Las tecnologías de la información y la comunicación se han convertido en una parte central de la vida cotidiana de la mayoría de la población mundial. Afectan incluso a las zonas más subdesarrolladas y remotas del planeta y se han convertido en un factor clave que impulsa el desarrollo, la innovación y el crecimiento económico.
Pero esto es solo el comienzo de una transformación fundamental. En los próximos años, nuevas tecnologías, como la «Internet de las cosas», la impresión 3D y los vehículos autónomos, revolucionarán las operaciones empresariales, los marcos regulatorios e incluso las convenciones sociales.
Estas tecnologías generan enormes beneficios, pero también entrañan riesgos, debido a la facilidad para acceder a los datos y utilizarlos con fines delictivos. Los ciberataques ya están aumentando enormemente en número, sofisticación, magnitud e impacto. A medida que el mundo se vuelve más interdependiente e hiperconectado, crece la preocupación por la vulnerabilidad de Internet, una infraestructura de la que han llegado a depender casi todas las actividades económicas, incluido el comercio, el suministro de energía y todo el sistema financiero.
Los ciberataques tienen lugar en un medio, el ciberespacio, donde las acciones ofensivas aventajan a las defensivas. De hecho, la mayor parte de la infraestructura del ciberespacio se diseñó para garantizar su interoperabilidad y apertura, a menudo a expensas de la seguridad, que tiende a limitar la usabilidad.
Los ataques suelen ser asimétricos; las barreras de acceso al ciberespacio son insignificantes y los gobiernos han tenido dificultades para hacer cumplir el Estado de derecho en línea. Los atacantes con recursos limitados pueden causar perturbaciones cuyo impacto es mucho mayor que el de acciones similares en el mundo físico. De hecho, los daños de un ciberataque son, por naturaleza, transnacionales y pueden propagarse rápidamente hasta alcanzar una escala mundial.
En un medio que no se corresponde con las fronteras políticas, es imposible gestionar los riesgos con éxito desde una sola jurisdicción. En términos económicos, la ciberdelincuencia ya tiene una dimensión comparable a la del tráfico de drogas y está muy internacionalizada. Sin embargo, aún no hemos desarrollado plenamente un régimen de gobernanza global. Diversas iniciativas han intentado facilitar la gestión internacional del ciberespacio, pero ninguna ha tenido más que un éxito limitado.
La Conferencia Mundial sobre el Ciberespacio (GCCS), organizada recientemente por los Países Bajos, es un ejemplo de ello. Representantes de gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y la comunidad técnica se reunieron en La Haya para promover un enfoque multisectorial de la gobernanza del ciberespacio y la cooperación entre los sectores público y privado.
El enfoque que encarna la GCCS combina un régimen tradicional —en el que los Estados soberanos son los principales actores— con otro enfoque más moderno, en el que participan todos los agentes implicados. Este modelo más abierto y multisectorial refleja la gestión técnica tradicional de Internet, que ha demostrado ser muy eficaz para mantener la resiliencia del ciberespacio. Se basa en el consenso desde la base, fomenta un sentido colectivo de gestión y hace hincapié en promover la confianza y la cooperación internacional.
La eficacia de enfoques como este se ve limitada por el hecho de que las tres mayores potencias del ciberespacio —Estados Unidos, China y Rusia— no han acordado un tratado común para armonizar las leyes nacionales o facilitar la cooperación. Tampoco cooperan en esta cuestión a través de otras instituciones, salvo el G-20 y las Naciones Unidas. Casos recientes de ciberespionaje han generado una desconfianza creciente incluso entre aliados tradicionales como Alemania y Estados Unidos. En aras de defender su soberanía, los Estados podrían empezar a interferir en la gobernanza técnica, que ha demostrado ser tan eficiente.
De hecho, el peligro de conflicto internacional ha empeorado en los últimos meses, erosionando la confianza que pudiera existir entre las potencias. El ciberespacio corre el riesgo de convertirse en un campo de batalla en el que se enfrenten gobiernos, actores no estatales y el sector privado. El reciente ataque de yihadistas contra la cadena francesa TV5 y el presunto ataque informático de Corea del Norte contra Sony podrían ser precursores de lo que está por venir.
Tanto las empresas como la sociedad civil tienen un papel que desempeñar para garantizar que la gobernanza del ciberespacio siga siendo abierta, inclusiva y lo bastante flexible como para adaptarse a los riesgos y desafíos cambiantes. El enfoque actual de la gestión técnica debe preservarse, al tiempo que se exploran otras propuestas innovadoras. Entre las ideas que podrían contribuir a una mejor gobernanza figuran un Consejo Cibernético para la Estabilidad formado por el G-20 (Estados) + 20 (actores no gubernamentales pertinentes) y un sistema de alerta temprana y coordinación basado en el enfoque de la Organización Mundial de la Salud frente a las epidemias.
Responder a las amenazas del siglo XXI con herramientas del siglo XX es una mala idea. Para 2020, dos tercios de la población mundial estarán en línea. El mundo necesita un diálogo fluido y franco entre los Estados, el sector privado y la sociedad civil para garantizar la seguridad del ciberespacio.
La comunidad internacional ha establecido códigos mínimos que regulan ámbitos como la salud y la proliferación de armas nucleares. No hay razón para que no podamos hacer lo mismo en el ciberespacio. Todos tenemos un interés común en preservar su apertura y carácter global; para ello será necesario dejar de lado los estrechos intereses nacionales en aras de garantizar el progreso colectivo.
Este artículo se publica en colaboración con Project Syndicate. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde las opiniones expresadas.
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Autor: Javier Solana es actualmente presidente del Centro de Economía Global y Geopolítica de ESADE
Imagen: Un hombre escribe en un teclado de computadora. REUTERS/Kacper Pempel.