La gobernanza se perfila como una consideración importante cuando se trata del uso de tecnologías digitales avanzadas para impulsar los objetivos de las ciudades inteligentes.
Las ciudades que quieran usar herramientas de la 4IR deberán afrontar retos de rendición de cuentas, limitar el uso indebido de la tecnología, garantizar la privacidad de los ciudadanos, reforzar la ciberseguridad y el alcance de la IA.
La Alianza Mundial de Ciudades Inteligentes del G20 ha elaborado una hoja de ruta de políticas a la que los líderes y administradores urbanos pueden recurrir como referencia básica para una gobernanza tecnológica sólida.
La ambición del Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 de las Naciones Unidas es lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Para ello, las ciudades buscan implementar una serie de tecnologías inteligentes que les permitan afrontar una crisis como la de la COVID-19 y mejorar la eficiencia general y la calidad de vida.
Pero, aunque se trata de un objetivo loable, la gobernanza se perfila como una consideración importante cuando se trata del uso de tecnologías digitales avanzadas para impulsar los objetivos de las ciudades inteligentes, especialmente dada la importancia de la confianza pública en la administración municipal. Cuestiones como la privacidad, la protección de datos, la ciberseguridad y la conectividad están surgiendo como ámbitos en los que existen lagunas en la gobernanza ética y responsable de los programas de ciudades inteligentes.
Satisfacer las necesidades de gobernanza
En 2020, cuando las sociedades de todo el mundo luchaban por responder a la propagación de la COVID-19, parecía que Singapur había ideado un sistema eficaz de rastreo de contactos basado en tecnología. Se exigía a los ciudadanos escanear un código QR con información de identificación cada vez que entraban en un lugar público, lo que permitía a los rastreadores de contactos localizar a cualquier persona que pudiera haber estado expuesta al virus. Además, se lanzó una aplicación que permitía intercambiar, a través de dispositivos digitales, información de identificación cifrada entre personas en estrecha proximidad, la cual solo podía descifrar el Ministerio de Salud.
Aunque los singapurenses eran algo escépticos respecto a estos sistemas, el gobierno prometió en repetidas ocasiones que la información solo se usaría para el rastreo de contactos. Así que, cuando se descubrió recientemente que la policía había estado utilizando los datos para sus propias investigaciones, surgió una crisis de confianza pública que sigue en curso. Aunque ahora se está introduciendo una legislación para limitar el acceso a los datos, en retrospectiva, está claro que una mayor atención a la gobernanza podría haber evitado lo que muchos ciudadanos consideran ahora una doblez del gobierno.
Lo ocurrido en Singapur podría suceder en cualquier lugar, ya que las tecnologías emergentes plantean una gama totalmente nueva de retos de gobernanza. En los próximos años, las ciudades que quieran usar herramientas de la 4IR tendrán que afrontar estos retos, entre ellos la rendición de cuentas, la restricción del uso indebido de la tecnología, la garantía de la privacidad de los ciudadanos, el refuerzo de la ciberseguridad y el alcance de la colaboración entre humanos y máquinas. Los debates sobre el despliegue de nuevas tecnologías no dejarán de crecer, ya que cada tecnología presenta su propio conjunto único de problemas de gobernanza.
Con la pandemia mundial, que ha desencadenado un auge de la innovación digital en todos los ámbitos, desde el trabajo y la colaboración hasta la distribución y la prestación de servicios —cambiando en muchos aspectos las expectativas del público—, las ciudades tienen un papel fundamental que desempeñar en la evolución de la gobernanza tecnológica en la próxima década. Por ejemplo, en Apeldoorn (Países Bajos), el director de privacidad asesora sobre el tratamiento de los datos personales de los ciudadanos, y el delegado de protección de datos garantiza que todas las partes interesadas cumplan las políticas de privacidad. Esto implica no solo abordar los principios fundamentales del despliegue ético, sino también el papel de la colaboración del sector privado y la experimentación necesaria para desarrollar nuevos enfoques de gobernanza tecnológica.
Aunque las distintas ciudades tendrán necesidades diferentes, todas necesitarán un marco de gobernanza tecnológica al que puedan recurrir y que puedan adaptar en función de las condiciones locales. Con este fin, la Alianza Mundial de Ciudades Inteligentes del G20 (GSCA) se creó para ayudar a las ciudades a identificar y adoptar políticas fundamentales para las tecnologías de ciudades inteligentes, elaborando una hoja de ruta de políticas a la que los líderes y administradores urbanos pueden recurrir como referencia básica para una gobernanza tecnológica sólida.
La hoja de ruta se articula en torno a cinco principios fundamentales: equidad, inclusión e impacto social; privacidad y transparencia; seguridad y resiliencia; y sostenibilidad operativa y financiera. Elaborado con la GSCA, el informe “Gobernanza de las ciudades inteligentes: indicadores de referencia de políticas para un desarrollo ético y responsable de las ciudades inteligentes”, analiza cómo se están aplicando estos principios en 36 ciudades “pioneras” de todo el mundo, a partir de una encuesta detallada y de entrevistas con expertos en políticas de la GSCA y funcionarios de gobiernos municipales. Las políticas de las ciudades pioneras se evaluaron con respecto a la hoja de ruta, y se elaboró un conjunto de datos que otras ciudades pueden utilizar como referencia para evaluar sus propias políticas.
