Los datos son cada vez más frecuentes e importantes en el mundo digital actual
Sin embargo, las amenazas de filtraciones de datos, robo de identidad y noticias falsas pueden hacer que los consumidores pierdan la confianza
Crear una mejor gobernanza de datos implica mejorar los métodos de consentimiento
Estimado lector digital: ¿confía en este sitio web?
¿Y qué hay del sitio que tiene abierto en la siguiente pestaña, el de la empresa de comercio electrónico que guarda los datos de su tarjeta de crédito y conoce sus hábitos de compra, lectura o viaje mejor que usted? ¿O de la plataforma de redes sociales a la que ha cedido quién sabe cuántos datos personales?
Si usted es como un número creciente de personas, la respuesta probablemente sea: “No mucho”.
Filtraciones de datos. Robo de identidad. Noticias falsas. Censura y espionaje. No es de extrañar que las encuestas muestran que la confianza en la economía digital se está erosionando, y los legisladores de Europa a California están aprobando leyes restrictivas de privacidad de datos. Incluso cuando las empresas y otras entidades que recopilan nuestros datos cumplen las normas que hemos aceptado… bueno, ¿qué es exactamente lo que hemos aceptado, en todo caso? ¿Adónde va realmente nuestra información y cómo se utiliza?
Los datos son una fuente poderosa de innovación y prosperidad, pero los sistemas diseñados para gobernarlos no funcionan tan bien como deberían. Al entrar en la segunda década del siglo XXI, una de las preguntas más importantes para el mundo es: ¿cómo recuperamos la confianza en la economía digital?
Encontrar la respuesta correcta será crucial.
Los datos son tan importantes para la vida moderna que se ha vuelto habitual llamarlos “el nuevo petróleo.” A diferencia del petróleo, sin embargo, los datos no son finitos. Pueden copiarse y compartirse, y explotarlos no los agota. Intercambiar y combinar datos —no “consumirlos”— es lo que crea valor. Pero cuando la confianza en las leyes y tecnologías que gobiernan los datos se derrumba, las barreras para compartirlos aumentan. Y eso significa menos valor para las personas, las empresas y la sociedad en general.
Entonces, ¿cómo recuperar esa confianza?
Al igual que la economía tradicional, la economía digital consiste en una red de relaciones: entre particulares y empresas, empresas y gobiernos, gobiernos y ciudadanos, y los gobiernos de distintos países. Cada relación es un vector de confianza, con sus propias características y requisitos únicos para mantenerlas en funcionamiento y en buen estado.
Tomemos la relación entre los particulares y las empresas que recopilan, utilizan y obtienen beneficios de sus datos.
La forma convencional de garantizar la confianza entre estas partes es el consentimiento: los acuerdos que suscribimos y que permiten a los proveedores de servicios recopilar determinados tipos de datos y utilizarlos de una manera concreta. Pero como sabe cualquiera que haya hecho clic en “aceptar” en un formulario en línea sin leerlo, el consentimiento es una herramienta imperfecta. Los reportajes de investigación sobre el uso indebido de datos muestran hasta qué punto los recopiladores de datos pueden salirse con la suya sin vulnerar técnicamente el consentimiento.
Y aunque sepa a qué está dando su consentimiento, ¿seguirá sintiendo lo mismo mañana, o dentro de 10 años? ¿Qué ocurre con las personas con una capacidad disminuida para tomar decisiones de consentimiento, como los ancianos que padecen demencia? ¿Cómo las incluimos en la economía digital sin comprometer su autonomía, ya de por sí precaria?
Mejorar la confianza exige repensar el consentimiento. Afortunadamente, están surgiendo herramientas técnicas que podrían permitir un enfoque más flexible y a medida. Los intercambios de datos, regulados por los gobiernos y protegidos mediante técnicas avanzadas de cifrado, como la cadena de bloques (blockchain), podrían permitir a las personas decidir qué tipos de datos personales desean compartir, con quién y en qué circunstancias, así como obtener recompensas por hacerlo. Una paciente de cáncer, por ejemplo, podría permitir que sus historiales médicos se compartan libremente con investigadores académicos, pero exigir protecciones de privacidad más estrictas o una compensación económica antes de que los datos puedan ponerse a disposición de una empresa farmacéutica con ánimo de lucro. Unos ajustes predeterminados justos y de amplia aplicación podrían contrarrestar la “fatiga del consentimiento” y evitar que las personas se sientan abrumadas.
Otras relaciones digitales también necesitan una actualización de la confianza.
El derecho de su gobierno a acceder y compartir datos privados depende de las circunstancias, y a medida que más aspectos de nuestra vida se convierten en información digital, necesitamos un nuevo consenso sobre cuándo deben aplicarse excepciones a las normas habituales de privacidad. Incluso las normativas de privacidad más rigurosas, como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea, contemplan excepciones para casos como emergencias de salud pública o investigaciones penales. La gobernanza de datos fiable y centrada en las personas debe encontrar un equilibrio entre los derechos de los particulares, los intereses de las empresas que explotan datos y el bienestar de la sociedad en su conjunto.
Por desgracia, ningún régimen de datos actual logra el equilibrio adecuado. En Estados Unidos, país de regulación laxa, la economía digital está dominada por unas pocas y enormes empresas tecnológicas. Europa ha respondido con normativas estrictas de privacidad y una aplicación enérgica de las leyes antimonopolio, pero hasta un grado que corre el riesgo de sacrificar la apertura y la innovación. Y otros países optan por modelos cerrados y controlados por el Estado, que son algo completamente distinto.
Esta fragmentación normativa entre autoridades nacionales y regionales es un problema en sí misma, y otra manifestación de la erosión de la confianza.
No se trata simplemente de normas distintas y, en ocasiones, incompatibles. Cada vez más países imponen requisitos de “localización” que restringen directamente el intercambio de datos a través de las fronteras. Sus motivos son diversos e incluyen preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad nacional, así como el proteccionismo (no declarado). Para algunos, mantener los datos encerrados es una forma de fomentar las industrias digitales locales. Como resultado, los competidores extranjeros y los consumidores locales salen perdiendo.
La coordinación internacional es fundamental para abordar estas cuestiones.
La necesidad de abordar la gobernanza de datos a escala mundial fue reconocida por los líderes del Grupo de los 20 en su cumbre de 2019 en Osaka (Japón). El primer ministro japonés, Shinzo Abe, declaró que deseaba que la reunión fuera “recordada como la cumbre que puso en marcha la gobernanza de datos a nivel mundial”. Uno de los resultados de las deliberaciones del G20 fue la llamada Vía de Osaka, un nuevo marco general para promover los flujos de datos transfronterizos en diversos foros mundiales, incluida la Organización Mundial del Comercio. Su principio rector es la idea de Libre flujo de datos con confianza (DFFT, por sus siglas en inglés).
La idea reconoce que la confianza y la apertura son dos caras de la misma moneda. Como explicó el primer ministro Abe en la Reunión Anual del Foro Económico Mundial en Davos-Klosters (Suiza), en enero de 2019, solo fortaleciendo la confianza —en la privacidad, la ciberseguridad y el cumplimiento de sistemas basados en normas ampliamente compatibles— podemos garantizar la libre circulación de datos, crucial para crear nuevo valor para el mundo en la Cuarta Revolución Industrial.
Este artículo se publicó por primera vez en La Stampa.
