Misha Glenny es colaborador del Grupo SecDev. Entre sus libros figuran DarkMarket: cómo los hackers se convirtieron en la nueva mafia y McMafia: un viaje por los bajos fondos globales, cuya adaptación televisiva se estrena en AMC en febrero.
Cuando estaba en la universidad, si querías conseguir drogas, después de varias llamadas telefónicas crípticas y conversaciones con tus amigos, tenías que atravesar callejones oscuros y sortear a personajes sospechosos que merodeaban inquietos por las esquinas, mientras tanto el vendedor como el comprador vigilaban con cautela los coches patrulla y los policías de paisano que pasaban.
Hoy en día todo es mucho más fácil. Los estudiantes de secundaria y universidad compran drogas por internet, y estas llegan por mensajería o por correo. Las reseñas de otros usuarios en sitios de la web oscura han reducido los precios y aumentado la pureza de drogas como la cocaína. Es una operación eficiente y, en general, sin estrés.
El crimen organizado ha cambiado tan profundamente, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, en los últimos 30 años que a los organismos encargados de hacer cumplir la ley y a los políticos les resulta extremadamente difícil, cuando no imposible, seguir el ritmo de la evolución. La aparición de sitios de la web oscura que venden drogas es solo una de las muchas maneras en que la cultura digital está teniendo un impacto significativo en el mundo del crimen organizado.
Curiosamente, sus efectos disruptivos tardaron mucho más en empezar a hacerse sentir en los negocios de la mafia que en otros sectores. Durante mucho tiempo, los grupos mafiosos tradicionales y los ciberdelincuentes tuvieron muy poco que ver entre sí. Eso está cambiando, ya que ambas culturas delictivas empiezan a fusionarse.
Durante su evolución, estos fenómenos diferenciados han buscado interactuar con los mecanismos del capitalismo global y apropiárselos, así como aprovechar las deficiencias tanto de la democracia liberal como de los gobiernos autocráticos.
Las redes criminales globales comenzaron a expandirse de forma espectacular casi dos décadas antes de que la ciberdelincuencia se convirtiera en un problema grave. Dos acontecimientos fueron clave para impulsar el crecimiento de cientos de rutas criminales transnacionales hasta formar una red opaca que abarcaba el mundo: la desregulación de los controles sobre los movimientos de capital en el ámbito angloestadounidense en la década de 1980, y la aparición de una zona temporal, pero vasta, sin ley entre 1989 y 1991, tras el colapso del comunismo.
Esta zona se extendía desde la frontera sino-rusa al este hasta la frontera yugoslavo-austriaca al oeste. Por primera vez en la historia, todos los países, incluso los aislados como Corea del Norte, quedaron incorporados a los flujos globales de bienes y servicios ilícitos.
Luego, alrededor del comienzo del nuevo milenio, empezó a surgir otro nexo de redes criminales. La ciberdelincuencia comenzó modestamente en la década de 1990 con los llamados «script kiddies»: jóvenes hackers que desfiguraban sitios web o borraban por diversión los datos de otras personas en sus ordenadores. En poco tiempo, algunos evolucionaron hasta convertirse en protodelincuentes y crearon sitios web donde los habitantes de ese incipiente submundo virtual podían comerciar con grandes volúmenes de datos robados de tarjetas de crédito y débito.
En los últimos cinco años, la ciberdelincuencia ha alcanzado proporciones industriales. Los hackers, programadores, ingenieros sociales y mulas de dinero cumplen horarios de oficina y suelen desplegar técnicas avanzadas de selección de objetivos contra empresas y particulares. El hackeo más espectacular hasta la fecha hizo que el banco central de Bangladesh perdiera 81 millones de dólares estadounidenses a manos de lo que, según investigadores de seguridad, era un grupo norcoreano. Ocean's 11 y otras películas clásicas de atracos están destinadas a convertirse en un recuerdo pintoresco.
Las dos culturas delictivas, la tradicional y la digital, se desarrollaron en paralelo. Nunca se había relacionado a los directivos y soldados rasos de los cárteles de la droga o las redes de trata de personas con el fraude masivo con tarjetas de crédito, el robo sistemático de identidad o el ransomware.
Hay una razón sencilla por la que se mantuvieron separadas. En el corazón de las mafias tradicionales está la protección de los mercados. A veces son mercados lícitos, como los restaurantes, objeto de extorsión a cambio de protección; más a menudo son ilícitos, como el tráfico de drogas. Pero para proteger los mercados, tanto de la competencia como de la policía, hay que poder hacer una cosa: ejercer violencia decisiva. Sin eso, no se cruza la puerta de entrada.
La ciberdelincuencia fue un avance revolucionario. Por primera vez, las personas y las bandas podían utilizar un instrumento para cometer delitos graves, capaces de acarrear consecuencias financieras y personales devastadoras para la víctima, sin recurrir a la violencia. Se puede planear un ataque desde Kazajistán contra un objetivo en Los Ángeles y luego cobrarlo en Dubái. No hace falta un bate de béisbol virtual para ahuyentar a la competencia o a la policía.
