Se cumplen exactamente 80 años desde el final de la Guerra Civil española, cuando las fuerzas populistas del general Francisco Franco finalmente derrotaron a la resistencia de izquierdas y sumieron al país en una dictadura en toda regla. Décadas después de su muerte, Franco sigue proyectando una larga sombra sobre España, desde el auge de la ultraderechista formación Vox hasta las cientos de fosas comunes de personas que murieron en la guerra y siguen a la espera de ser exhumadas.
Otro legado de enorme importancia del que pocas personas son conscientes es el efecto persistente en los libros, tanto en España como en todo el mundo hispanohablante. A día de hoy, se siguen reeditando traducciones de muchos clásicos universales y obras de la literatura española a partir de textos expurgados aprobados por los censores del dictador, a menudo sin que los editores se den cuenta, y mucho menos los lectores. Esto ha tenido un efecto paralizante sobre la libertad de expresión a lo largo de los años y debe abordarse con urgencia.
Entre 1936 y 1966, todos y cada uno de los libros publicados en España debían someterse al examen de una junta nacional de censores. Los censores decidían si el texto debía prohibirse por completo o si era apto para su publicación, en cuyo caso especificaban los cambios necesarios. Después de 1966, cuando se introdujo en el país una nueva ley que liberalizó parcialmente la libertad de expresión, los editores pudieron decidir voluntariamente si sometían un texto a la censura. Sin embargo, las autoridades conservaron la facultad de retirar de la circulación cualquier libro que consideraran inaceptable.
Las leyes de censura de Franco pretendían reforzar el catolicismo y promover la uniformidad ideológica y cultural. Los censores imponían valores conservadores, reprimían la disidencia y manipulaban la historia, especialmente la memoria de la Guerra Civil. Se prohibían los materiales de contenido sexual explícito, así como las opiniones políticas alternativas, el lenguaje impropio y las críticas a la Iglesia católica.
España abandonó estas políticas tras la muerte de Franco en 1975, pero muchos de esos mismos textos siguen estando ampliamente disponibles hoy. Por ejemplo, La semilla del diablo, de Ira Levin, está disponible en más de 20 ediciones diferentes en español, incluida una electrónica, y todas omiten dos pasajes extensos que, según los censores, glorificaban a Satanás. Go Tell It on the Mountain, de James Baldwin, solo está disponible en una versión con recortes que incluyen referencias a los anticonceptivos y detalles sobre la vida sexual de los personajes principales. La publicación de este texto expurgado está financiada nada menos que por la UNESCO.
Muchas obras literarias de algunos de los escritores más importantes de España del siglo XX han corrido una suerte similar, entre ellas las de Ana María Matute, Camilo José Cela, Juan Marsé e Ignacio Aldecoa. En algunos casos, como Días en Birmania, de George Orwell, y Operación Trueno, de Ian Fleming, incluso se han recuperado partes censuradas en versiones retraducidas y restauradas.
Como nadie menor de 40 años vivió durante la dictadura, pocas personas son siquiera conscientes del problema. Las bibliotecas públicas animan a la gente a leer miles de volúmenes sin darse cuenta de que están censurados. Muchos de estos textos se han importado a América Latina y, en ocasiones, incluso se han vuelto a publicar en distintos países con las partes censuradas intactas. Esto significa que a una proporción bastante grande de la población mundial se le niega sistemáticamente el acceso a la literatura tal como estaba destinada a publicarse.
Por qué nunca terminó la censura
Es un hecho bien conocido que a los españoles les ha resultado difícil afrontar su traumática historia reciente. El llamado «pacto del olvido», una decisión tácita de las élites políticas españolas de no cuestionar ni examinar el pasado, fue considerado por muchos como esencial para hacer posible la transición a la democracia a finales de los años setenta y durante los ochenta. Durante años, esto incluyó una amnesia generalizada sobre las políticas culturales de Franco: incluso cuando se retradujeron libros para restituir las partes censuradas, pocas personas dijeron algo al respecto.
La Ley de Memoria Histórica de España de 2007 supuso un paso importante para dejar atrás aquellos años de olvido. Condenó la dictadura y estableció indemnizaciones para quienes sufrieron violencia política durante el régimen. También inició la retirada de estatuas y otros símbolos públicos que glorificaban el gobierno de Franco. Sin embargo, se pasaron por alto otros bienes culturales, como los libros.
En definitiva, el problema de la censura literaria en España sigue plenamente vigente. De hecho, podría decirse que está empeorando: es fácil publicar versiones digitales de estos clásicos, por lo que la mano de Franco llega incluso a los Kindle y las tabletas. Hablamos de uno de los legados más duraderos, aunque invisibles, de su régimen. El efecto sobre la cultura de España y de otros países hispanohablantes es casi incalculable. Sin duda, la censura ha distorsionado la percepción que muchas personas tienen de la Guerra Civil y sus consecuencias. Muchos lectores también desconocerán las verdaderas opiniones de los escritores sobre cuestiones sociales importantes, como los roles de género, los anticonceptivos y la homosexualidad.
La cuestión es cómo abordar este complejo problema, sobre todo ahora que el partido Vox, al que se augura un buen resultado en las próximas elecciones, ha prometido derogar la Ley de Memoria Histórica alegando que manipula el pasado.
La tarea más importante es concienciar al público lector. Para ello hace falta un apoyo claro del Gobierno español y la participación activa de todo el sector literario, incluidas las bibliotecas, las editoriales, los traductores, los archivos, las publicaciones culturales y los propios escritores. Las tecnologías que están dando nueva vida al problema podrían aprovecharse para ayudar: por ejemplo, una base de datos pública de textos restaurados podría convertirse en una herramienta importante.
La cuestión es que, aunque desde principios de la década de 2000 España ha abordado cada vez más el impacto del régimen de Franco en la memoria social e histórica del país, el proceso de asimilación del pasado dista mucho de haber concluido. El pacto del olvido no solo ha empañado el avance democrático de España, sino que también ha dañado gravemente su patrimonio cultural. España y el resto del mundo hispanohablante no se librarán de la sombra censora de Franco hasta que este asunto se afronte de manera pública y decidida. Con el auge de quienes preferirían hacer retroceder el reloj, no hay tiempo que perder.
