Estados Unidos y la Unión Europea están aplicando sus propios programas de subsidios verdes para impulsar las inversiones en tecnologías renovables.
Los programas de subsidios verdes fomentan la acción climática del sector privado, pero corren el riesgo de dejar atrás a las economías en desarrollo y emergentes.
El consenso y el diálogo mundiales serán esenciales para evitar enfoques nacionalistas costosos en materia de clima y comercio.
Ante el urgente desafío del cambio climático, Estados Unidos y la Unión Europea (UE) están aplicando sus propios programas de subsidios para impulsar la inversión privada en energías renovables. La Ley de Reducción de la Inflación (IRA) de Estados Unidos ha comprometido 400.000 millones de dólares en inversiones y subsidios para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del país y acelerar la adopción de tecnologías renovables. Al reducir los costos para los consumidores y las empresas, la IRA tiene el potencial de disminuir considerablemente las emisiones de gases de efecto invernadero de Estados Unidos y potenciar la inversión en energías renovables.
Sin embargo, ciertas disposiciones del proyecto de ley, especialmente los requisitos de producción local para las baterías y los automóviles eléctricos, han sido criticadas como prácticas restrictivas del comercio que infringen los acuerdos que sustentan el sistema multilateral de libre comercio. Los socios comerciales de Estados Unidos, entre ellos la Unión Europea y Japón, han sostenido que el crédito fiscal de 7500 dólares de la IRA para las compras de vehículos eléctricos por parte de los consumidores y los subsidios a la fabricación para los productores de baterías y turbinas eólicas infringen las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) al otorgar ventajas injustas a las empresas nacionales.
«Esta ley incentiva la (re)localización de la industria en Estados Unidos, lo que podría poner en desventaja a la base industrial de la UE para las tecnologías limpias», escribieron Valdis Dombrovskis, comisario europeo de Comercio; Frans Timmermans, vicepresidente de la Comisión Europea, y Margrethe Vestager, comisaria europea de Competencia, en un artículo de opinión publicado en el Financial Times. En respuesta, la Unión Europea ha propuesto su propio paquete de subsidios verdes de 250.000 millones de euros: el Plan de Inversión del Pacto Verde –, que introducirá nuevas exenciones fiscales y flexibilizará las normas del bloque sobre ayudas estatales para impulsar aún más la inversión privada en energías renovables.
Aunque ambos programas de subsidios son pasos importantes para reducir los gases de efecto invernadero y acelerar la acción climática, podrían intensificar las tensiones comerciales y dejar al margen a las economías en desarrollo y emergentes. Será necesaria una cooperación mundial más amplia en materia de comercio y clima para lograr un crecimiento sostenible e inclusivo para todos.
Un momento sin precedentes para la acción climática
Como segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo, Estados Unidos, mediante la IRA, ofrece un nivel de apoyo financiero sin precedentes por parte del Gobierno federal para las energías limpias y la mitigación del cambio climático. Los primeros informes indican que se han creado 100.000 empleos verdes desde que se anunció el proyecto de ley el año pasado.
«Cuanto más asequible sea impulsar la innovación, más se estimulará», afirmó Jonathan Fried, exembajador de Canadá ante la OMC y asociado sénior del Programa de Economía del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS). «Se acelerará el desarrollo de diversas tecnologías, incluidas las tecnologías limpias, en los países o regiones que reciban esos subsidios», dijo. También se estima que la IRA reducirá en dos tercios la brecha actual entre las emisiones de gases de efecto invernadero previstas con las políticas vigentes y el objetivo de Estados Unidos para 2030.
A pesar de las protecciones nacionales para los productos fabricados en Estados Unidos, muchos líderes consideran que la medida tendrá un efecto neto positivo para el planeta. «Creo que el mundo solo puede alegrarse de que Estados Unidos haya pasado al lado correcto de la mesa, y nosotros (Europa) llevábamos tiempo esperando que eso ocurriera», dijo el primer ministro belga Alexandre De Croo en la Reunión Anual del Foro Económico Mundial en Davos. «Por fin, la principal potencia económica afirma que la descarbonización forma parte de su agenda comercial».
Otros líderes europeos consideran que la IRA es un catalizador de la competencia entre países, pues simplifica las leyes climáticas y acelera los esfuerzos de descarbonización. «Para que la industria europea siga siendo atractiva, debemos competir con las ofertas y los incentivos disponibles actualmente fuera de la UE», dijo Ursula von der Leyen durante su discurso especial en la Reunión Anual del Foro Económico Mundial. «Por eso propondremos adaptar temporalmente nuestras normas sobre ayudas estatales para agilizar y simplificar los procesos: cálculos más fáciles, procedimientos más sencillos y aprobaciones más rápidas», dijo.
