Este año han surgido dos imágenes trágicas e inquietantes: verdugos encapuchados del Estado Islámico con sus cuchillos en el cuello de víctimas inocentes, y trabajadores sanitarios enmascarados que luchan valientemente cuesta arriba contra un brote de ébola para el que el mundo no estaba preparado. Pero el legado perdurable del año será un desastre aún más extenso, cuya recuperación llevará años, si no décadas: casi dos millones de niños recién desplazados, atrapados en zonas de conflicto en Irak, Siria, Gaza, la República Centroafricana y otros lugares.
Estos niños se han sumado a los 25 millones de niños y niñas desplazados en todo el mundo: una cifra equivalente a la población de un país europeo mediano y la más elevada en los 70 años transcurridos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Las imágenes de niños refugiados vulnerables y desolados —que probablemente permanecerán desplazados durante una década o más— se han vuelto tan habituales que el mundo parece incapaz de comprender lo que está viendo.
Pero la difícil situación de los niños refugiados es solo una de las razones por las que se necesita un nuevo enfoque de los derechos de la infancia. Este año, se estima que 15 millones de niñas en edad escolar se convertirán en novias infantiles, obligadas a casarse contra su voluntad. Unos 14 millones de niños y niñas menores de 14 años trabajan como niños trabajadores, muchos obligados a hacerlo en las condiciones más peligrosas. Y a 32 millones de niñas se les niega el derecho básico de asistir a la escuela debido a la discriminación de género; alrededor de 500.000 de ellas son víctimas de trata cada año.
En la década de 1950, la lucha contra el colonialismo dominó la política mundial. En las décadas de 1960, 1970 y 1980 se libraron grandes batallas por los derechos civiles contra la discriminación racial y el apartheid, seguidas de luchas por promover los derechos de las personas con discapacidad y de las minorías sexuales. La tarea de nuestra generación es abordar los asuntos pendientes del movimiento por los derechos civiles: poner fin a la explotación infantil, especialmente de las niñas, y garantizar la educación universal obligatoria.
Para conmemorar el 25.º aniversario de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN), yo, junto con el ganador del Premio Nobel de la Paz de este año, Kailash Satyarthi, y el director del Overseas Development Institute del Reino Unido, Kevin Watkins, hago un llamamiento a la comunidad mundial para que ofrezca apoyo práctico a la creciente lucha de los jóvenes por los derechos civiles. Podemos hacer más para poner fin al trabajo infantil, el matrimonio infantil, la trata de niños y la discriminación contra las niñas, no solo exigiendo que se apliquen debidamente las leyes nacionales, sino también estableciendo un nuevo Tribunal Internacional de la Infancia, respaldado por un sistema creíble de presentación de informes y sanciones.
Las violaciones de los derechos de la infancia están ahora tan extendidas que sencillamente no hay alternativa. En efecto, aunque ningún tratado de derechos humanos ha sido ratificado por más países que la CDN, que exige a los gobiernos informar sobre su cumplimiento cada cinco años, su labor carece de recursos y mecanismos de aplicación adecuados. Solo uno de cada siete países presenta a tiempo sus informes de cumplimiento, y un tercio ni siquiera los presenta con un año de retraso. Mientras tanto, las oficinas con financiación escasa que gestionan la información acumulan un retraso de dos años.
Otra iniciativa prometedora —el «protocolo facultativo relativo a un procedimiento de comunicaciones», destinado a permitir que los niños y sus defensores, por primera vez, presenten casos ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU— se ha visto debilitada de manera similar por la falta de apoyo firme, autoridad y recursos. De hecho, solo 14 países han ratificado el protocolo desde que se acordó en 2011.
Además, los Estados no están legalmente obligados a cambiar las políticas o leyes que se consideran contrarias a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Y la escasez de recursos para las investigaciones ha llevado a centrarse en leyes problemáticas, en lugar de abordar el problema más amplio de la aplicación insuficiente de las leyes que promueven los principios de la CDN.
Por tanto, hay motivos no solo para crear un Tribunal Internacional de la Infancia, sino también para conceder a los niños y a sus representantes el derecho a presentarle peticiones. Ese tribunal debería tener capacidad para recibir e investigar denuncias individuales, autoridad para supervisar de manera independiente la aplicación de las leyes y recursos para dedicar a investigaciones en ámbitos pertinentes, como el trabajo infantil, el matrimonio infantil, la esclavitud infantil, la mutilación genital y la violación de menores.
Con el tiempo, podría implantarse un sistema de presentación de informes que facilitara el examen del impacto de las políticas de salud y educación en los niños y niñas más marginados del mundo. Esa investigación podría aportar pruebas convincentes en apoyo de la educación universal obligatoria como mecanismo ideal no solo para acabar con la exclusión educativa, sino también para poner fin al trabajo infantil y la trata, el matrimonio precoz y la discriminación contra las niñas.
Podría lograrse otro avance, siguiendo el ejemplo de la victoria de Graça Machel hace una década, cuando convenció al Consejo de Seguridad de la ONU para que implantara un sistema de información sobre la violencia contra los niños en zonas de conflicto. En aquel momento, se acordó también establecer un Representante Especial para la cuestión de los niños y los conflictos armados, cuya labor estaría respaldada por la amenaza de sanciones. Hoy debería crearse un cargo similar —sustentado por el mismo sistema de presentación de informes y sanciones— centrado en los demás derechos de la infancia.
El próximo mes, Satyarthi y Malala Yousafzai, líder en materia de derechos de las niñas, recibirán el Premio Nobel de la Paz de este año, recordando al mundo que está en marcha una lucha por los derechos de la infancia, cada vez más liderada por jóvenes. En efecto, frustrados por la incapacidad de los adultos para cumplir lo que deberían ser sus deberes hacia la infancia, los jóvenes están creando zonas libres de matrimonio infantil, poniendo en marcha grupos contra la esclavitud y organizando campañas por el derecho a la educación. Estas iniciativas —entre ellas, las 20 zonas libres de matrimonio infantil de Bangladesh, el Foro Kamlari de Nepal y el Movimiento Amarillo de estudiantes universitarios de Etiopía— quizá todavía no sean tendencia en Twitter y Facebook, pero están movilizando a millones de jóvenes en todo el mundo.
Ahora, Global March Against Child Labor, Girls Not Brides y A World at School se han unido para apoyar la petición #UpForSchool, que vincula la oferta universal de educación con el fin de la explotación infantil. Durante los próximos meses, grupos juveniles de 190 países recogerán, se espera, un número récord de firmas.
Pero debemos hacer más que leer y firmar la petición. Debemos reconocer que el movimiento actual para garantizar los derechos de la infancia es la lucha por los derechos civiles de nuestra generación, y hacer todo lo necesario para apoyarlo.
Publicado en colaboración con Project Syndicate
Autor: Gordon Brown, ex primer ministro y ministro de Hacienda del Reino Unido, es enviado especial de las Naciones Unidas para la Educación Mundial.
Imagen: Niños refugiados sirios asisten a una clase en su campamento en Amán el 23 de diciembre de 2013. REUTERS.