La UE ha acordado la Ley de Servicios Digitales, cuyo objetivo es establecer un nuevo marco normativo sobre cómo regula Europa las grandes empresas tecnológicas y el panorama digital.
La legislación incluye varias medidas, como el reconocimiento de los derechos del niño y la prohibición de la publicidad dirigida a los niños.
Aunque se aplica a quienes trabajan y residen en la UE, se espera que establezca estándares mundiales para un entorno en línea más transparente y seguro.
Los legisladores europeos alcanzaron recientemente un acuerdo político histórico sobre la Ley de Servicios Digitales (DSA), un ambicioso nuevo marco normativo sobre cómo regula Europa su panorama digital, especialmente las grandes empresas tecnológicas.
El amplio plan abarca cómo las empresas —plataformas en línea, motores de búsqueda, mercados en línea y cualquier otro proveedor importante de servicios digitales— moderan y gestionan contenidos, incluidos los contenidos ilegales, los discursos de odio y la desinformación, y tiene varias implicaciones para los niños.
Aunque la legislación se aplica a quienes residen en la Unión Europea (UE), al igual que el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE cambió el panorama mundial de la gobernanza de datos, se espera que la Ley de Servicios Digitales establezca «nuevos estándares mundiales» para un entorno en línea más transparente y seguro.
Al igual que el RGPD, la DSA se aplica a las empresas de fuera de la UE si ofrecen servicios en la UE. En resumen, pone fin a la autorregulación del sector allí y supone un cambio importante para el futuro de Internet.
¿Qué impacto tendrá la Ley de Servicios Digitales en los niños?
Aunque el texto definitivo aún no está disponible (y sigue perfilándose), a partir de la propuesta inicial de 2020 —UNICEF fue una de las 2.863 organizaciones que respondieron a la consulta pública— y de las posteriores enmiendas y declaraciones de la UE, sabemos lo siguiente sobre lo que podría significar para los niños:
Reconocimiento explícito de los derechos del niño. La Convención sobre los Derechos del Niño y la Observación general núm. 25 sobre los derechos del niño en relación con el entorno digital, que establece formalmente cómo se aplican estos derechos al mundo digital, se mencionan en ambos casos. A estos efectos, se considera niño a toda persona menor de 18 años.
Eliminación rápida de los contenidos ilegales en línea, entre ellos el material de abuso sexual infantil, los discursos de odio ilegales, los contenidos terroristas o los productos ilegales. Las víctimas del acoso en línea estarán mejor protegidas frente a la difusión ilícita y no consentida de imágenes privadas, gracias a su retirada inmediata. La investigación de UNICEF realizada junto con ECPAT e INTERPOL en 13 países de todo el mundo indica que el abuso sexual basado en imágenes es un delito frecuente contra los niños.
Evaluaciones de riesgos para los derechos, incluidos los de los niños. Las plataformas en línea de muy gran tamaño (VLOP), aquellas con más de 45 millones de usuarios activos mensuales, están sujetas a una regulación más estricta porque «cuanto mayor es el tamaño, mayores son las responsabilidades de las plataformas en línea». Deben realizar evaluaciones de riesgos al menos una vez al año para determinar cualquier efecto negativo sobre la privacidad, la libertad de expresión e información, la prohibición de la discriminación y los derechos del niño, consagrados en artículos clave de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La referencia alude al derecho de los niños a la protección y los cuidados necesarios para su bienestar, así como a la obligación de las instituciones privadas de actuar siempre en el interés superior del niño. Las auditorías también deben considerar cómo afectan los algoritmos de las grandes empresas tecnológicas a la salud física y mental de los menores.
Se prohíbe la publicidad dirigida a los niños y se restringe la recopilación de datos con fines de elaboración de perfiles. Para todos los usuarios, se prohibirá la publicidad en línea dirigida según su orientación sexual, información sanitaria, religión y opiniones políticas.