Las implicaciones de esto son profundas. Y, sobre todo, las personas que participan en la ciberdelincuencia tienen muy poco en común con sus pares del crimen organizado tradicional. Apenas hay lugar para matones corpulentos o sicarios. Los ciberdelincuentes desarrollan sus habilidades a una edad más temprana, por lo general entre los 12 y los 15 años; proceden de todas las clases sociales, países y etnias; y, en general, pueden presumir de un nivel educativo mucho más alto que los miembros de la mafia. Lo único que comparten es el género: según el Proyecto de perfilado de hackers de las Naciones Unidas, el 96 % de los ciberdelincuentes son hombres, una proporción comparable a la de la mayoría de los sindicatos del crimen organizado.
Cuando la ciberdelincuencia se extendió en los primeros años del nuevo siglo, los jefes del crimen organizado tradicional la desdeñaron. Recka, un hacker sueco a quien entrevisté, provenía de una familia del crimen organizado tradicional de Malmö. Se había involucrado en el «carding», el comercio de tarjetas de crédito robadas. Intentó convencer a su padre y a los demás asociados de la banda para que crearan una división cibernética junto con sus operaciones de extorsión y narcotráfico. La dirección lo descartó por joven y sostuvo que esas prácticas novedosas no eran dignas de una organización criminal consolidada.
Pero los nuevos jefes de hoy son diferentes: son nativos digitales y comprenden mucho mejor las ventajas que puede ofrecer la ciberdelincuencia. En marzo del año pasado, Europol, el organismo de la UE que coordina la aplicación de la ley, reveló en su informe anual sobre amenazas delictivas a qué dedica ahora la mayor parte de sus esfuerzos por comprender y combatir: la digitalización del crimen organizado.
Las fuerzas policiales europeas detectaron esta tendencia ya en 2013, cuando la policía belga arrestó a miembros de una banda tradicional de narcotraficantes neerlandeses y turcos que habían reclutado (o coaccionado) a dos hackers para que accedieran al sistema informático de un puerto mediante un ataque de phishing. Una vez dentro, la banda podía rastrear todos los contenedores que entraban y salían del puerto y emitir permisos para retirar los contenedores que sabía que transportaban cocaína desde Sudamérica.
Hoy en día, las bandas especializadas en robos vigilan toda una calle de posibles víctimas enviando drones, observando los movimientos de los residentes mediante cámaras y cuentas de redes sociales, y programando sus ataques en consecuencia. Es solo cuestión de tiempo que descubran cómo hacer que Alexa revele el código de la alarma antirrobo.
La policía observa esta tendencia en todos los sectores delictivos: la trata de personas, en la que se entregan tarjetas SIM a refugiados para facilitar su paso por las fronteras; el auge del bitcoin y otras criptomonedas para comerciar con bienes ilícitos; el uso generalizado de servicios de mensajería cifrada en el comercio de especies silvestres en peligro de extinción; y, sobre todo, la distribución de drogas recreativas y de medicamentos sujetos a receta.
A corto plazo, dos cuestiones de política pública y una cuestión policial determinarán si se puede frenar el flujo de actividades delictivas a gran escala. En primer lugar, debería exigirse a las jurisdicciones fiscales extraterritoriales que publiquen, en todos los casos, quiénes son los beneficiarios efectivos de cualquier sociedad ficticia que se constituya. Los gobiernos se han mostrado reacios a abordar este asunto porque muchas empresas influyentes y legítimas encuentran útiles estos paraísos para evadir impuestos. Pero para los sindicatos criminales son fundamentales para sus operaciones de blanqueo de dinero.
En segundo lugar, los gobiernos deberían apoyar las investigaciones sobre grandes escándalos de corrupción, como el que ha sacudido a Brasil hasta sus cimientos en los últimos tres años. La relación entre políticos corruptos, el crimen organizado y empresas legítimas que buscan participar en actividades ilegales es un mecanismo central que impulsa la desigualdad desastrosa que el economista francés Thomas Piketty describió tan bien en su libro Capital.
En general, los organismos encargados de hacer cumplir la ley trabajan arduamente para seguir el ritmo del impacto de internet en el crimen organizado. Pero, así como escasean en todo el mundo los ingenieros competentes en ciberseguridad, a la policía también le cuesta atraer a reclutas con las habilidades de hackeo y seguridad necesarias para combatir a los grupos de ciberdelincuentes, que a menudo gozan del apoyo tácito o activo de los aparatos de seguridad del Estado.
El delito es un parásito curioso. Necesita chuparle la sangre a su huésped para debilitarlo, sin dejar que muera. Pero los beneficios del delito y la corrupción van en aumento, y es difícil contener la codicia que generan. En una época de austeridad, tras la crisis financiera de 2008, y cuando los hackers están cada vez más cerca de paralizar partes esenciales de las infraestructuras nacionales, el mundo necesita desarrollar una estrategia adecuada para hacer frente a este problema.
