Entre correos electrónicos, mensajes, sensores, máquinas, plataformas, transacciones de compra y otros, generamos datos a un ritmo vertiginoso. En 2018, se crearon 2,5 quintillones de bytes de datos cada día.
Los modelos de negocio basados en datos se están acelerando y se están volviendo fundamentales para todo, desde la fabricación hasta los servicios, algunos de los cuales implican intercambios transfronterizos. Según McKinsey, el ancho de banda transfronterizo en uso creció 148 veces entre 2005 y 2017, un indicador del aumento de la información en tránsito.
Los flujos de datos también posibilitan avances científicos, por ejemplo, mediante la agregación de conjuntos de datos de salud anonimizados para la investigación, o para recopilar datos precisos que permitan medir el progreso en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. La tecnología integrada, por ejemplo, las redes 5G y en malla, o el reconocimiento facial y la codificación de ADN de peces, ayuda a traducir las fuentes de conocimiento biológico y socioeconómico del entorno en datos que pueden utilizarse para la acción de conservación o para la aplicación de la ley contra la pesca ilegal, por citar solo dos ejemplos.
A medida que aumentan el uso y la circulación de datos, los gobiernos y la ciudadanía han mostrado interés. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) documenta un aumento del número acumulado de normativas sobre datos, de unas 50 en todo el mundo a principios de la década de 2000 a poco menos de 250 en 2019. El nivel general de restrictividad de los datos, medido por el Índice de Restrictividad de Datos del Centro Europeo de Economía Política Internacional (ECIPE), se ha duplicado en la última década.
Las restricciones a la circulación de datos al extranjero están en aumento, aunque su naturaleza específica varía. Los gobiernos suelen imponer restricciones a la circulación de datos para alcanzar objetivos de seguridad, privacidad, gestión del sistema financiero, aplicación de la ley o protección de la propiedad intelectual. Se trata de preocupaciones importantes y legítimas en la economía digital.
Sin embargo, no siempre está claro cómo y en qué medida los regímenes de restricción de datos contribuyen a los objetivos de las políticas. En ocasiones, incluso pueden afectar negativamente a los propios datos que pretenden proteger. Por ejemplo, una normativa sobre el almacenamiento local de datos aplicada con el argumento de aumentar la ciberseguridad podría tener el efecto contrario al crear múltiples puntos de acceso, a veces inseguros.
Los debates sobre los flujos de datos también se desarrollan junto con debates importantes sobre la fiscalidad digital, la competencia y la intensa rivalidad en el ámbito tecnológico, aunque a veces se confunden las herramientas de política más adecuadas para desafíos específicos. Avanzar hacia un mundo con flujos de datos limitados podría ralentizar o modificar la evolución de los modelos de negocio actuales y de las oportunidades sociales.
Para evitar ese escenario, durante su presidencia del G20 en 2019, Japón impulsó la Declaración de Osaka sobre la Economía Digital, en la que los líderes de 45 economías afirmaron la importancia de los diálogos internacionales sobre la gobernanza de los datos. En el futuro, la Vía de Osaka trabajará para forjar un consenso sobre las mejores prácticas que permitan la circulación transfronteriza de datos, sin comprometer otros objetivos de política.
Un documento recientemente publicado del Foro Económico Mundial destaca algunos pasos que los países podrían dar en su territorio para colaborar en este desafío transfronterizo:
Realizar un análisis técnico de una normativa restrictiva para comprobar si es necesaria y proporcionada al objetivo.
Estimar los costes económicos del cumplimiento y si es viable que las pequeñas y medianas empresas asuman la carga de dichos costes de hacer negocios.
Ser transparentes. Comunicar con claridad los regímenes de datos mediante información públicamente disponible, notificación previa de los cambios y aclaraciones sobre las sanciones y los mecanismos de aplicación.
Buscar la colaboración intergubernamental en materias regulatorias relacionadas, como la protección del consumidor, la privacidad, la ciberseguridad, etc.
Establecer mecanismos de transferencia de datos: herramientas que las empresas pueden utilizar para cumplir con las normas nacionales incluso cuando los datos se transfieren al extranjero, y que evitan enfoques excesivamente restrictivos
La colaboración internacional en materia de datos puede adoptar diversas formas, y algunas normas comerciales ya son pertinentes. Por ejemplo, el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) se aplica al comercio de servicios que pueden prestarse digitalmente, aunque los compromisos de los países y el alcance de su aplicabilidad varían.
Varios países han negociado acuerdos de libre comercio con normas específicas que combinan compromisos sobre el flujo de datos y prohibiciones de localización de datos, con énfasis en la protección de la información personal. Las normas incluyen excepciones para otras políticas prioritarias.
Dado que las excepciones son bastante amplias, los futuros acuerdos comerciales podrían necesitar incorporar la cooperación regulatoria para reducir la necesidad de recurrir a excepciones en primer lugar. En otras palabras, si un responsable de políticas confía en que un objetivo se alcanzará incluso cuando los datos se trasladen al extranjero, hay menos motivos para restringir.
Por ejemplo, la política comercial podría alentar a los países a utilizar normas internacionales como referencias para los enfoques nacionales, como el conjunto de normas de ciberseguridad y seguridad de la información ISO/IEC 27000 de la Organización Internacional de Normalización (ISO) y la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC). En materia de privacidad, grupos regionales como la OCDE y el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) han establecido directrices, aunque la aplicación nacional sigue generando una gran divergencia.
Los mecanismos de transferencia de datos pueden salvar esta divergencia. Entre los ejemplos existentes figuran el Escudo de la Privacidad UE-EE. UU. o las Normas de Privacidad Transfronteriza de APEC. Estos sistemas tienen ventajas y limitaciones. Sobre todo, se necesita seguir reflexionando sobre cómo adaptarlos a los países en desarrollo con estructuras de gobernanza de datos menos avanzadas, así como para facilitar el cumplimiento por parte de las pequeñas empresas. Las economías de la ASEAN están trabajando en un mecanismo de transferencia de datos que incluya certificaciones de cumplimiento en materia de datos en toda la región.
¿Qué hace el Foro Económico Mundial en materia de ciberseguridad?
El Centro para la Ciberseguridad ofrece una plataforma de confianza donde los líderes se reúnen para comprender los riesgos cibernéticos en evolución y sus implicaciones sistémicas. Se centra en generar comprensión y confianza en un mundo digital cada vez más interconectado.
Al posibilitar la colaboración intersectorial y el intercambio de conocimientos, el Centro ayuda a los socios a fortalecer su ciberresiliencia y a abordar desafíos que requieren respuestas colectivas.
Determinar el equilibrio adecuado entre permitir que los datos crucen fronteras y otros objetivos de política no es fácil. Sin embargo, ya es hora de que las partes interesadas entablen un diálogo sobre el tema. Quizá no sea necesario reinventar la rueda: las herramientas y los marcos existentes ya han sentado las bases. La innovación regulatoria y la colaboración multisectorial pueden ayudar a determinar un camino viable para mantener abierta internet.
