Mientras los países compiten por alcanzar la soberanía digital, el futuro de la internet abierta está en juego.
Cada vez más gobiernos encuentran formas de crear «cortinas de hierro digitales» para controlar a sus ciudadanos y empresas.
Los gobiernos, las empresas y el sector de la ciberseguridad deben cooperar a escala mundial para preservar la internet libre tal como la conocemos.
Los gobiernos de todo el mundo están configurando actualmente el futuro de la gobernanza de internet. Las políticas digitales están experimentando cambios fundamentales que afectan tanto al grado de libertad del que podemos disfrutar en la era digital como al potencial de internet para la expresión y la comunicación.
Tim Berners-Lee, el inventor de la World Wide Web, una vez describió un gran desafío para el futuro de internet: gestionarla «de forma abierta, sin demasiada burocracia ni sometimiento a presiones políticas o comerciales». Aunque muchos creían que internet era demasiado inmensa, descentralizada y de rápido crecimiento para que un gobierno o una empresa pudieran dominarla, esta advertencia resultó ser premonitoria.
El dominio de las empresas tecnológicas y los gigantes de las redes sociales sobre la economía digital se ha convertido en un tema candente. Sin embargo, la gran mayoría de los gobiernos ha defendido, en general, la visión de una internet abierta y libre. Al fin y al cabo, la opinión convencional de la época sostenía que una internet abierta y libre haría, a su vez, que las sociedades fueran más abiertas y libres. Por eso se condenaban las políticas autoritarias y represivas de países como China, Corea del Norte e Irán.
Hoy, este consenso digital posterior a la Guerra Fría se está desmoronando, y aquellas políticas que antes eran excepcionales se están convirtiendo en la norma. El optimismo mundial sobre la irreprimibilidad de internet y su efecto liberalizador está disminuyendo de repente.
El auge (o declive) de la cortina de hierro digital
Países de todo el mundo —pequeños y grandes, poderosos y débiles— están acelerando sus esfuerzos por controlar y restringir los datos privados. Según la Information Technology and Innovation Foundation, el número de leyes, reglamentos y políticas que restringen o exigen que los datos se almacenen en un país específico más que se duplicó entre 2017 y 2021, al pasar de 67 a 144.
Algunas de estas leyes pueden responder a buenas intenciones. Al fin y al cabo, los ciudadanos apoyarán medidas para frenar la difusión de desinformación, odio y extremismo en internet, o el ciberespionaje sistemático. En este contexto, el llamamiento del ciberlibertario John Perry Barlow a que el gobierno «nos deje en paz» en el ciberespacio suena vacío.llamamiento a que el gobierno «nos deje en paz» en el ciberespacio suena vacío en este contexto.
Sin embargo, algunas políticas digitales pueden resultar represivas tanto para las empresas como para los ciudadanos. Extienden a otras áreas del ámbito digital la preocupación legítima por el dominio de las grandes empresas tecnológicas.
Estas «cortinas de hierro digitales» pueden adoptar muchas formas. Todas buscan compartimentar internet (o partes de ella) y los datos privados en compartimentos nacionales. Esto entraña el riesgo de fragmentar internet, reducir su potencial de conexión y vulnerar las libertades digitales fundamentales.
Coacción empresarial en el ámbito digital
En el ámbito empresarial, los gobiernos han ejercido una presión sin precedentes sobre las compañías para que cumplan con los cierres de internet (como en Myanmar e Irán). Solo el año pasado hubo al menos 182 cierres en 34 países. Del mismo modo, se ha coaccionado a empresas para que cumplan las leyes de almacenamiento y localización de datos. Estas exigen que las compañías recopilen y entreguen los datos de los ciudadanos (la India recientemente intentó, sin éxito promulgar una ley de este tipo).
A menudo, a estas empresas se les presenta una disyuntiva entre cumplir las leyes nacionales o infringirlas. Esto último podría exponer a los directivos y a la empresa en su conjunto a posibles responsabilidades legales. Sin embargo, también las pone en conflicto con los derechos humanos fundamentales que, como entidades corporativas, tienen la responsabilidad de respetar.
En 2019, Rusia aprobó una polémica ley de ciberseguridad para permitir que el gobierno controlara y aislara la internet del país. Roskomnadzor, el regulador ruso de los medios de comunicación y las telecomunicaciones, exigió a NordVPN que se conectara al Sistema Federal de Información Estatal. Esto habría otorgado al organismo un control centralizado de los contenidos y la capacidad de vigilar a los usuarios que accedían a sitios web prohibidos. NordVPN se negó a cumplir y retiró sus servidores de Rusia.
¿El fin de la internet sin fronteras?
Ahora, esta tendencia no está impulsada únicamente por ejemplos tan abiertamente represivos. El futuro de internet y de los datos personales se ha convertido en un eje de la competencia geopolítica. Nuestra información confidencial siempre ha sido valiosa para las empresas y los actores maliciosos, pero ahora también se ha convertido en una parte integral de la política nacional y mundial. Los gobiernos están aplicando nuevas políticas y restricciones en busca de la soberanía digital.
En esta línea, países y bloques como la Unión Europea, Estados Unidos, Kenia, el Reino Unido y Sudáfrica están estableciendo normas sobre cómo pueden o no pueden trasladarse los datos dentro de las fronteras y a través de ellas. Por supuesto, no son tan represivos como algunas leyes de China, Irán o Rusia. Pero estas políticas de cortina de hierro digital erosionan el potencial de conexión de internet, tanto en la práctica como en el plano filosófico, aunque muchas de ellas (como el RGPD) posiblemente empoderen a los ciudadanos para controlar y ser propietarios de sus datos.
La regulación de los datos debería contribuir a mejorar la ciberseguridad y la privacidad, no introducir nuevos riesgos. Desde luego, la regulación no debería ir en detrimento de la seguridad y la protección de las personas en el mundo en línea. No cabe esperar que las instituciones individuales logren este equilibrio por sí solas.
Los gobiernos también deben situar las libertades digitales en el centro de la formulación de políticas. El marco jurídico debe poner los derechos humanos en el centro y compartir conocimientos con las ONG y los actores del sector. También debe proteger la naturaleza interconectada y abierta de internet.
Dicho esto, una internet abierta requiere cierto nivel de supervisión. Pero ¿cuál es la fórmula adecuada para alcanzar el equilibrio perfecto y evitar tanto las agresivas cortinas de hierro digitales como los monopolios de internet autorregulados? ¿Una que proteja a los usuarios más vulnerables y, al mismo tiempo, la privacidad y la libertad de expresión? ¿Una que permita la innovación y, a la vez, la libertad de elección? Hay algo seguro: necesitamos un diálogo estrecho entre los gobiernos, el sector y las ONG sobre la apertura digital.
La existencia de una internet abierta y libre está amenazada. Si permitimos que se pongan en peligro nuestros derechos en línea, veremos cómo las consecuencias repercuten en el mundo fuera de línea. Quizá la respuesta sea que no existe un equilibrio perfecto, pero debemos iniciar un diálogo ahora, para que el auge de las cortinas de hierro digitales no comprometa nuestra capacidad de comunicarnos libremente a través de las fronteras sociales, culturales y nacionales.