La UE ya ofrece financiación y subsidios para las energías renovables centrados en las primeras fases de desarrollo de nuevas tecnologías. A diferencia de la IRA, las políticas de subsidios vigentes en la UE, como el programa de energías renovables de Alemania, no incluyen requisitos de producción local.
¿Qué está en juego para las economías en desarrollo?
Sin embargo, a medida que se intensifica la carrera de subsidios verdes entre Estados Unidos y la UE, algunos temen que otros países se queden atrás, en especial las economías en desarrollo y emergentes. «Todos estos subsidios requieren dinero», explicó Kamala Dawar, profesora titular de Derecho Mercantil en la Universidad de Sussex. «¿Creen que un país como Rumanía podrá subsidiar sus energías verdes tanto como Alemania y Francia? ¿Y qué pasa con países como Burkina Faso o Paraguay?», preguntó.
Según el Fondo Monetario Internacional, las economías en desarrollo generan más de dos tercios de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y son especialmente vulnerables a los efectos del cambio climático. Ante el aumento de los tipos de interés y el crecimiento de la carga de la deuda tras la pandemia de COVID-19, las economías en desarrollo se han visto obligadas, por ejemplo, a recortar sus presupuestos de apoyo al despliegue de energías renovables. Incluso antes de la pandemia, los flujos financieros internacionales destinados a las energías renovables en países en desarrollo disminuyeron de 24.700 millones de dólares en 2017 a 10.900 millones en 2019, según el Informe sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
Esta brecha de financiación y las crecientes presiones de la deuda han impulsado a las economías en desarrollo a pedir mecanismos de financiación alternativos. Barbados ha propuesto, en particular, una reforma radical del sistema internacional de financiación del desarrollo, conocida como la Iniciativa de Bridgetown, para dotar a las economías en desarrollo de herramientas y recursos que les permitan hacer frente al cambio climático y adaptarse a él.
Los subsidios verdes de Estados Unidos y la UE corren el riesgo de ampliar esta brecha entre las economías en desarrollo y las desarrolladas al proteger sus propias industrias nacionales y a sus consumidores. «Las economías en desarrollo siempre estarán rezagadas en la carrera por las energías verdes y no tienen los derechos de propiedad intelectual necesarios para implementar muchas de estas medidas», afirmó Dawar. «Todo esto agravará la brecha entre el Norte y el Sur en lo que respecta al cambio climático», añadió.
Aunque está claro que las economías emergentes no tienen la misma capacidad para financiar subsidios verdes, podrían beneficiarse de la «difusión de conocimientos» o del aumento de la demanda de producción generado por estos programas en Estados Unidos y la Unión Europea. «Son receptoras, no creadoras, de las innovaciones que surgen», explicó Fried. «A medio plazo, quizá empecemos a ver también una difusión de la capacidad productiva en las economías en desarrollo, porque cuentan con otros factores de producción, como una mano de obra más barata y talento bien formado que pueden atraer a menor costo», dijo.
¿Un momento para la OMC?
La IRA y el Plan de Inversión del Pacto Verde también podrían poner en entredicho las normas que sustentan la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el libre comercio multilateral. En particular, las normas de la OMC prohíben los subsidios y otras medidas comerciales distorsionadoras que favorecen a los productores nacionales frente a sus competidores extranjeros. La OMC ha instado a Estados Unidos, la UE y los demás Estados miembros a colaborar para resolver las disputas comerciales relacionadas con los subsidios verdes.
«La cuestión es adónde irán estos subsidios y cómo podemos animar a todos a formar parte de ello», dijo la directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, en la Reunión Anual del Foro Económico Mundial. «Si se trata de una carrera, los mercados emergentes y las economías en desarrollo no podrán competir en una carrera de subsidios. Espero que veamos un enfoque equilibrado y matizado de los subsidios, y no otra cosa», afirmó.
En virtud del artículo I del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), los miembros de la OMC se han comprometido a tratar a sus socios comerciales de manera no discriminatoria para promover una competencia libre y justa. La IRA representa la primera vez que Estados Unidos establece requisitos de contenido local (LCR) que infringen las normas de la OMC, aunque no es la primera vez que los LCR ocupan un lugar destacado en el debate de la OMC. En teoría, cualquier miembro de la OMC podría impugnar la IRA ante el Órgano de Apelación de la OMC, el sistema de resolución de diferencias de la organización. Sin embargo, el Órgano de Apelación de la OMC está paralizado desde 2019 porque Estados Unidos sigue bloqueando cualquier nuevo nombramiento para el órgano.
«La OMC puede desempeñar claramente un papel. Otra cuestión, completamente distinta, es si lo hará y si tendrá la capacidad política para conseguir algo», afirmó Emily Benson, titular de la cátedra Scholl de Negocios Internacionales en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. «Nos estamos alejando poco a poco de un enfoque multilateral basado en normas y avanzando hacia otro más centrado en acuerdos sectoriales bilaterales y plurilaterales», dijo.
