Las leyes históricas que permitían la esclavitud se han derogado en todo el mundo, pero en muchos países no se ha tipificado explícitamente como delito.
En 94 países, una persona no puede ser procesada por esclavizar a otro ser humano.
La esclavitud no es delito en casi la mitad de los países del mundo, según afirmó el miércoles un estudio sobre las leyes globales, que instó a los países a cerrar las lagunas jurídicas que permiten a los abusadores eludir el castigo.
Muchos Estados carecen de leyes que tipifiquen y castiguen directamente el ejercicio de la propiedad o el control sobre otra persona, según la base de datos Antiesclavitud en la Legislación Nacional, presentada en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.
«La esclavitud dista mucho de ser ilegal en todas partes y esperamos que nuestra investigación lleve el debate más allá de este mito tan extendido», afirmó Katarina Schwarz, investigadora del Rights Lab de la Universidad de Nottingham, que dirigió el trabajo sobre la base de datos de esclavitud.
«A muchas personas les sorprenderá saber que en todos estos países no hay leyes penales que permitan procesar, condenar y castigar a quienes someten a otras personas a las formas más extremas de explotación».
Más de 40 millones de personas viven en condiciones de esclavitud moderna, que incluye el trabajo forzoso y el matrimonio forzado, según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo y del grupo antiesclavista Walk Free Foundation.
Acabar con la esclavitud moderna para 2030 fue uno de los objetivos globales adoptados por unanimidad por los miembros de las Naciones Unidas en 2015.
Sin embargo, aunque las leyes históricas que antes permitían la esclavitud se han derogado en todo el mundo, los investigadores de la base de datos descubrieron que muchos de los 193 Estados miembros de la ONU no han llegado a tipificar explícitamente como delito la esclavitud y otras formas de explotación.
No existe una ley penal contra la esclavitud en 94 países —casi la mitad de los Estados de la ONU—, afirmaron investigadores del Rights Lab, que revisaron los resultados del estudio junto con el Castan Centre for Human Rights de la Universidad Monash, en Australia.
El estudio constató que, aparentemente, casi dos tercios de los países no habían tipificado como delito ninguna de las cuatro prácticas principales asociadas a la esclavitud —la servidumbre, la servidumbre por deudas, el matrimonio forzado y la trata de niños—, salvo en el contexto de la trata de personas.
Los investigadores señalaron que casi todos los países contaban con alguna forma de legislación nacional contra la trata.
Sin embargo, las lagunas legales pueden obligar a procesar la explotación indirectamente en virtud de leyes relacionadas y, en algunos casos, los abusadores pueden eludir por completo el castigo por explotación, afirmó Schwarz.
El informe refleja que la comprensión de la esclavitud se ha ampliado para abarcar una gran variedad de formas de explotación, y que las leyes no siempre han seguido el ritmo, afirmó Jakub Sobik, portavoz de la organización benéfica Anti-Slavery International.
Sin embargo, dijo que simplemente endurecer la legislación no era la respuesta.
«Por su propia naturaleza, la esclavitud busca explotar a personas que quedan ligeramente fuera del alcance del Estado de derecho», declaró a la Thomson Reuters Foundation. «Se necesitan políticas de amplio alcance que aborden el contexto general y las razones sistémicas por las que las personas quedan expuestas a que otra persona las engañe, las atrape y las controle».
