Donar el 10 % de la tasa de responsabilidad ampliada del productor por contaminación por plásticos podría ayudar a financiar infraestructura de gestión de residuos y reciclaje en países en desarrollo.
Los proyectos internacionales aprobados que cumplan los requisitos deberían aplicar normas sólidas de trazabilidad que registren los flujos de materiales y el papel de los trabajadores de residuos.
Un esquema mundial financiado por la RAP funcionaría en conjunto con otros mecanismos del tratado relacionados con los plásticos y con iniciativas privadas.
La comunidad internacional negocia un nuevo Tratado de las Naciones Unidas sobre Plásticos para poner fin a la contaminación por plásticos, con la sexta sesión del Comité Intergubernamental de Negociación prevista para agosto. Una pieza central de el tratado es el artículo 11, disposiciones financieras que tienen por objeto organizar la forma en que los países desarrollados proporcionarán recursos financieros, creación de capacidades y transferencia de tecnología a los países en desarrollo.
En juego hay mucho: sin una financiación adecuada, muchos países de bajos ingresos simplemente no pueden desarrollar la infraestructura de residuos necesaria para frenar las fugas de plástico. Sin embargo, alcanzar un consenso sobre un mecanismo de financiación ha resultado difícil, y existe un riesgo real de que la definición de los detalles se aplace a futuras Conferencias de las Partes después de la firma del tratado. Tales retrasos serían costosos.
Cada año de inacción significa que millones de toneladas más de plástico llegan a comunidades y ecosistemas. El éxito del tratado, por tanto, depende de encontrar formas creativas de cerrar la brecha de financiación desde ahora, incluso mientras los mecanismos formales siguen negociándose.
Aprovechar la responsabilidad ampliada del productor
Una solución disponible de inmediato consiste en aprovechar los recursos generados por los esquemas de responsabilidad ampliada del productor (RAP) de los países de ingresos altos. Los programas de RAP hacen que los productores (por ejemplo, marcas y fabricantes) sean financieramente responsables de los residuos posconsumo que generan sus productos, a menudo mediante tasas o certificados negociables que financian el reciclaje y la gestión de residuos. Decenas de países cuentan con sistemas de RAP, desde sistemas consolidados en Alemania y Japón hasta leyes más recientes en Sudáfrica y Filipinas, que suelen centrarse en envases y plásticos de un solo uso.
El sistema de Nota de Recuperación de Envases y Nota de Exportación del Reino Unido (PRN, PERN) ofrece un ejemplo convincente de la escala de financiación disponible. En el Reino Unido, los productores deben comprar PRN (certificados negociables) por cada tonelada de envases de plástico que introducen en el mercado para cumplir los objetivos de reciclaje. Solo en 2024, el valor de los PRN de plástico adquiridos por las marcas fue de unos 338 millones de libras, según la Base de Datos Nacional de Residuos de Envases.
Las tasas de RAP son, en esencia, dinero del sector privado que ya se destina al cumplimiento de las obligaciones de reciclaje. Proponemos destinar el 10 % del valor de estos certificados de RAP a un fondo dedicado a proyectos certificados de gestión de residuos plásticos en países emergentes. En el caso del Reino Unido, dicha asignación equivaldría a unos 33-34 millones de libras al año destinados a la infraestructura de residuos de las economías emergentes.
Es importante señalar que este mecanismo podría replicarse en varios países de ingresos altos. Francia, Bélgica, los Países Bajos y otros están poniendo a prueba sistemas similares de certificados de RAP para envases. Si cada grupo destinara el 10 % de sus ingresos por RAP al Sur Global, el efecto multiplicador resultante sería evidente.
Es fundamental que esta idea no requiere esperar a una nueva legislación fiscal ni a la creación de un fondo formal de la ONU (lo que podría tardar años). Los gobiernos pueden actuar en colaboración con la industria para reservar una parte de las tasas o créditos de RAP existentes para proyectos en el extranjero. Al hacerlo, los países desarrollados y las marcas globales pueden demostrar desde ahora su compromiso con los objetivos del tratado, impulsando el progreso en lugar de estancarse hasta que un fondo multilateral complejo esté operativo. Es una medida proactiva que complementa el proceso del tratado.
Integridad e impacto en los países emergentes
Cualquier mecanismo que dirija fondos a países emergentes debe garantizar que el dinero se utilice de forma eficaz y transparente. Afortunadamente, podemos basarnos en modelos probados de financiación climática internacional. El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo de Kioto demostró cómo los países de ingresos altos podían invertir en proyectos de reducción de emisiones en naciones emergentes y contabilizar los certificados de compensación resultantes para sus propios objetivos.
