El 18 de julio es el Día de Nelson Mandela.
Esta fecha conmemora el profundo compromiso de Mandela con la promoción de la justicia, los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Dos expertos del Banco Mundial analizan formas de construir una sociedad inclusiva desde la perspectiva de las identidades sociales.
El 18 de julio es el Día de Nelson Mandela, que conmemora el profundo compromiso de Mandela con la promoción de la justicia, los derechos humanos y las libertades fundamentales. Hoy destacamos algunas investigaciones que analizan formas de construir una sociedad inclusiva desde la perspectiva de las identidades sociales. Las identidades derivadas de la casta, la religión, el género, el origen étnico y las orientaciones sociales pueden afectar considerablemente la capacidad de una persona para desarrollar todo su potencial. Debido a los prejuicios, los legados históricos y las normas culturales discriminatorias, ciertos grupos de personas son marginados sistémicamente y desalentados a participar plenamente en una sociedad o a contribuir a ella. Y quienes llevan la etiqueta de poblaciones minoritarias por su origen étnico, religión u orientación sexual suelen enfrentarse a la mayor discriminación. Un estudio del Banco Mundial sobre el costo de excluir a las minorías en Europa del Este mostró que las pérdidas anuales de productividad derivadas de la exclusión de la población romaní en Bulgaria, la República Checa, Rumania y Serbia oscilan entre €230 millones y €900 millones.
Eliminar las leyes discriminatorias no pone fin de inmediato a la exclusión social. Las percepciones sobre la raza, la religión y el género, que pueden estar influidas por la historia o por instituciones del pasado, también configuran la exclusión social. Por ejemplo, un estudio midió cómo las identidades basadas en la casta afectaron el desempeño de las personas en India tras la abolición constitucional de la discriminación por casta y el compromiso con la igualdad. En un experimento de campo, los investigadores evaluaron el desempeño intelectual de los niños cuando se hacía pública su identidad de casta. Cuando la casta permanecía oculta, los niños de casta baja resolvían laberintos tan bien como los de casta alta. Sin embargo, revelar públicamente la identidad de casta en grupos de castas mixtas generó una brecha significativa en el total de laberintos resueltos, y los resultados favorecieron a las castas altas. Este hallazgo puede sugerir que en la mente de los jóvenes de India existe una tensión incómoda: una cosmovisión tradicional que presupone que la casta es el destino y una moderna que exige que cada persona forje su propio destino.
¿Están representadas de forma justa en los tribunales las personas de diferentes orígenes de casta y religiosos? ¿Es más probable que las personas del mismo origen religioso se emparejen como demandantes y abogados? ¿Y cómo afectan las leyes discriminatorias al acceso de las poblaciones minoritarias a las instituciones formales, la educación, el mercado laboral, la propiedad, los servicios públicos y las redes de protección social? Ofreceremos dos análisis en profundidad sobre estos temas.
1. Representación e identidad en el sistema judicial: efectos de la casta, la religión y el género
En algunas partes del mundo, las divisiones sociales rígidas, según la casta, la religión y el género, han sido un obstáculo importante para la mejora del bienestar. Es el caso de Bihar, India, uno de los estados más pobres y divididos del país. Durante gran parte de su historia reciente, los grupos de casta alta siguen teniendo más oportunidades económicas y sociales que las castas bajas; las divisiones entre hindúes y musulmanes están muy influidas por la historia colonial; y Bihar también presenta uno de los niveles más altos de desigualdad de género en India. En este contexto social, un proyecto de KCP en curso analiza cómo estas divisiones sociales basadas en la identidad pueden haber afectado al funcionamiento de los sistemas judiciales, y cómo los movimientos sociales están transformando las estratificaciones sociales en Bihar. Se están llevando a cabo estudios similares en Chile, Croacia y Perú.
La investigación reveló en primer lugar que los musulmanes, las mujeres y los grupos de casta baja estaban subrepresentados de forma constante entre los abogados, jueces y demandantes, incluso en comparación con otras instituciones estatales de Bihar. El resultado se deriva del análisis de más de un millón de casos presentados ante el Tribunal Superior de Bihar entre 2009 y 2019. De los 84 jueces observados durante el periodo de 11 años, ninguno procedía de una casta baja, y muy pocos pertenecían a comunidades minoritarias. Para este ejercicio, los investigadores estudiaron los apellidos en los tribunales para inferir la condición de casta de los demandantes, abogados y jueces. El ejercicio de asignación de identidad reveló que determinados apellidos se agrupaban en los tribunales. En particular, había claramente algunos jueces y abogados concretos que aparecían juntos con bastante frecuencia. Por supuesto, existen otros factores que impulsan la coincidencia de ciertos jueces y abogados, pero las identidades sociales sí desempeñan un papel en el proceso.
