La infraestructura pública digital (IPD) permite funciones sociales esenciales, como la identidad digital, los pagos y el intercambio de datos.
La IPD impulsa la inclusión financiera, el crecimiento económico y la competencia en el mercado.
Iniciativas como ID4D del Banco Mundial respaldan la adopción de la IPD en al menos 60 países.
El año pasado, India convirtió la infraestructura pública digital (IPD) en un tema central de su presidencia del G20, defendiendo cómo utiliza la tecnología para facilitar el desarrollo económico, mejorar el acceso a la banca y reducir los costos de los servicios gubernamentales.
La IPD representa, en cierto modo, una clara ruptura con las conversaciones anteriores sobre gobierno electrónico, gobierno digital o incluso transformación digital. Con frecuencia, esas conversaciones se centraban en la digitalización de servicios específicos. Los defensores de la IPD buscan abordar algo más amplio y más estructural.
La IPD busca transformar no un servicio específico, sino ofrecer una versión digitalizada de las funciones sociales esenciales. Esto incluye permitir que las personas se autentiquen digitalmente (tener una identidad digital o una credencial), realicen transacciones (participen en pagos digitales) y compartan datos entre servicios.
En nuestra investigación, analizamos documentos de definición sobre la IPD elaborados por financiadores, implementadores sobre el terreno, expertos en tecnología y líderes del desarrollo, y encontramos consenso en torno a dos atributos clave.
¿Qué es la IPD?
En primer lugar, la IPD tiene una capacidad de infraestructura, lo que significa que desempeña una función fundamental y común en los sectores público y privado. De manera natural, esto implica que la IPD debe ser interoperable (es decir, comunicarse con múltiples módulos diversos de arquitectura técnica).
En segundo lugar, la IPD sirve al interés público –en concreto, priorizando el acceso y la inclusión– y, por tanto, cuenta con una estructura de gobernanza que respalda el interés público.
Existe consenso en torno al aumento de la capacidad estatal y a hacerlo de forma fiscalmente responsable. Los logros de la IPD suelen incluir ejemplos de inclusión financiera en Brasil e India, facilitados por el acceso a la identidad digital y a los pagos digitales.
Es cierto, sin embargo, que su verdadera naturaleza sigue siendo esquiva, y el panorama cambia radicalmente de un país a otro. Mientras los gobiernos, los organismos multilaterales y los asesores técnicos se reúnen para debatir sobre estos componentes de infraestructura, nos preguntamos: ¿cuáles son los referentes globales eficaces para construir esta infraestructura? ¿Cómo puede su diseño reflejar las variaciones en la capacidad estatal y las dimensiones de la IPD?
El mapa global de la IPD
El Mapa de la IPD ofrece una visión global del estado de la IPD. Muestra de forma eficaz cómo el despliegue nacional o regional de los sistemas de identidad digital, pagos digitales e intercambio de datos (tratados como componentes fundamentales de la IPD) encarna características técnicas y no técnicas de la IPD.
Hemos reunido información valiosa sobre cómo se presentan estos componentes de infraestructura sobre el terreno y dónde existen lagunas en la inteligencia colectiva. Por un lado, sabemos que la IPD está mucho más extendida en el mundo de lo que pensábamos inicialmente. Hasta 100 países cuentan con sistemas para intercambiar datos e información de forma interoperable. La mitad de esa cifra cuenta con un sistema de identidad que lo hace.
Además, debido a que las IPD suelen basarse en funciones estatales existentes, no sorprende que estén surgiendo varios despliegues preliminares de IPD. Estos sistemas se asemejan a la mayoría, pero no a todas, las características de un despliegue ideal de IPD. Esto significa que encarnan las características más esenciales de un sistema de tipo IPD –como la interoperabilidad o el intercambio de datos en tiempo real–, pero adoptan formas alternativas de lograrlo. Los sistemas de intercambio de datos, por ejemplo, pueden crearse mediante distintos modelos: la adopción de X-Road (una solución nórdica de código abierto) es la más sofisticada de ellas. También existen modelos de bases de datos y gestores de API, así como buses de servicios empresariales (ESB).
Cabe destacar la heterogeneidad que puede presentar la gobernanza de estos sistemas. La IPD no requiere ser totalmente de propiedad y operación estatal. Encontramos más pruebas de estructuras de gobernanza de interés público, que reconocen el papel del mercado en la configuración y el escalamiento de la IPD. Como ejemplo, todos los sistemas de pago en países de bajos ingresos son operados por operadores privados. Casi la mitad de los sistemas en países de ingresos medianos son operados de forma privada. Todos ellos están bajo la supervisión regulatoria del banco central o de los reguladores del sistema financiero. Estos operan en distintos sectores e incluyen sistemas que facilitan pagos en tiempo real para transacciones P2P (de persona a persona) y P2M (de persona a comercio).
Las pruebas sobre la heterogeneidad que pueden presentar los sistemas de IPD apenas están surgiendo. Al menos en parte, esta heterogeneidad puede explicarse por las distintas motivaciones que incentivan el desarrollo de infraestructuras digitales en los gobiernos.
Además del crecimiento económico, existe una necesidad creciente de establecer y ampliar el control soberano sobre los sistemas digitales. Esto responde directamente a las preocupaciones en torno a los riesgos cibernéticos y refleja una preferencia por el código abierto. En relación con ello, la infraestructura pública digital puede permitir que los Estados configuren los mercados promoviendo la competencia por servicios construidos sobre una pila tecnológica de interés público. Esto reduce las rentas abusivas que extraen los monopolios.
Sea cual sea la motivación, el impulso en torno a la IPD parece estar creciendo. La iniciativa 50 en 5, un esfuerzo multilateral para ayudar a 50 países a diseñar, lanzar y ampliar sus sistemas de identidad digital, pagos digitales e intercambio de datos, es una prueba de ello.
El Banco Mundial, a través de su iniciativa ID4D, avanza para ayudar a 60 países a desarrollar sus programas de identidad digital para 2025, al tiempo que facilita simultáneamente las capacidades de pagos de G2P (pagos del gobierno a personas) en 35 de ellos.
La IPD también obtiene apoyo en la prestación de resultados. Los esfuerzos recientes por recopilar pruebas sobre su impacto ponen de manifiesto su potencial: desde facilitar la inclusión financiera de quienes están en los márgenes hasta el crecimiento económico de la sociedad en general. Este panorama será pronto aún más claro a medida que surjan historias más heterogéneas sobre la adopción de la IPD y formas más claras de medir su impacto.
