En los últimos años ha aumentado la conciencia mundial sobre la interacción entre los derechos y el proceso de desarrollo, así como el reconocimiento generalizado de los determinantes sociales de la salud que conectan la pobreza, la igualdad y la salud. Sin embargo, para millones de personas en todo el mundo, el pleno disfrute del derecho a la salud sigue siendo un objetivo lejano.
La pobreza sigue siendo uno de los motores de la mala salud, la falta de acceso a la atención sanitaria y los medicamentos, y el subdesarrollo persistente. Según el Banco Mundial, en 2010 vivían en condiciones de pobreza extrema 700 millones de personas menos en las regiones en desarrollo que en 1990. Sin embargo, cada día miles de niños, mujeres y hombres mueren en silencio a causa de enfermedades prevenibles asociadas a la pobreza.
Las Naciones Unidas reconocen estos problemas y armonizan las orientaciones sobre el tema con la Declaración Universal de Derechos Humanos, en apoyo de las acciones de los Estados miembros y los organismos multilaterales de desarrollo. En 2000, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU publicó orientaciones jurídicas sobre la aplicación del derecho a la salud en su documento Observación general n.º 14. También patrocina declaraciones y comisiones mundiales sobre los determinantes sociales de la salud. Y desde 1950, el Día de los Derechos Humanos, que se celebra cada año el 10 de diciembre, ha servido para recordar la importancia del reconocimiento y la promoción de los derechos y del derecho humano a la salud.
De la retórica a la práctica
Pese a que la comunidad internacional concede gran atención a la salud en los niveles más altos y reconoce la estrecha relación entre la pobreza y la enfermedad, llevar la retórica a la práctica sigue siendo un problema.
Los marcos internacionales ofrecen orientaciones valiosas y concretas para la acción. Sin embargo, en la práctica, la aplicación de políticas sigue siendo desigual en el amplio espectro de cuestiones relacionadas con los derechos humanos.
El juego político
Para William Easterly, profesor de Economía en la Universidad de Nueva York, «qué derechos relacionados con la salud se hacen efectivos es una batalla política», supeditada a una realidad política y económica que obtiene beneficios de los márgenes de la (mala) salud.
Tiene razón: no podemos restar importancia a la política. Pensemos en un financiador —ya sea la Fundación Gates, el Wellcome Trust, una organización benéfica privada o un programa gubernamental—: su agenda puede llevarlo a dedicar muchos recursos (financieros y humanos) a abordar una enfermedad y pasar por alto problemas más amplios o sus causas. O pensemos en los programas promovidos por el Plan de Emergencia del Presidente de los Estados Unidos para el Alivio del SIDA (PEPFAR) y el Fondo Mundial: aunque tengan las mejores intenciones, pueden estar guiados por sus propias opiniones, agendas y objetivos.
Sin duda, afecciones como el VIH, la malaria y la tuberculosis representan más del 90 % de la carga mundial de morbilidad, pero los millones de dólares destinados a programas para combatir estas enfermedades han contribuido poco a fortalecer unos sistemas de atención sanitaria débiles que, en muchos casos, son inaccesibles o generan desconfianza entre las personas a las que están destinados a ayudar.
Igualmente importante para el derecho de las personas es que enfermedades como el VIH/sida, la tuberculosis y la malaria tienden a recibir una proporción desmedida de la atención y los recursos en comparación con otras enfermedades, como el Chagas, el dengue y la chikunguña. Estas últimas, aunque aumentan el número de víctimas y están muy vinculadas a la pobreza y a sociedades marginadas, siguen relegadas en la gobernanza mundial de la salud porque no provocan emergencias epidemiológicas mundiales.
El riesgo es que lo visible y urgente se anteponga a lo marginal y a las acciones dirigidas a las personas pobres. Esto ignora los factores sociales que causan pobreza y exclusión, las discrimina de forma positiva y normaliza e incluso reproduce las desigualdades. El brote de ébola en África Occidental nos recuerda estos riesgos.
Organizaciones regionales
La realización de los derechos, las garantías y las obligaciones de las personas depende en gran medida de la naturaleza del Estado y de su capacidad para responder a las demandas, los intereses y las presiones de la población dentro del país. Los filántropos de los países ricos y, en términos más generales, la comunidad mundial de ayuda pueden respaldar las estrategias nacionales e incorporarlas a la agenda general. Pero creemos que los socios del desarrollo que suelen quedar desatendidos tienen un papel que desempeñar: las organizaciones regionales.
Las organizaciones regionales pueden ser motores clave del desarrollo de políticas sociales progresistas y de la promoción de los derechos. Por ejemplo, la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) ha establecido un tribunal regional de justicia que juzga casos relacionados con los derechos laborales nacionales, mientras que la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) impulsa actualmente iniciativas para ampliar las prestaciones de atención sanitaria y seguridad social en sus Estados miembros. También contribuye a definir políticas sobre discapacidad en todo el mundo al expresarse con una sola voz en la Organización Mundial de la Salud. Esto tiene sentido porque algunos daños sociales y epidemias trascienden por naturaleza las fronteras y se agravan o se propagan debido a acontecimientos regionales.
Las organizaciones regionales creadas con otros fines están adquiriendo ahora mucha más importancia para la salud, y serán particularmente importantes si consideramos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lanzados recientemente por la ONU para dar continuidad al trabajo de la iniciativa de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de 2015.
Organizaciones como UNASUR y la CEDEAO pueden ofrecer a donantes y socios un único punto de contacto para debatir e implementar programas de reducción de la pobreza en sus países. Están cerca de sus poblaciones y pueden desarrollar la cooperación técnica, construir infraestructura y fortalecer las capacidades entre los Estados miembros, ampliando las prácticas para reducir las disparidades socioeconómicas.
Renovar el énfasis en la salud como derecho humano fundamental es una cuestión de pobreza. Exige reflexionar sobre los determinantes profundos del (sub)desarrollo y la exclusión social, así como sobre los compromisos nacionales, regionales y mundiales para mejorar el acceso a los servicios de salud, los medicamentos y las oportunidades. Desatenderlo sería una tragedia de la asistencia humanitaria y, posiblemente, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Este artículo se publica en colaboración con The Conversation. Su publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde las opiniones expresadas.
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Autoría: Pia Riggirozzi es profesora asociada de Política Global en la Universidad de Southampton. Erica Penfold es investigadora en el Instituto Sudafricano de Asuntos Internacionales de la Open University.
Imagen: Se ve a residentes en la villa miseria Villa 31, que, según los censos, ha crecido un 50 por ciento en los últimos cuatro años y actualmente alberga a unas 40.000 personas, cerca de la estación ferroviaria Retiro, de 100 años de antigüedad, en el corazón de Buenos Aires, el 9 de febrero de 2014. REUTERS/Enrique Marcarian.