La Organización Mundial de la Salud declaró que la epidemia de zika constituía una emergencia internacional en febrero de 2016. Aunque la OMS levantó la declaración nueve meses después, la crisis está lejos de haber terminado. El zika, que se ha vinculado con diversas afecciones neurológicas y del desarrollo, como la microcefalia y el síndrome de Guillain-Barré, se ha convertido en una enfermedad de largo plazo que el mundo tendrá que gestionar de manera continua.
El zika ha demostrado que, además de causar muerte y sufrimiento, las epidemias provocan enormes trastornos económicos y sociales, y que las crisis de salud pública suelen poner también al descubierto crisis de derechos humanos de larga data.
La rapidez con que el virus del zika se propagó desde el brote en Brasil a más de 70 países ha sido alarmante. Sabemos que el zika se transmite por mosquitos Aedes aegypti, los mismos que transmiten la fiebre amarilla, el dengue y el chikunguña. Estos mosquitos se reproducen allí donde las personas pobres carecen de sistemas de saneamiento adecuados, por ejemplo, en gran parte de América Latina,
También sabemos que no todos los adultos están expuestos de la misma manera, pero que la transmisión de madre a hijo durante el embarazo entraña altos riesgos para el bebé, incluida la microcefalia. Los sectores económicamente desfavorecidos de la población corren un mayor riesgo de exposición al zika, de infectarse y de que sus hijos nazcan con microcefalia u otras afecciones genéticas que requieren cuidados especiales a largo plazo.
En Brasil, más de 1,5 millones de personas se han visto afectadas por la epidemia, sobre todo en el nordeste del país. Desde el brote, Brasil ha registrado más de 2.000 casos confirmados de microcefalia, frente a 147 casos en 2014.
Una gran proporción de las familias monoparentales se ha visto afectada, y la mayoría están encabezadas por mujeres. Es más probable que estos hogares sufran ciclos perpetuos de pobreza como consecuencia del impacto económico de la enfermedad. Además, cuando los niños nacen con discapacidades potenciales, a menudo quedan aún más aislados por la falta de apoyo o de protección social. En este contexto, el zika también ha reforzado la expectativa de que las mujeres serán las responsables de criar y cuidar a los niños afectados por discapacidades vinculadas a la enfermedad. Esto limita aún más las oportunidades de las mujeres de asistir a programas educativos o buscar empleo formal.
Reglas de la concepción
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la OMS reafirmaron la importancia de los derechos humanos de las mujeres en las respuestas nacionales al brote de zika. Sin embargo, el zika dio paso a una serie de declaraciones oficiales de los ministerios de salud de toda América Latina que instaban a las mujeres a no quedarse embarazadas. Estas recordaban campañas de salud pública de una época anterior, de enfoque limitado y a menudo ineficaces, relacionadas con el VIH/sida y la abstinencia en África.
Mientras tanto, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos aconsejaron a las embarazadas que evitaran viajar a países afectados por el virus del zika. En el caso más drástico, las autoridades sanitarias de El Salvador instaron a las mujeres a no quedarse embarazadas hasta 2018, mientras que Colombia pidió a las mujeres que aplazaran el embarazo entre seis y ocho meses.
Pero trasladar a la conducta de las mujeres la responsabilidad de la enfermedad la aísla de otros factores socioeconómicos que influyen en su transmisión, como el saneamiento o los problemas ambientales. Esto significa que las respuestas han tendido a centrarse en el problema sanitario «inmediato», mientras que la desigualdad de género que subyace a las condiciones insalubres prevalentes se considera fuera del alcance de las intervenciones de salud pública.
En los países afectados por el zika también se registran tasas elevadas de violencia sexual, falta de acceso a anticonceptivos, embarazos adolescentes y carencia de educación sexual. Según un estudio publicado por el Instituto Guttmacher en 2014, el 56 % de los embarazos en América Latina y el Caribe no son planificados, ya sea por falta de acceso a anticonceptivos o debido a la violencia de género.
Derechos reproductivos
En una región donde el acceso a los anticonceptivos es limitado y la violencia sexual está muy extendida, el debate sobre la legalización del aborto también cobró relevancia durante el brote de zika. Los abortos clandestinos son una triste realidad en toda América Latina. Para las mujeres pobres, esto suele significar que los abortos inseguros son una de las principales causas de mortalidad materna.
El papa Francisco insinuó que podría suavizarse la postura rígida de la Iglesia católica sobre la anticoncepción debido a la amenaza que representa el virus del zika. Sin embargo, en la mayoría de los países latinoamericanos afectados por el zika, el aborto es ilegal o solo puede practicarse en circunstancias excepcionales. En El Salvador, por ejemplo, donde se notificaron más de 7.000 casos de zika entre diciembre de 2015 y enero de 2016, los abortos y los abortos espontáneos pueden incluso acarrear condenas por homicidio si se demuestra que fueron provocados por la propia mujer.
Al invocar principios establecidos en la Constitución de Brasil, grupos de defensa de derechos del país han presentado una petición ante el Tribunal Supremo para exigir la protección de los derechos a la salud sexual y reproductiva y la protección social para las mujeres y las familias afectadas por el zika. La petición aún no ha sido examinada pero, si prospera, debería conducir a una revisión de las leyes restrictivas vigentes sobre el aborto y a su legalización en los casos en que el feto se desarrolle sin una parte importante del cerebro y del cráneo.
Sin embargo, este caso se enfrenta a la oposición del influyente bloque conservador de «las balas, la carne y la Biblia», compuesto por cristianos evangélicos, el lobby agropecuario y legisladores que apoyan una agenda social de derechas, incluidas restricciones más severas al aborto.
En febrero de 2016, el Gobierno de Obama pidió al Congreso que aprobara 1.800 millones de dólares en financiación de emergencia para ayudar a prepararse y responder a la amenaza del virus del zika. Pero la política en torno al aborto esterilizó estos debates cuando los legisladores republicanos que encabezaban una audiencia del Congreso sobre el brote de zika condicionaron la financiación a la adopción de políticas contrarias al aborto en los países beneficiarios. Finalmente, a finales de septiembre se acordó un paquete de ayuda de 1.100 millones de dólares. Sin embargo, los programas contra el zika que apoyan el aborto han quedado ahora en una situación de riesgo financiero tras la orden del Gobierno de Trump de excluir la financiación de los programas de control de la natalidad.
La prestación de programas de atención sanitaria en América Latina debe basarse en la comprensión de las desigualdades, la discriminación y las relaciones de poder que impiden que muchas personas accedan a ellos. Los gobiernos deben recordar que tienen obligaciones jurídicas y éticas en virtud del derecho internacional para garantizar la mejor prestación posible de servicios para todos.
