramientas eficaces a las autoridades tributarias y aduaneras para detectar y disuadir la evasión fiscal. En el Reino Unido, mediante su sistema Connect, la administración tributaria utiliza el análisis de redes sociales y la minería de datos para cruzar los registros fiscales de empresas y personas, y descubrir actividades fraudulentas o no declaradas. Su algoritmo predictivo identifica a las personas con mayor riesgo de cometer fraude fiscal y ayuda a diseñar medidas preventivas mediante estímulos conductuales.
Reducir la discrecionalidad y recortar la burocracia
Las nuevas tecnologías pueden reducir la discrecionalidad que los burócratas sin escrúpulos aprovechan para exigir sobornos, por ejemplo, al tramitar permisos y licencias. La automatización de los procesos burocráticos reduce las posibilidades de manipulación humana.
De hecho, más allá de los grandes escándalos de corrupción, la corrupción burocrática de pequeña escala sigue siendo frecuente en muchos países, con burocracias hipertrofiadas y regulaciones laberínticas. Según Transparencia Internacional, en 2016, uno de cada tres latinoamericanos pagó un soborno para acceder a un servicio.
México, Perú, Brasil, y Argentina están ampliando sus servicios digitales mediante portales integrados de todo el gobierno. Sin embargo, queda mucho por hacer para digitalizar los servicios públicos de principio a fin, como señala un informe reciente. La introducción de servicios digitales suele encontrar resistencia entre los grupos de interés que temen perder privilegios y empleos.
Pero no basta con digitalizar procedimientos burocráticos laberínticos; es necesario simplificarlos y replantearlos. Los funcionarios públicos suelen ser las primeras víctimas del laberinto burocrático. Varios países están intentando agilizar sus burocracias.
En Portugal, el programa Simplex está rediseñando los procedimientos burocráticos en colaboración con la sociedad civil y los funcionarios públicos, con resultados alentadores. Curiosamente, estas innovaciones se basan en conocimientos sobre el comportamiento para impulsar cambios graduales en la mentalidad de los funcionarios públicos y situar a la ciudadanía en el centro del gobierno.
La reforma regulatoria y la simplificación administrativa han vuelto a la agenda política de muchos gobiernos recién elegidos que buscan reducir la carga normativa y mejorar la competitividad para reactivar economías debilitadas. Entre estas iniciativas figuran, solo en 2018, la de Brasil de ¡Simplifique!, la de Colombia Estado Simple y la iniciativa argentina de Simplificación Productiva.
Reducir la burocracia es una tarea ardua en una región adicta a las nuevas reglas y regulaciones como solución a sus problemas. Colombia, según sus propias cifras, promulgó un promedio de 15 regulaciones al día entre 2010 y 2016. América del Sur sigue siendo la región donde es más difícil pagar impuestos, según PwC.
La cadena de bloques está generando mucha expectación y esperanza como antídoto contra la corrupción. Tiene características importantes que pueden ayudar a afianzar la integridad en las burocracias al proteger la identidad, rastrear fondos, registrar activos y adjudicar contratos.
Las pruebas de concepto se multiplican en una amplia variedad de ámbitos, como documenta el GovLab de la Universidad de Nueva York (NYU): desde la restitución de tierras en Colombia y los contratos inteligentes en Chile hasta las transferencias de subsidios en Argentina. Aunque la escalabilidad de estas soluciones sigue planteando dificultades, la cadena de bloques se ha perfilado como la tecnología disruptiva más prometedora en la lucha contra la corrupción.
Cuestionar el monopolio estatal
Las nuevas tecnologías también empiezan a cuestionar el monopolio del Estado sobre la toma de decisiones públicas y la prestación de servicios públicos. La aparición de empresas emergentes de tecnología gubernamental (govtech) está permitiendo nuevas formas de cocreación de servicios públicos, sobre todo en las ciudades.
Estas empresas más pequeñas y ágiles empiezan a tener impacto y a ofrecer nuevas soluciones a las viejas formas de hacer las cosas. Por ejemplo, ofrecen a los gobiernos que tienen dificultades para contratar equipos de ciencia de datos una solución rentable de análisis de datos como servicio.
El pasado noviembre, París acogió la primera cumbre mundial de govtech que reflejó el dinamismo de los emprendedores públicos y las empresas emergentes gubernamentales de países tecnológicamente avanzados como el Reino Unido, Francia, Canadá e Israel. Las empresas emergentes de govtech no solo representan una nueva forma de ofrecer servicios tecnológicos al gobierno; estas empresas emergentes basadas en la tecnología y los datos están transformando gradualmente el paradigma predominante de elaboración de políticas y prestación de servicios.
La tecnología se ha convertido en la mayor aliada de la transparencia. Combinada con voluntad política, la revolución digital puede trastocar la corrupción de formas que nunca imaginamos posibles.
Obtenga más información sobre la Iniciativa de Asociación contra la Corrupción aquí, y sobre el proyecto Tech for Integrity aquí.
