Permítame compartir mi visión de 2030.
Para entonces, vivimos en una economía circular global que se ha vuelto «intencionalmente transparente». Esta mentalidad abierta ha desencadenado un aumento de la confianza en las cadenas de suministro de todo el mundo, lo que favorece una mayor visibilidad y un mayor control sobre el abastecimiento responsable. Hoy disponemos de cadenas de suministro circulares, éticas y sostenibles, en las que los beneficios se reparten de manera equitativa, desde las comunidades locales hasta el consumidor final y más allá.
Las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial, como la cadena de bloques, la inteligencia artificial (IA), el internet de las cosas (IoT) y la nanotecnología, han contribuido a facilitar el seguimiento de metales y minerales críticos desde la mina hasta el consumidor. Esta transparencia ha inaugurado una «nueva normalidad» en la que las materias primas que utilizamos para la fabricación y la construcción pueden rastrearse desde el momento de su extracción hasta su primer uso, su refabricación y, finalmente, su desmontaje y reutilización.
En 2030, nadie habla de la economía circular; simplemente es la economía. Los esfuerzos más arduos para aumentar la prosperidad social, reduciendo al mismo tiempo la dependencia de materias primas y energía, ya se han realizado. Recordamos con desasosiego los sombríos días de la década de 2010, cuando miles de millones de toneladas de materiales se extraían cada año para satisfacer las necesidades funcionales de la sociedad, pero solo una fracción se reciclaba de nuevo en nuestras economías.
Cambio de era
Las personas de 2030 celebrarán las iniciativas puestas en marcha para impulsar la acción hacia las emisiones netas de carbono cero en la industria pesada y en el sector del transporte de carga pesada. Las mejoras en las cadenas de suministro sostenibles de baterías permitieron a las industrias del transporte y la energía reducir las emisiones en un 30%, devolviendo a las economías el rumbo necesario para cumplir los objetivos del Acuerdo de París.
Mirando atrás, pocas categorías se beneficiaron más de la visión de nuestros políticos y emprendedores que la industria de las baterías. La revolución de las células energéticas creó 10 millones de empleos, añadió 150 000 millones de dólares a la economía mundial y proporcionó electricidad a 600 millones de personas. Fue, en efecto, la década de la batería.
La rápida caída de los costes tecnológicos abrió grandes oportunidades para reducir los residuos. El internet de las cosas comenzó a seguir la pista de productos y materiales valiosos de forma mucho más económica que en el pasado, aumentando de manera radical las oportunidades de recuperarlos.
Empezamos a reintegrar la economía en el sistema de nuestro planeta, preservando y potenciando el capital natural como nunca antes. Nos centramos en obtener más valor de la infraestructura existente y en «diseñar para eliminar» los impactos de la contaminación, el cambio climático, las toxinas y la congestión. Nos pusimos las pilas.
Las grandes cadenas de valor empezaron por fin a adoptar un «enfoque sistémico» en la gestión de materiales y residuos, reconociendo que el resultado de una empresa es la materia prima de otra. Y, adivinen qué: en ello hay dinero que ganar.
Los gobiernos y las ciudades desencadenan la revolución
¿Cuál fue la única cosa que marcó más diferencia que cualquier otra? Algunos señalarán el movimiento juvenil que impulsó la concienciación y promovió la acción. Otros defenderán los nuevos avances tecnológicos que eran impensables en 2020. En mi visión, estos factores tuvieron un papel. Pero nunca habríamos llegado hasta aquí si los legisladores del mundo se hubieran quedado al margen.
De Shanghái a Nueva York, de Bombay a Brisbane, las autoridades entraron en la arena en lugar de esperar a que el desarrollo siguiera su curso. Intervinieron, y con buenas razones. Al fin y al cabo, fueron el sector público y los responsables políticos quienes podían influir de forma decisiva en las industrias a través de inversiones en infraestructuras, el transporte público, la normativa urbanística, las normas de construcción y las subvenciones agrícolas. Pudieron orientar los resultados a nivel de sistema. La planificación urbana, los sistemas de movilidad y los sistemas alimentarios lograron integrar con eficacia las nuevas tecnologías, evitando el riesgo de un enorme desperdicio estructural.
El sector privado no pudo dejar atrás al sector público. Se establecieron las normas adecuadas para garantizar que se conservaran los empleos y se crearan otros nuevos. Los gobiernos reconocieron a tiempo que el mantenimiento y la renovación de productos pueden requerir más aportación humana, por lo que reorientaron los incentivos fiscales hacia las energías renovables para fomentar el uso de la mano de obra.
Frenar el efecto rebote
Es importante señalar que los gobiernos reconocieron la amenaza de los «efectos rebote» de la economía circular. La tecnología hace bajar los precios, lo cual es una buena noticia. Pero, a medida que disminuyen los precios relativos, los consumidores tienden a utilizar más transporte individualizado, más superficie habitable y más alimentos. En otras palabras, cuanto menos cuestan las cosas, más queremos usarlas, consumirlas y desperdiciarlas. Los responsables políticos actuaron con rapidez para evitar el posible rebote ambiental provocado por el aumento de la prosperidad.
Los Estados nacionales integraron estas nuevas tecnologías y modelos de negocio en su economía de manera que maximizaron el valor extraído de las reservas de activos y materiales. En lugar de deteriorarse hasta convertirse en pueblos fantasma, las ciudades se transformaron en hábitats verdes y autosostenibles para sus ciudadanos. Los nuevos modelos de negocio abordaron gran parte del desperdicio estructural en movilidad, alimentación y edificación, y crearon nuevas opciones de consumo. Al aumentar la utilización y la longevidad, las comunidades aprovecharon un significativo potencial económico que evitó con éxito cualquier efecto negativo en el sistema.
Los reguladores dejaron de tratar los residuos únicamente como un peligro ambiental y empezaron a verlos como una fuente de materiales y productos valiosos. Se flexibilizaron las barreras administrativas y legales para el rediseño, la recuperación, la reutilización y el comercio. Los incentivos para los gestores de residuos fomentaron una separación adecuada y crearon nuevos mercados. Los ayuntamientos asumieron el liderazgo al integrar costes ocultos, como el carbono y la congestión, en el valor del ciclo de vida completo de las infraestructuras y los servicios. Hoy en día, los componentes se reciclan al alza o se refabrican, porque resulta mucho más fácil y barato (y menos vergonzoso) que tirarlos.
Espero con ilusión 2030. En mi visión, compartiremos una economía restaurativa y regenerativa, que preserve los ecosistemas y aumente su rendimiento con el tiempo, que genere prosperidad y que impulse el crecimiento obteniendo más valor de la infraestructura y los productos existentes.
¿Le parece bien? Nos vemos allí.
