Este artículo se publicó por primera vez en Thomson Reuters Foundation trust.org.
Las personas que trabajan en la industria pesquera carecen de vías claras para presentar quejas por condiciones laborales abusivas o para obtener reparación de sus empleadores, porque demasiados departamentos gubernamentales distintos participan en la protección de sus derechos, según afirmaron el lunes expertos jurídicos.
En todo el mundo, más de 30 millones de personas trabajan en la industria pesquera, y más de la mitad de ellas tiene empleo a tiempo completo en barcos pesqueros, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en un sector que ha sido objeto de críticas por abusos contra los derechos humanos.
Un estudio sobre la legislación de la industria pesquera en 13 países, así como en la Unión Europea, publicado este mes por el despacho de abogados internacional Linklaters, concluyó que, aunque la mayoría de los países cuentan con legislación sólida, tienen dificultades para hacerla cumplir.
“El mayor desafío es la aplicación, porque la responsabilidad en este ámbito suele estar muy fragmentada”, afirmó Ben Carroll, socio de Linklaters.
“Eso supone un verdadero reto para los reguladores que intentan asegurarse de que nada quede sin atender”.
Filipinas, Tailandia, Singapur, Indonesia, Japón y China utilizan ministerios gubernamentales para supervisar sus industrias pesqueras, que no siempre son específicas de la pesca, pero que podrían depender del ministerio de Trabajo o del de Agricultura, según el estudio.
En cambio, Reino Unido, Alemania y Sudáfrica, que también formaron parte del estudio, cuentan con un organismo específico que concede licencias a los buques pesqueros o tiene derecho a inspeccionarlos.
“Dado que la rendición de cuentas se reparte entre varias agencias y departamentos, no existe una vía clara para presentar denuncias ni para obtener reparación”, señala el informe sobre Filipinas.
Varias agencias gubernamentales filipinas, entre ellas el Departamento de Empleo y la Guardia Costera, firmaron recientemente un memorando para mejorar la colaboración.
“El problema es que cada agencia cree que es problema de la otra”, afirmó Sarah Barnard, asociada de Linklaters.
Otros países incluidos en el estudio, realizado con la colaboración de Trustlaw, el servicio jurídico pro bono de Thomson Reuters Foundation, en nombre de Visayan Forum de Filipinas, fueron España, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y la Unión Europea.
Solo cinco países –Argentina, Bosnia y Herzegovina, Congo, Marruecos y Sudáfrica– han firmado un convenio de la OIT, adoptado hace ocho años, destinado a garantizar condiciones de trabajo dignas en la industria pesquera.
La publicación no implica el respaldo de los puntos de vista por parte del Foro Económico Mundial.
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Autor: Thomson Reuters Foundation, el brazo benéfico de Thomson Reuters, que cubre noticias humanitarias, derechos de las mujeres, trata de personas, corrupción y cambio climático.
Imagen: Un pescador bozo lanza su red desde una piragua frente al pueblo de Saaya, en el delta interior del río Níger. REUTERS/Florin Lorganda.