La pérdida generalizada de confianza en internet es el quinto mayor riesgo estratégico al que se enfrenta el mundo, según el Informe de riesgos globales 2019. El informe indica la magnitud de los desafíos a los que se enfrenta la comunidad de seguridad, así como las nuevas oportunidades y alianzas que pueden forjarse para promover el bien público en esta era de cambio tecnológico sin precedentes. La ciberdelincuencia seguirá siendo el desafío de seguridad del siglo XXI.
En el contexto de la ciberseguridad como un riesgo global importante, la comunidad mundial debe reconocer que existe una «asombrosa brecha en la aplicación de la ley», como señala un reciente informe de Third Way. No solo pasa mayormente desapercibida la actual ola de ciberdelincuencia, sino que ahora se estima que la probabilidad de que un ciberataque en Estados Unidos sea investigado y perseguido con éxito es del 0,05 %. Esto refleja informes similares de todo el mundo. Se trata de un tipo de delito que, según las previsiones, costará 6 billones de dólares a la economía mundial para 2021. En el caso de los delitos violentos, la probabilidad equivalente es del 46 %. La comunidad mundial debe preguntarse por qué ocurre esto y qué se puede hacer para cambiarlo.
Una de las principales razones de la falta de avances en la investigación y persecución exitosas de la ciberdelincuencia es que el foco sigue puesto en un debate más amplio sobre las preocupaciones de seguridad nacional. La atención continúa centrada en las implicaciones de un número relativamente reducido de actores de amenazas de alto nivel vinculados a Estados nación. Aunque, sin duda, este debate es importante, desvía la atención de la creciente brecha en la aplicación de la ley frente a los delitos digitales y del desarrollo de la nueva generación de capacidades necesarias para cerrarla. La atribución y la aplicación de la ley deben formar parte de la arquitectura global para crear una respuesta eficaz a un tipo de delito en el que «la mayoría de los ataques, contra la mayoría de las personas, la mayor parte del tiempo» provienen de grupos delictivos motivados por intereses económicos.
Se necesitan tres pasos para ayudar a construir la arquitectura global que permita combatir la ciberdelincuencia.
1. Ciberdelincuencia 2025: acordar una visión de futuro
En primer lugar, la comunidad debe acordar qué es importante en el futuro próximo, centrarse en una visión compartida de ese futuro y entablar un diálogo real sobre cómo avanzar hacia él. Es difícil, pero necesario, y se trata de aquello en lo que países y empresas están de acuerdo, no de aquello en lo que discrepan. Esto podría incluir un entendimiento común de la necesidad de revertir la brecha en la aplicación de la ley en el ciberespacio, combatir la ciberdelincuencia organizada transnacional antes de que alcance proporciones epidémicas y eliminar los refugios seguros para las redes de ciberdelincuentes. Esta tarea cobra cada vez más importancia con la aparición de una nueva generación de tecnologías. Las ciudades inteligentes integradas, las redes 5G, la inteligencia artificial y la computación en la nube darán forma a nuestro futuro digital, pero también pueden acelerar rápidamente la escala y el impacto de la ciberdelincuencia.
2. Desarrollar capacidades globales para reforzar la aplicación de la ley
En segundo lugar, es necesario entender que la ciberdelincuencia es un problema global compartido que requiere una respuesta global. Ningún país ni empresa opera de forma aislada. El mundo en su conjunto debe crear una nueva generación de alianzas entre entidades transnacionales, nacionales y empresariales. La brecha en la aplicación de la ley se debe en gran medida a las dificultades para investigar a atacantes que a menudo operan desde el extranjero, contra sistemas técnicos diversos y dispares, mediante tecnologías de comunicación que hacen que, por defecto, cualquier ataque tenga alcance mundial. Sin atribuir los ataques a sus autores y procesarlos, las defensas técnicas a menudo solo los desplazan hacia objetivos más vulnerables en nuevos sectores o países.
Se deben destacar y aprovechar las mejores prácticas en toda la comunidad. Entre ellas figuran alianzas operativas exitosas, como la Unidad de Delitos Digitales de Microsoft, Europol y la labor del Centro Nacional de Ciberseguridad del Reino Unido con los proveedores de telecomunicaciones. La UE también está introduciendo legislación sobre pruebas electrónicas que facilitará considerablemente el intercambio rápido de datos para su uso en casos. También es importante reforzar las capacidades en los mercados emergentes, especialmente en África, ya que cada vez son más víctimas y nodos importantes en la lucha contra la ciberdelincuencia.
3. Establecer principios globales para las alianzas público-privadas
En tercer lugar, la comunidad debe reconocer que investigar la ciberdelincuencia es distinto de investigar los tipos tradicionales de delitos. No se trata simplemente de un problema de capacidad de los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Cada víctima, custodio de datos u organismo de investigación, ya sea del sector público o privado, forma parte de un ecosistema global cada vez más conectado e interdependiente.
Las competencias, capacidades y datos necesarios para investigar se encuentran en el ámbito empresarial. Este tipo de delito opera a otro ritmo y, por lo tanto, existe una necesidad mucho mayor de trabajar conforme a marcos y principios comunes acordados, a escala global y a la velocidad de internet. Esto incluye ofrecer incentivos para compartir datos y colaborar, así como definir funciones y orientaciones claras para aprovechar las capacidades de los demás.
Establecer principios cobra cada vez más importancia en una época en la que las preocupaciones por la privacidad, el intercambio de datos y la interpretación de leyes como el RGPD pueden obstaculizar involuntariamente y potencialmente el intercambio de información valiosa. Las empresas suelen poseer datos fundamentales, pero no se sienten capaces de compartirlos por inquietudes relacionadas con la privacidad de los datos, la confidencialidad de los clientes o la posibilidad de revelar información de inteligencia a sus competidores.
Se necesitarán nuevas herramientas y plataformas que utilicen tecnologías como el cifrado homomórfico para ayudar a crear modelos más sostenibles que protejan a las víctimas y posibiliten investigaciones globales, respetando al mismo tiempo el derecho a la privacidad. Establecer principios y armonizar los marcos de respuesta a incidentes cibernéticos entre víctimas, proveedores de servicios cibernéticos, organismos encargados de hacer cumplir la ley, equipos de respuesta ante emergencias informáticas (CERT) e instituciones transnacionales son ejemplos importantes de cómo cerrar las brechas de cooperación que aprovechan los ciberdelincuentes.
Abordar la brecha en la aplicación de la ley en el ciberespacio requerirá una integración transnacional más profunda y diálogo entre los gobiernos, tanto desde la perspectiva de las políticas como de las capacidades. También exige una integración mucho más estrecha entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley y el sector privado. Esto ofrece una oportunidad única para generar confianza entre las entidades y acordar valores comunes, a partir de los cuales surgirá una nueva arquitectura global. Si no se logra, corremos el riesgo de socavar la economía digital y las instituciones tradicionales en las que se confía para brindar seguridad y confianza a toda la sociedad.
Si a la desobediencia no se le impone una pena, las resoluciones o mandatos que pretenden ser leyes no serán, en realidad, más que consejos o recomendaciones.
Alexander Hamilton, El Federalista n.º 15
(1787)
