Este artículo se publicó originalmente en octubre de 2023 y se actualizó en noviembre de 2023.
La norma del derecho al olvido de la UE permite a las personas solicitar que las organizaciones eliminen y supriman su información personal de las plataformas en línea.
Las personas solo pueden pedir a las organizaciones que borren sus datos personales si se cumplen criterios específicos, como que estén desactualizados o sean ofensivos.
Abordar los contenidos nocivos en línea es el objetivo principal de la Coalición Global para la Seguridad Digital del Foro Económico Mundial, que ha elaborado un conjunto de Principios Globales sobre Seguridad Digital.
Un mundo cada vez más digital ha dado lugar a huellas digitales con rastros sorprendentemente largos y a datos que algunas personas preferirían que internet olvidara.
Este fenómeno ha llevado a reclamar “el derecho al olvido”, también conocido como “el derecho de supresión” de los datos personales.
Tiene tanto partidarios como detractores, y algunos gobiernos lo han consagrado como un derecho.
El concepto ha vuelto recientemente a los titulares tras un tribunal canadiense que reconoció que los canadienses tienen el “derecho al olvido” en las búsquedas de Google. El Tribunal Federal de Apelación determinó que el motor de búsqueda está cubierto por su ley federal de privacidad. De hecho, la Columbia Journalism Review llega a afirmar: "El derecho al olvido de la UE se está extendiendo a otros países".
¿Por qué quieren las personas el derecho al olvido?
La cantidad de datos que hemos generado desde 2010 es enorme, y los datos en línea han crecido sustancialmente durante ese periodo.
El aumento de 60 veces de 2 zettabytes de datos generados en 2010 a unos 120 zettabytes en la actualidad es un resultado evidente del amanecer de la era digital, y es prácticamente seguro que parte de esos datos le conciernen a usted.
Si esos datos son antiguos, están desactualizados u son ofensivos, es posible que desee que se eliminen, y esa es, en líneas generales, la razón por la que surgieron las normas del “derecho al olvido”.
La normativa surge de un caso de 2010 presentado por un ciudadano español tras aparecer en los resultados de búsqueda en línea de su nombre referencias a procedimientos judiciales de 1998 que ya se habían resuelto. En consecuencia, se ordenó a Google eliminar esta información de su página de resultados.
¿Qué es el derecho al olvido?
El derecho al olvido es un concepto que permite a las personas solicitar que las organizaciones eliminen y supriman información personal específica que les concierne de las plataformas en línea.
Este derecho no se reconoce en todas partes y, incluso donde existe, las organizaciones no siempre están obligadas a atender las solicitudes.
La UE introdujo su norma sobre el derecho de supresión en 2014, y la legislación forma parte de su Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Un fallo de 2019 determinó que Google no estaba obligado a aplicar el derecho a escala mundial, pero, como muestra la noticia de Canadá, se está examinando y debatiendo más allá de las fronteras de Europa.
Por ejemplo, en Japón, un fallo de 2016 reconoció el derecho al olvido de un hombre en Google.
Y como señal de que la ciudadanía y los responsables políticos son cada vez más conscientes de las sensibilidades en torno a la privacidad y los datos personales, la ciudad neerlandesa de Ámsterdam ha desarrollado recientemente un software capaz de difuminar a las personas que aparecen en imágenes recogidas por su equipo de Cartografía Móvil.
"Es de gran importancia que desarrollemos nuevas aplicaciones e iniciativas que salvaguarden aún más la privacidad de los residentes y visitantes", declaró un portavoz de la ciudad a Cities Today. "Este derecho a la privacidad se aplica tanto al mundo en línea como al mundo fuera de línea.”
¿Cuándo se aplica el derecho al olvido?
Solo las personas (no las organizaciones) pueden solicitar que se supriman sus datos personales, y únicamente si se cumplen determinados criterios. No pueden solicitar que se supriman datos sin un motivo legítimo.