“Tenemos que trabajar juntos para aprovechar el potencial de los datos para resolver los retos de las ciudades, poniéndolos en manos de quienes pueden marcar la diferencia”, señala Theo Blackwell, director digital de Londres, una de las 36 ciudades pioneras. “Pero también tenemos que hacerlo de forma segura, ética y responsable.”
Abordar las lagunas en la gobernanza
El análisis de las ciudades pioneras frente a estas políticas modelo ha revelado la existencia real de deficiencias en la gobernanza. Todas las áreas de políticas modelo, excepto los datos abiertos, presentaban lagunas significativas. Esto deja los despliegues de tecnología para ciudades inteligentes, en el mejor de los casos, menos que eficaces y, en el peor, una posible oportunidad para exponer a las partes interesadas, incluidos los ciudadanos, a amenazas.
Las ciudades deben subsanar estas lagunas para aprovechar plenamente las tecnologías de la 4IR y, al mismo tiempo, proteger a sus ciudadanos de los malhechores. Revisar las políticas relativas a la tecnología de ciudades inteligentes para identificar lagunas, utilizando la hoja de ruta de políticas como guía, puede ser un punto de partida fundamental.
Por ejemplo, la falta de políticas escritas puede dar lugar en ocasiones a oportunidades perdidas. En Newcastle (Australia), la financiación del gobierno federal no habría bastado para instalar fibra en postes inteligentes sin la coordinación entre la infraestructura y la empresa de servicios públicos. Pero, como la ciudad no contaba con una política escrita de ‘dig once’, es posible que haya perdido la oportunidad de desplegar la tecnología de la forma más eficaz y eficiente.
Para cubrir lagunas como estas, las ciudades deberán trabajar con una serie de partes interesadas. Los gobiernos locales tendrán que recurrir a los responsables de políticas nacionales y regionales para obtener apoyo a medida que trabajan para alinearse con las orientaciones y la normativa. Además, las ciudades necesitarán un modelo de gobernanza sólido para mejorar la eficacia de las políticas. Por ejemplo, Dubái ha creado una oficina de ciberseguridad en cada una de sus 133 entidades y semientidades gubernamentales. Su marco de gobernanza en materia de ciberseguridad lo revisa anualmente la oficina del director general, y lo evalúa y audita el Centro de Seguridad Electrónica de Dubái.
Las organizaciones cívicas también pueden ayudar aportando a las ciudades las competencias técnicas necesarias para, por ejemplo, desarrollar plataformas de datos abiertos, así como supervisar la transparencia y la rendición de cuentas de las ciudades. Y, aunque se regule para mitigar la competencia desleal, las ciudades deberían trabajar con el sector privado, incluidos los proveedores de tecnología, para ayudar a elevar la gobernanza a los estándares globales.
Kakogawa, una de las ciudades pioneras de Japón, es un buen ejemplo de cómo el liderazgo y la coordinación ciudadana pueden mejorar la transparencia y la rendición de cuentas. En 2017, la ciudad promulgó una ordenanza para instalar 1.475 “mimamori” cámaras –es decir, cámaras que “vigilan a alguien con cuidado y compasión”– para combatir los altos niveles de delincuencia callejera. El sistema mimamori permitió detectar a los residentes que llevaban etiquetas Bluetooth de baja energía, lo que permitía a padres y familiares recibir, a través de una aplicación segura, una notificación sobre la ubicación de un niño o de una persona mayor. La ciudad celebró una docena de asambleas municipales en las que el propio alcalde explicó el propósito de la política y respondió a las preguntas. Se garantizó a los ciudadanos que habría límites claros sobre lo que podía hacer la red de cámaras y adónde irían los datos. Como resultado, más del 90 % de los ciudadanos acogieron y apoyaron esta iniciativa, y la tasa de criminalidad en Kakogawa descendió por debajo de la media de la prefectura por primera vez.
No cabe duda del valor de estas herramientas digitales, especialmente a medida que las ciudades se recuperan de la COVID-19, una crisis de proporciones sin precedentes. Pero las lagunas en la gobernanza del despliegue de estas herramientas podrían exponer innecesariamente a las ciudades y a sus ciudadanos a riesgos y limitar su capacidad de respuesta.
La recuperación de la pandemia mundial de COVID-19 ofrece a las ciudades una oportunidad única para reiniciar y reexaminar las políticas de gobernanza que orientan la adopción de tecnologías digitales, cuyo ritmo sin duda aumentará en la próxima década. Al prepararse con una sólida hoja de ruta para gobernar sus aspiraciones de ciudades inteligentes, las ciudades se asegurarán de estar en condiciones de afrontar los retos de mañana con tecnologías digitales eficientes, eficaces y equitativas.
