La COVID-19 ha puesto de relieve la necesidad de impulsar el acceso digital en toda la región de América Latina y el Caribe.
Persisten desafíos, como los costos elevados y la cobertura deficiente y desigual.
Aquí, dos expertos analizan 4 áreas clave en las que centrarse.
La crisis de la COVID-19 ha golpeado a la región de América Latina y el Caribe (ALC) con más dureza que cualquier otra región del mundo y ha puesto de manifiesto la necesidad de una recuperación resiliente e inclusiva. Un mayor acceso digital —en apoyo de la educación a distancia, las transferencias digitales de efectivo, la telemedicina y los servicios públicos en línea— es la piedra angular de esta agenda y requiere tanto una agenda política y regulatoria ambiciosa como un aumento de las inversiones en infraestructura. Esto es especialmente importante a medida que la región se prepara para las subastas de 5G y continúa la expansión de su 4G.
Los argumentos a favor del acceso digital son claros. La digitalización impulsa la inclusión social y financiera, así como los resultados en materia de aprendizaje y salud. Casi la mitad de la población adulta de ALC no tiene acceso a servicios bancarios. Alrededor de 170 millones de estudiantes de la región se vieron afectados por el cierre de escuelas durante la pandemia. Y 71% de los países experimentaron interrupciones en la prestación de atención para las enfermedades no transmisibles durante los primeros meses de la crisis de la COVID.
Hoy en día, menos del 50% de la población de ALC cuenta con conectividad de banda ancha fija, y solo 9,9% tiene conectividad de fibra de alta calidad en el hogar. Mientras que 87% de la población vive al alcance de una señal 4G, aunque el uso y la penetración reales siguen siendo bajos (37%). Y solo 4 de cada 10 latinoamericanos rurales tienen opciones de conectividad, frente al 71% de la población de las zonas urbanas.
Los planes de datos y los dispositivos con acceso a internet no son asequibles para las personas pobres de la región. En promedio, un modesto plan de datos de 1 GB cuesta 2,7% del ingreso mensual de los hogares en ALC (o entre 8 y 10% para el quintil más pobre en algunos países), muy por encima del umbral de asequibilidad del 2% de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Además, el teléfono inteligente básico más barato disponible cuesta entre 4 y 12% del ingreso medio de los hogares en gran parte de la región, y hasta 31-34% para las personas de Guatemala y Nicaragua, o incluso el 84% para las de Haití.
Dado que estas cargas de costos pesan de forma desproporcionada sobre las poblaciones vulnerables, el acceso digital desigual podría dar lugar a nuevas formas de desigualdad en lo que ya es la región más desigual del mundo.
Abordar la brecha digital
Afrontar la brecha digital es imperativo y requerirá medidas de política para reducir los costos, ampliar el acceso e incentivar una mayor participación del sector privado y de la ciudadanía, especialmente en cuatro áreas.
En primer lugar, los gobiernos de ALC deberían promover la inclusión mediante la prestación de servicios y la reforma jurídica y regulatoria. Esto puede incluir la implementación de sistemas fundamentales de identificación digital para todos los ciudadanos, a fin de permitir un acceso seguro y confiable a plataformas públicas y privadas; promover el uso compartido de infraestructura entre los operadores de red y el acceso a la «fibra oscura» de propiedad de gobiernos, empresas de servicios públicos y otros; aumentar la competencia en un mercado de operadores móviles muy concentrado para estimular la innovación y las inversiones, mediante la promoción del acceso abierto, la neutralidad tecnológica y mayores opciones de seguridad; vincular las obligaciones de despliegue de red en zonas desatendidas a las licencias de espectro 4G y 5G; y simplificar los procesos administrativos y de aprobación. En promedio, los países de ALC con regulaciones claras y predecibles atraen casi un 50% más de inversión en TIC (y un 64% más cuando se combinan con buenas instituciones).
En segundo lugar, los responsables de políticas deberían considerar incentivos financieros directos o indirectos, según corresponda, tanto para los clientes digitales como para los operadores. Por el lado de la demanda, subvencionar los costos de internet para los más pobres y reducir los impuestos y aranceles aduaneros sobre los dispositivos de bajo costo con capacidad de conexión a internet puede ayudar a reducir precios que excluyen a los pobres. Por el lado de la oferta, los gobiernos pueden utilizar concesiones de subsidios mínimos o incentivos fiscales temporales a la inversión para inducir a los operadores de red a extender el servicio a regiones desatendidas. Iniciativas similares también podrían alentar a las empresas privadas y a los inversores a ampliar otras infraestructuras digitales, como los centros de datos locales. Actualmente, ALC alberga solo alrededor del 4% de los centros de datos del mundo, y se estima que la capacidad total de centros de datos en la región es inferior a la capacidad instalada en el norte de Virginia.
En tercer lugar, un programa ambicioso para ampliar el acceso digital requerirá inversión pública y privada, pero tiene un costo relativamente modesto . Durante la próxima década, se estima que universalizar el acceso a banda ancha en ALC costaría 0,12% del PIB anual de la región; desplegar 5G en centros metropolitanos de primer y segundo nivel, 0,17%; y alcanzar los niveles de conectividad de la OCDE, 0,62%. En una región que invierte poco en infraestructura pública, la brecha de infraestructura digital es más barata de cerrar que las brechas en los sectores de transporte, energía y otras infraestructuras.
En cuarto lugar, la expansión digital no debe operar de forma aislada en la conectividad. Las medidas complementarias, como la capacitación en competencias digitales, deben acelerarse. Solo entre el 5 y el 15% de los adultos en la mayoría de los países de ALC tienen competencias medias o sólidas en informática y resolución de problemas en entornos ricos en tecnología (frente al 29,7% en los países de la OCDE). El desarrollo de capacidades digitales beneficia a estudiantes y trabajadores, así como a los responsables de políticas y reguladores que buscan conocimientos técnicos en infraestructura digital y áreas afines (privacidad de datos, ciberseguridad, impuestos digitales, etc.).
La transformación digital encierra un enorme potencial para ALC, pero aprovechar sus numerosos beneficios requerirá un esfuerzo concertado . Las instituciones multilaterales pueden contribuir.
El Banco Mundial, por ejemplo, ayuda a proporcionar unas 1.300 instituciones públicas con conectividad de banda ancha en Haití y brindando asistencia al gobierno colombiano con mejoras en las políticas y la regulación para ampliar el acceso a la banda ancha.
Si bien la mayoría de los países de ALC seguirán centrados en la respuesta a la pandemia en el futuro próximo, ahora es el momento de aprovechar las oportunidades digitales que permitirán a la región desbloquear un futuro más verde, resiliente e inclusivo.
