Tener acceso a internet se considera cada vez más como un derecho humano emergente. Las organizaciones internacionales y los gobiernos nacionales han comenzado a reconocer formalmente su importancia para la libertad de expresión y el intercambio de información. El siguiente paso para contribuir a garantizar cierto grado de paz cibernética en línea podría ser reconocer también la ciberseguridad como un derecho humano.
Las Naciones Unidas han tomado nota del papel crucial de la conectividad a internet en «la lucha por los derechos humanos». Funcionarios de las Naciones Unidas han denunciado las medidas de los gobiernos para cortar el acceso a internet por negar a sus ciudadanos el derecho a la libertad de expresión.
Pero el acceso no basta. Quienes tenemos acceso habitual a internet a menudo sufrimos cibersaturación: Todos esperamos a la vez que nuestros datos sean pirateados en cualquier momento y nos sentimos impotentes para impedirlo. A finales del año pasado, la Electronic Frontier Foundation, un grupo que promueve los derechos en línea, pidió a las empresas tecnológicas que «se unieran para defender a los usuarios», protegiendo sus sistemas de las intrusiones de piratas informáticos y de la vigilancia gubernamental.
Es hora de replantearnos cómo entendemos la ciberseguridad de las comunicaciones digitales. En 2015, uno de los principales defensores de la libertad de expresión de la ONU, el experto en derecho internacional David Kaye, pidió que «el cifrado de las comunicaciones privadas se convirtiera en una norma». Estos y otros avances en las comunidades internacional y empresarial señalan lo que podrían ser las primeras etapas de la declaración de la ciberseguridad como un derecho humano que gobiernos, empresas y particulares deberían contribuir a proteger.
¿Es el acceso a internet un derecho?
La idea de que el acceso a internet sea un derecho humano no está exenta de polémica. Ni más ni menos que Vinton Cerf, considerado «uno de los padres de internet», ha sostenido que la tecnología en sí misma no es un derecho, sino un medio para ejercer derechos.
Aun así, cada vez más países han declarado que sus ciudadanos tienen derecho a acceder a internet. España, Francia, Finlandia, Costa Rica, Estonia y Grecia han codificado este derecho de diversas maneras, por ejemplo, en sus constituciones, leyes y resoluciones judiciales.
Un antiguo responsable del organismo rector mundial de las telecomunicaciones de la ONU ha sostenido que los gobiernos deben «considerar internet una infraestructura básica, igual que las carreteras, la gestión de residuos y el agua». La opinión pública mundial parece estar mayoritariamente de acuerdo.
De hecho, el argumento de Cerf podría reforzar la defensa de la ciberseguridad como derecho humano: garantizar que la tecnología permita a las personas ejercer sus derechos a la privacidad y a la comunicación libre.
La legislación vigente sobre derechos humanos
La legislación internacional vigente sobre derechos humanos incluye muchos principios aplicables a la ciberseguridad. Por ejemplo, el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos protege la libertad de expresión y comunicación, así como el acceso a la información. Del mismo modo, el artículo 3 establece: «Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona». Sin embargo, hacer valer estos derechos es difícil en virtud del derecho internacional. Por ello, muchos países ignoran las normas.
Sin embargo, hay motivos para la esperanza. Ya en 2011, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos afirmó que los derechos humanos son igual de válidos en línea que fuera de ella. Proteger la privacidad de las personas es igual de importante al manejar documentos en papel, por ejemplo, que al tratar correspondencia digital. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU reafirmó esa postura en 2012, 2014 y 2016.
En 2013, la propia Asamblea General de la ONU —el órgano rector de la organización, integrado por representantes de todos los países miembros— votó para confirmar el «derecho a la privacidad en la era digital». La resolución, aprobada tras conocerse revelaciones sobre el espionaje electrónico estadounidense en todo el mundo, respaldó además la importancia de proteger la privacidad y la libertad de expresión en línea. Y en noviembre de 2015, el G-20, grupo de países que reúne algunas de las mayores economías del mundo, también respaldó la privacidad, «incluso en el contexto de las comunicaciones digitales».
Establecer medidas de protección
En pocas palabras, la obligación de proteger estos derechos implica desarrollar nuevas políticas de ciberseguridad, como cifrar todas las comunicaciones y eliminar los datos antiguos e innecesarios, en lugar de conservarlos indefinidamente. Cada vez más empresas utilizan los Principios Rectores de la ONU para orientar sus decisiones empresariales y promover la diligencia debida en materia de derechos humanos. También recurren a recomendaciones del Gobierno de Estados Unidos, plasmadas en el Marco de Ciberseguridad del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, para determinar cuál es la mejor manera de proteger sus datos y los de sus clientes.
Con el tiempo, es probable que esta tendencia cobre fuerza. El acceso a internet se reconocerá cada vez más como un derecho humano, y la ciberseguridad bien podría seguir sus pasos. A medida que las personas utilicen más los servicios en línea en su vida cotidiana, sus expectativas de privacidad digital y libertad de expresión las llevarán a exigir mejores protecciones.
Los gobiernos responderán partiendo de los fundamentos del derecho internacional vigente y extendiendo formalmente al ciberespacio los derechos humanos a la privacidad, la libertad de expresión y un mayor bienestar económico. Es hora de que las empresas, los gobiernos y las personas se preparen para este avance e incorporen la ciberseguridad como una consideración ética fundamental en las telecomunicaciones, el almacenamiento de datos, la responsabilidad social corporativa y la gestión de riesgos empresariales.