De manera similar, en un esquema centrado en los plásticos, los países que aportan una parte de los fondos de RAP al extranjero podrían contabilizar esos avances (por ejemplo, toneladas de residuos recogidos y gestionados o reciclados) hacia sus planes de acción nacionales en el marco del nuevo tratado.
Una pregunta frecuente es: ¿cómo garantizamos que los productores realmente contribuyan y que el dinero llegue a las comunidades y los trabajadores que más lo necesitan? En primer lugar, los gobiernos pueden imponer una asignación obligatoria a proyectos internacionales aprobados, tal como exigen actualmente los PERN (Notas de Reciclaje de Exportación de Plásticos) u otros certificados equivalentes. Así, la contribución deja de ser opcional, aprovechando al mismo tiempo sistemas ya conocidos.
Para convertirse en un proyecto internacional aprobado, la trazabilidad debería ser un requisito obligatorio, introducido mediante un enfoque por fases que ayude a los proyectos a adoptarla con el tiempo. Ya existen tecnologías escalables que permiten generar un rastro digital sólido desde el punto de recogida del plástico, registrando no solo los flujos de materiales, sino también el papel de los trabajadores de residuos.
La trazabilidad debe incluir tanto datos materiales como sociales para garantizar la rendición de cuentas en todos los niveles. Aunque aún no existe un estándar de datos global que combine ambos, esto no constituye un obstáculo para la acción. Adaptar la política nacional de RAP, centrada en el control de la contaminación en las economías emergentes, catalizaría más bien la generación de un estándar de datos global.
Varias organizaciones ya están impulsando este ámbito, y la iniciativa de innovación circular del Foro Económico Mundial reúne activamente estos esfuerzos. Además, la certificación independiente de terceros, como el Estándar de Reducción de Residuos Plásticos de Verra y el estándar Zero Plastic Oceans Social Plus, puede garantizar aún más que solo los proyectos creíbles y basados en resultados reciban financiación.
Finalmente, la transparencia puede reforzarse mediante registros públicos y la presentación periódica de informes por parte de los administradores de los fondos. Los proyectos deberían publicar informes anuales de impacto, que incluyan la cantidad de residuos gestionados, el número de trabajadores empleados y la forma en que se distribuyeron los fondos.
Unir fuerzas contra la contaminación por plásticos
Cabe subrayar que un mecanismo mundial financiado por la RAP no existiría de forma aislada. Complementaría otras soluciones financieras que se debaten y se aplican en la práctica. Por ejemplo, las negociaciones del tratado podrían considerar un “gravamen sobre polímeros plásticos” – básicamente, una pequeña tasa sobre la producción de resina plástica nueva (virgen). Esta tasa se recaudaría aguas arriba, a partir de los productores de polímeros, mientras que las tasas de RAP se recaudan aguas abajo, a partir de los fabricantes y minoristas de productos, lo que hace que ambas herramientas sean naturalmente sinérgicas.
Además, nuestro mecanismo propuesto amplificaría y ampliaría las inversiones voluntarias del sector privado que ya están en marcha. En los últimos años, alianzas de empresas e inversores han empezado a destinar fondos para cubrir brechas críticas, desde compromisos corporativos para eliminar las fugas de plástico hasta inversores de impacto que respaldan start-ups de reciclaje.
Sin embargo, estos esfuerzos voluntarios, aunque importantes, siguen estando muy por debajo de lo necesario. En cambio, aprovechar una fracción de los pagos obligatorios de RAP proporciona una fuente de financiación sostenida y significativa, impulsada por la regulación, pero implementada en colaboración con la industria. Puede coexistir con otros enfoques de financiación innovadores, como el bono de resultados del Banco Mundial, o fondos de capital riesgo para infraestructuras de economía circular. Estos esfuerzos construirían un ecosistema financiero en el que el capital público, privado y mixto se refuercen mutuamente y reduzcan el riesgo conjuntamente.
Las próximas negociaciones de la ONU ofrecen una oportunidad decisiva para pasar de la propuesta a la realidad. Mientras los delegados definen los detalles del mecanismo oficial de financiación del artículo 11 –un proceso que podría prolongarse incluso después de acordado el texto del tratado–, también deberían adoptar soluciones paralelas que puedan empezar a generar impacto de inmediato.
Destinar el 10 % del valor de mercado de la RAP a proyectos certificados en países en desarrollo es una opción viable y escalable que puede aplicarse ya. Los primeros adoptantes pueden demostrar un firme compromiso con la visión del tratado, generar confianza entre los socios de países en desarrollo y crear casos de éxito reales. Si una coalición de naciones con visión de futuro anuncia en las negociaciones tales compromisos de financiación respaldados por la RAP, enviaría un mensaje contundente de que el mundo está preparado para invertir en la solución de la crisis del plástico sin demora.
