Qué podemos aprender sobre el futuro de la regulación de los activos digitales a partir de los recientes informes del Gobierno de EE. UU.

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  • El Marco integral para el desarrollo responsable de los activos digitales busca garantizar el desarrollo sostenible de la dinámica industria de los activos digitales.

  • Una serie de informes recientes del Departamento del Tesoro de EE. UU. examinó aspectos cruciales de las políticas y regulaciones sobre las criptomonedas.

  • El Gobierno de EE. UU. considera que las oportunidades que ofrecen los activos digitales deben ser coherentes con las políticas de protección al consumidor.

El 16 de septiembre, la Casa Blanca publicó el Marco integral para el desarrollo responsable de los activos digitales, que ofrece recomendaciones diseñadas para proteger a los consumidores, impulsar los esfuerzos de sostenibilidad y reforzar la seguridad nacional. En respuesta a la Orden Ejecutiva (OE) del presidente Biden sobre criptomonedas, de marzo de 2022, que instaba a las agencias federales a elaborar un total de 21 informes para analizar los beneficios y riesgos de los activos digitales, el marco intensifica la actividad del Gobierno de EE. UU. en materia de políticas sobre activos digitales.

La semana pasada, el Departamento del Tesoro de EE. UU. publicó tres informes en respuesta a la OE, y un par de audiencias en el Senado examinó aspectos cruciales de las políticas y regulaciones de la web3. Esta nueva intensificación se produce tras un ajetreado período de sesiones del Congreso, durante el cual se presentaron varios proyectos de ley bipartidistas para aportar claridad a un sector en rápida expansión. La actividad normativa de EE. UU. también tiene implicaciones para otras jurisdicciones.

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1) Énfasis en la protección al consumidor y la aplicación de la ley

El Departamento del Tesoro de EE. UU. (Tesoro) considera que los posibles riesgos de las criptomonedas, incluidas las deficiencias en la divulgación de información y la confusión de los usuarios, representan un desafío para la innovación y la adopción continuas; como afirmó, «Los informes identifican claramente los desafíos y riesgos reales de los activos digitales utilizados en los servicios financieros […] si se mitigan estos riesgos, los activos digitales y otras tecnologías emergentes podrían ofrecer importantes oportunidades». Estas oportunidades adoptan muchas formas, entre ellas la posibilidad de reducir el elevado costo de los pagos, estimado en 15.000 millones de dólares al año, y de llegar mejor a los aproximadamente 7 millones de adultos sin acceso a servicios bancarios en Estados Unidos.

Para mitigar los riesgos, el informe del Tesoro sobre criptoactivos insta a las agencias a vigilar el sector para detectar actividades ilícitas, llevar a cabo investigaciones y emitir directrices de supervisión. Entre las recomendaciones adicionales figuran mejorar la educación de los consumidores, inversores y empresas de EE. UU. para facilitarles el acceso a información fiable sobre criptoactivos, y desarrollar estrategias de mitigación para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El Departamento de Justicia también anunció la creación de una Red de Coordinadores de Activos Digitales para combatir el uso ilícito de las criptomonedas. Esta red, integrada por 150 fiscales federales de todo el país, centrará sus esfuerzos en investigar y enjuiciar delitos relacionados con las criptomonedas.

2) Es necesario subsanar las deficiencias del panorama normativo actual

Al reconocer la necesidad de una mayor claridad normativa, el Tesoro recomienda que los reguladores emitan nuevas normas y directrices para aportar claridad normativa a las empresas de criptomonedas. Esta recomendación llega en un momento oportuno, ya que la semana pasada dos audiencias del Senado examinaron cuestiones fundamentales aún pendientes sobre las políticas relativas a las criptomonedas.

En su audiencia anual de supervisión ante la Comisión de Banca del Senado, el 15 de septiembre, el senador Toomey, miembro de mayor rango de la minoría, pidió explicaciones al presidente de la SEC, Gensler, sobre las normas de la SEC para determinar si un token es un valor o una materia prima, así como sobre el proceso de registro de los intermediarios de criptomonedas ante la comisión.

La audiencia reavivó una crítica de larga data según la cual la SEC ha optado por adoptar una postura reactiva y centrada en la aplicación de la ley, en lugar de ofrecer directrices de forma proactiva. En otra audiencia ante la Comisión de Agricultura del Senado, los responsables de formular políticas debatieron la propuesta reciente de la Ley de Protección al Consumidor de Materias Primas Digitales y cuestiones relativas a la autoridad jurisdiccional.

Aunque los informes no aclaran la situación jurídica de los criptoactivos ni delimitan claramente las competencias regulatorias, los 21 informes señalan la necesidad de subsanar lagunas y refuerzan el llamado a la acción del Congreso.

Este llamado coincide con los esfuerzos de la Unión Europea (UE) por elaborar el Reglamento sobre los Mercados de Criptoactivos (MiCA), que establecerá normas y directrices sobre criptoactivos para los Estados miembros de la UE. A medida que EE. UU. y la UE avanzan en la elaboración de enfoques para regular las criptomonedas, una mayor colaboración internacional será clave para abordar la naturaleza global y descentralizada de la web3.