Algunos de los criterios del derecho al olvido en la UE son los siguientes:
Los datos ya no son necesarios en relación con la finalidad para la que fueron recogidos o tratados.
Una persona retira su consentimiento para el uso de los datos y no existe una base jurídica que lo contradiga.
Los datos personales se tratan con fines de mercadotecnia directa y la persona se opone a ello.
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No obstante, las solicitudes de supresión de datos personales pueden ser denegadas. Esto puede incluir, con frecuencia:
Los datos se utilizan para ejercer el derecho a la libertad de expresión y de información.
Los datos se utilizan para realizar una tarea de interés público o al ejercer la autoridad oficial de una organización.
Los datos tratados son necesarios por motivos de salud pública y responden al interés público.
Como ejemplos adicionales, esta lista de la UE detalla otras razones por las que los datos pueden o no pueden suprimirse en Europa, aunque las normas podrían variar en otros lugares.
Casos del derecho al olvido
La eliminación de datos puede ser complicada. Por ejemplo, si se ordena a un motor de búsqueda eliminar los datos de una persona, esto se aplica únicamente a los resultados que aparecen en Europa, no a nivel mundial.
Aun así, a medida que crece la conciencia sobre este derecho, también aumentan las solicitudes. Por ejemplo, X, antes conocido como Twitter, ha registrado un aumento de las solicitudes de eliminación de datos. Recibió una media de más de 250 solicitudes diarias en los últimos seis meses de 2021, el periodo más reciente sobre el que facilita información.
Entre los casos en internet en los que se ha aplicado el derecho al olvido figuran:
Acusaciones de informes periodísticos que posteriormente resultan refutadas.
Imágenes o vídeos de personas utilizados sin su conocimiento con fines malintencionados.
¿Quién decide qué debe y qué no debe olvidarse?
Algunos críticos recuerdan a los responsables políticos y a los dirigentes que debe alcanzarse un equilibrio a la hora de determinar qué debe olvidarse y qué no.
Por ejemplo, existe una tensión entre el derecho al olvido y el derecho a la libertad de expresión. Y la legislación contempla un espacio para ello, con el artículo 17, apartado 3, que describe las circunstancias en las que el derecho al olvido no se aplica, incluido el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de información. Algunos consideran que este derecho podría aplicarse indebidamente para encubrir violaciones de los derechos humanos y otras actividades ilegales.
Existe la preocupación de que la legislación pueda dar lugar a una eliminación de contenidos frecuente y generalizada, y que pueda utilizarse como mecanismo de censura o para impedir el escrutinio.
Y, a medida que la tecnología evoluciona, surgen nuevos retos. Por ejemplo, se han planteado interrogantes sobre los grandes modelos de lenguaje, utilizados normalmente para entrenar sistemas de IA, y sobre el derecho al olvido en relación con ellos. Y, lo que es más significativo, sobre cómo se podría olvidar a una persona en dichos conjuntos de datos, lo que sería mucho más complicado que en el caso de los motores de búsqueda.
Abordar los contenidos nocivos en línea
En muchos casos en los que se confirma el derecho, los datos han supuesto una amenaza para el bienestar de una persona. Abordar los contenidos nocivos en línea es el objetivo principal de la Coalición Global para la Seguridad Digital del Foro Económico Mundial, cuyos miembros abarcan los sectores público y privado y han elaborado los Principios Globales sobre Seguridad Digital.
“Los principios fomentan una colaboración y una cooperación más profundas, reconociendo que todos tenemos la responsabilidad de contribuir a construir un mundo digital seguro, enriquecedor e innovador”, afirma el Foro en su informe Traducir los derechos humanos internacionales al contexto digital.
Cualquier persona que desee que se eliminen de internet sus datos puede presentar una solicitud verbalmente o por escrito, según su jurisdicción. La UE proporciona una plantilla para ello, mientras que las organizaciones, entre ellas Google y X, han habilitado formularios de solicitud en línea.