En segundo lugar, los patrones de emparejamiento de demandantes, jueces y abogados también pueden aportar información adicional sobre las redes de relaciones basadas en la casta, la religión y el género en el proceso judicial. Los investigadores comprobaron si estas tres relaciones, demandantes-jueces, abogados-jueces y demandantes-abogados, se emparejaban al azar. Desde el punto de vista jurídico, un demandante no puede seleccionar a un juez ni influir en el tribunal para que su caso sea visto por un juez concreto. Del mismo modo, los abogados y los jueces no deberían estar asociados a ninguna identidad social. Pero un demandante debería poder elegir libremente a sus abogados. Partiendo de estos fundamentos jurídicos, cabría suponer que solo se encontraría una fuerte tendencia de emparejamiento en la relación demandantes-abogados, y asignaciones aleatorias en los pares demandantes-jueces y abogados-jueces. La evidencia empírica confirmó la hipótesis. Es decir, los jueces se asignan independientemente de las identidades sociales, lo que significa que un demandante influyente, con un estatus social elevado, por ejemplo, no debería poder elegir presentar su caso ante un juez concreto del mismo grupo social ni presionar para obtener un trato preferencial. En el caso del dúo demandantes-abogados, los investigadores constataron que los demandantes con apellidos musulmanes tenían más probabilidades de ser representados por un abogado con un apellido similar para presentar los casos.
Por último, los datos mostraron que el uso de apellidos neutros en cuanto a la casta aumentó a lo largo del periodo de estudio, ya que esta práctica se adoptó para reducir la relevancia de la casta en las instituciones formales de Bihar. Casi la mitad de los demandantes tenían apellidos neutros en cuanto a la casta. Además, los apellidos neutros se agrupaban entre demandantes y abogados, lo que sugiere que los apellidos neutros constituyen ahora una nueva forma de estratificación por derecho propio. Este hallazgo respalda el argumento de que se sabe que los movimientos sociales alteran los órdenes sociales existentes (en este caso, las redes de casta), pero también podrían crear involuntariamente nuevas categorías sociales que desempeñen un papel similar.
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2. Nueva base de datos sobre leyes antidiscriminatorias relacionadas con minorías étnicas, religiosas y sexuales
A pesar del creciente interés por estudiar la justicia social y la discriminación contra las minorías en todo el mundo, los conjuntos de datos exhaustivos sobre leyes y reglamentos antidiscriminatorios siguen siendo limitados. Desarrollar una nueva base de datos en este ámbito es fundamental para facilitar más investigación e informar las políticas sobre leyes discriminatorias y grupos marginados. Un proyecto de KCP (finalizado en 2017) desarrolló los primeros indicadores comparables a nivel internacional para medir las leyes y reglamentos discriminatorios por motivos de grupos étnicos, religiosos y sexuales. Se definieron seis indicadores para medir la legislación discriminatoria: a) acceso a las instituciones, b) acceso a la educación, c) acceso al mercado laboral, d) acceso a la propiedad, e) acceso a los servicios públicos y a la protección social, y f) protección frente a los delitos de odio y los discursos de odio. Además, se llevó a cabo un estudio piloto en Bulgaria, México, Marruecos, Países Bajos, Tanzania y Vietnam.
El conjunto de datos mostró que, en distinta medida, las minorías de los seis países piloto sufrían discriminación en el acceso a las instituciones, la educación, el mercado laboral, la propiedad, los servicios públicos y las redes de protección social. Los miembros de minorías en estos países también fueron víctimas de delitos de odio y blanco de discursos de odio por su origen étnico, religión, orientación sexual e identidad. Los seis países cuentan con algunas leyes que abordan la discriminación contra las minorías, incluida la legislación antidiscriminatoria en materia de acceso al mercado laboral. Pero persisten muchas lagunas en el acceso a la propiedad, a los bienes públicos y a los servicios sociales. El estudio también constató que, de los tres tipos de minorías (étnicas, religiosas y sexuales), las menos protegidas por la ley eran las minorías sexuales. Aunque los datos de solo seis países no pueden aportar pruebas estadísticamente significativas, los hallazgos del estudio piloto subrayan la necesidad de realizar más investigaciones para fomentar un debate más amplio sobre las consecuencias de la discriminación sistemática contra las minorías y ayudar a los gobiernos a revisar de forma crítica sus marcos jurídicos.
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Los autores desean agradecer las contribuciones de los siguientes proyectos, bajo la orientación de los líderes de equipos de tareas (TTL) y de los investigadores: Igualdad de oportunidades en la prosperidad mundial (TTL: Tazeen Hasan); El impacto de las innovaciones en materia de justicia sobre la pobreza, el crecimiento y el desarrollo (TTL: Vincenzo Di Maro) y un estudio sobre India titulado “¿Quién está en la justicia? Casta, religión y género en los tribunales de Bihar durante una década” (Sandeep Bhupatiraju, Daniel L. Chen, Shareen Joshi y Peter Neis) ; y “Crear personas: el efecto de la identidad en el desempeño en una sociedad en modernización” (Karla Hoff y Priyanka Pandey).