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3) Sigue siendo necesario estudiar una moneda digital de banco central de EE. UU.

El aumento de la investigación y el desarrollo mantiene el impulso para que EE. UU. avance en la creación de una moneda digital de banco central (CBDC). En julio de 2022, casi 100 CBDC estaban en fase de exploración, incluidas dos monedas digitales ya lanzadas por completo.

Los informes reiteraron el llamado a estudiar el desarrollo de un dólar digital, y señalaron que se necesita más investigación para determinar si una CBDC mejoraría el sistema de pagos actual. La Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca (OSTP) publicó un informe que evalúa los aspectos técnicos de un dólar digital, mientras que el informe del Departamento de Comercio abordó la competitividad. Estas consideraciones han ocupado un lugar central en otras jurisdicciones, como Australia, donde un senador propuso recientemente una serie de requisitos de divulgación sobre la moneda digital del banco central de China.

En EE. UU., la decisión final sobre si se avanzará con una CBDC dependerá de varias partes, entre ellas la Reserva Federal, la Casa Blanca y el Congreso. El Tesoro encabezará el esfuerzo interinstitucional que servirá de base para tomar la decisión. El Foro Económico Mundial sigue de cerca la evolución de las CBDC y continuará estudiando el tema en futuras investigaciones y debates.

Image: Seguimiento de las CBDC

4) La colaboración es esencial para hacer realidad los beneficios de los activos digitales

Los informes son el resultado de muchos meses de trabajo en todo el Gobierno, desde el Tesoro hasta la OSTP. Aun así, instan a intensificar la coordinación para hacer realidad los beneficios de los activos digitales y mitigar sus riesgos.

Esta colaboración debe extenderse más allá del Gobierno e incluir también al sector privado en la elaboración de políticas y regulaciones adecuadas. Como señalaron el director del Consejo Económico Nacional, Deese, y el asesor de Seguridad Nacional, Sullivan, en una declaración conjunta: «Juntos estamos sentando las bases de un enfoque meditado e integral para mitigar los riesgos agudos de los activos digitales y, cuando se haya demostrado su eficacia, aprovechar sus beneficios. Mantenemos nuestro compromiso de trabajar con nuestros aliados, socios y la comunidad más amplia de activos digitales para dar forma al futuro de este ecosistema».

5) Las aplicaciones no financieras de la web3 siguen fuera del radar

Los informes se centran principalmente en los casos de uso financiero de la tecnología web3. Aunque históricamente algunas áreas del ecosistema, como las finanzas descentralizadas, han recibido la mayor atención de los responsables de formular políticas, las aplicaciones más amplias de la cadena de bloques, los activos digitales y las tecnologías asociadas podrían generar mayor equidad, reducir la censura e impulsar los esfuerzos de sostenibilidad. La falta de atención a las posibilidades más amplias de la web3 abre una oportunidad para seguir colaborando y garantizar que las políticas sobre activos digitales se desarrollen para aprovechar todo el potencial de estas tecnologías.

Quizá la excepción más notable a esta tendencia sea la atención a los efectos ambientales de las criptomonedas. En la UE, los responsables de formular políticas llevan tiempo debatiendo medidas para limitar el impacto negativo de las criptomonedas en el medioambiente. En EE. UU., aunque el consumo energético de las criptomonedas ha sido históricamente un tema de interés para los responsables de formular políticas, algunos expertos empiezan a vislumbrar su potencial para ayudar a abordar desafíos ambientales persistentes.

En un informe reciente publicado por la OSTP, la organización examinó tanto el efecto de las criptomonedas en el consumo de electricidad y la red eléctrica como el potencial de las tecnologías web3 para ayudar a mitigar los riesgos climáticos. El debate sobre el impacto ambiental de las criptomonedas se ha intensificado en las últimas semanas con la tan esperada actualización de Ethereum para adoptar un mecanismo de consenso de prueba de participación.

Este año, EE. UU. ha registrado una intensa actividad en materia de políticas sobre activos digitales en todas las ramas del Gobierno federal. Las iniciativas recientes de las agencias ponen de relieve la importancia cada vez mayor de la tecnología web3 para la Casa Blanca. Aunque varios informes derivados de la OE de Biden ofrecen información sobre los beneficios y riesgos de las criptomonedas, dejan sin respuesta preguntas clave. Asimismo, otras jurisdicciones siguen lidiando con cuestiones fundamentales sobre las políticas relativas a los activos digitales.

La colaboración continua entre los sectores público y privado será necesaria para alcanzar los objetivos normativos de la administración Biden: proteger a los consumidores, crear sistemas financieros seguros, protegidos y accesibles, y promover la innovación responsable. Esto es especialmente importante si EE. UU. aspira a liderar esta innovación mediante un diseño acorde con los valores democráticos, la privacidad y los derechos humanos.

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