Mayor comprensibilidad. En los servicios dirigidos principalmente a menores o utilizados sobre todo por ellos, la plataforma debe explicar las condiciones de uso de forma que los menores puedan entenderlas.
¿Qué significa la Ley de Servicios Digitales para todos, incluidos los niños?
Entre los requisitos generales que también beneficiarían a los niños se encuentran:
La prohibición de los «patrones oscuros» que buscan manipular las decisiones de los usuarios mediante interfaces engañosas o confusas (por ejemplo, con sugerencias o dando prominencia visual a una opción concreta). Con la DSA, «cancelar una suscripción a un servicio debería ser tan fácil como suscribirse».
Mayor rendición de cuentas algorítmica. La Comisión Europea y sus Estados miembros tendrán acceso a los algoritmos de las VLOP. Además, investigadores acreditados, entidades sin ánimo de lucro, organizaciones o asociaciones tendrán acceso a los datos clave de esas plataformas para «comprender mejor cómo evolucionan los riesgos en línea». Lo ideal es que esto aumente la disponibilidad de datos desglosados por edad y mejore el conocimiento del impacto de la tecnología en los niños.
Más transparencia algorítmica y opciones para los usuarios. Las VLOP deberán explicar a los usuarios cómo funcionan sus algoritmos de recomendación. Además, los usuarios podrán elegir un sistema de recomendación «que no se base en la elaboración de perfiles». Por ejemplo, podrían ver sus redes sociales o noticias en orden cronológico, en lugar de según el orden establecido por un algoritmo.
Informes de moderación más detallados. Las empresas estarán obligadas a «publicar informes detallados semestrales sobre sus esfuerzos de moderación, con información sobre el número de empleados, sus conocimientos especializados, los idiomas que hablan y el uso de inteligencia artificial para retirar contenidos ilegales».
Mejores mecanismos para denunciar, resolver disputas e indemnizar a los usuarios. Los usuarios tendrán mejores medios para denunciar contenidos perjudiciales y recurrir las decisiones sobre la retirada de sus propios contenidos. Los destinatarios de servicios digitales tendrán derecho a reclamar una reparación por los daños o pérdidas sufridos debido a infracciones de las plataformas.
Medidas rápidas contra la desinformación. Las VLOP deberán introducir nuevas estrategias para combatir la desinformación durante las crisis (una disposición aparentemente inspirada en la guerra de Ucrania). Es una medida bienvenida, dado que los niños pueden ser especialmente vulnerables a la información errónea y la desinformación.
Sanciones elevadas. Las empresas que incumplan la normativa pueden recibir multas de hasta el 6 % de su facturación mundial.
¿Cómo se aplicará la Ley de Servicios Digitales?
En cada Estado miembro de la UE se creará el nuevo cargo de coordinador de servicios digitales para regular de forma independiente la Ley de Servicios Digitales. Sin embargo, los detalles de estas autoridades reguladoras aún deben desarrollarse plenamente, lo que deja margen para interpretar cómo hacer cumplir la legislación. Como suele ocurrir con las normativas, el diablo está en los detalles.
Una característica clave de la DSA es que, en términos generales, no «dicta qué contenidos legales pueden permitir o no las plataformas digitales en línea»; más bien, «pretende establecer normas de procedimiento para abordar los contenidos ilegales y garantizar que las empresas apliquen sus propios términos y condiciones de manera justa y coherente». Lo que se considera ilegal dependerá tanto de la legislación de la UE como de la nacional.
¿Cuáles son los próximos pasos para su aplicación?
Una vez que los colegisladores de la UE la adopten formalmente, la DSA se aplicará al cabo de 15 meses o a partir del 1 de enero de 2024, según cuál de esas fechas sea posterior. Las normas se aplicarán antes a las VLOP.
La Ley de Servicios Digitales es un primer paso importante para que las empresas tecnológicas asuman una mayor responsabilidad por los contenidos que aparecen en sus plataformas. Sea cual sea el texto definitivo, tendrá implicaciones para los niños y para quienes promueven sus derechos.
