En nuestros blogs anteriores sobre la corrupción hemos examinado sus causas y consecuencias en el proceso de desarrollo económico. En nuestro último blog, Seis estrategias para combatir la corrupción, abordamos la cuestión de qué se puede hacer al respecto y analizamos el papel de las políticas económicas en el desarrollo de los incentivos y las instituciones adecuados para reducir su incidencia. En este blog ofrecemos algunas reflexiones sobre las dimensiones morales de la corrupción.
En su erudito y exhaustivo estudio del soborno a lo largo de los siglos, Noonan (1984, p. 700) observa que «el bien común de cualquier sociedad consiste no solo en sus bienes materiales, sino también en sus ideales compartidos. Cuando estos ideales son traicionados, como sucede cuando se practica el soborno, el bien común, aunque intangible, resulta perjudicado». El soborno y la corrupción —por mucho que los expertos quieran disfrazarlos con el lenguaje de los costos y beneficios y de las decisiones económicas— tienen una dimensión moral. Ignorarla implica correr riesgos y ocasionar un costo considerable a la sociedad en cuanto a la eficacia de las medidas adoptadas para limitar o atenuar sus efectos corrosivos. Noonan ofrece varias razones para respaldar la tesis de que el soborno tiene una fuerte dimensión moral. A estas alturas, está tipificado como delito en prácticamente todos los países del planeta, aunque la aplicación de las leyes que lo condenan pueda ser débil. Como hemos visto, la propia corrupción puede haber debilitado al Estado y su capacidad para sancionar las infracciones de la ley, pero no hay mucha ambigüedad en cuanto a que en todas partes se considera el soborno una perversión, de ahí la necesidad de actuar en secreto y con engaños, y de que los culpables utilicen eufemismos (regalos, contribuciones) cuando el asunto sale a la luz.
El soborno está relacionado con el poder. A quien esté dispuesto a pagar más se le concederá la exención, podrá excluir a la competencia y obtendrá la ventaja. Una plutocracia, un mundo en el que mandan la riqueza y el dinero, no es un sistema que probablemente cautive la imaginación popular. Quienes sobornan lo entienden y, por esa misma razón, no anuncian sus actos y se ven condenados a actuar entre bastidores, al margen de la legalidad y la moralidad. Por supuesto, el soborno y la corrupción son traiciones a la confianza. Noonan (p. 704) lo expresa con elegancia al afirmar: «el daño social que causan los abusos de confianza va más allá de cualquier medición material. Cuando los funcionarios públicos actúan para enriquecerse, actúan contra el tejido del que dependen, pues ¿en qué se basa el gobierno si no en la expectativa de que quienes han sido elegidos para actuar en favor del bienestar público servirán a ese bienestar?». Igualmente importante es que el soborno y la corrupción están profundamente reñidos con la base moral de la mayoría de las grandes religiones del mundo, que a menudo han proporcionado los fundamentos morales del Estado moderno, como queda claro, por ejemplo, al leer la Constitución de EE. UU. y otros documentos fundacionales similares.
En muchas de las medidas analizadas en blogs anteriores, destinadas a combatir la corrupción, la filosofía subyacente consiste en eliminar las oportunidades para corromperse mediante cambios en los incentivos, el cierre de resquicios legales y la eliminación de normas mal concebidas que fomentan conductas corruptas. Si, por ejemplo, el presupuesto se formula, aprueba y ejecuta en un entorno de normas claras y procedimientos transparentes, es mucho menos probable que se convierta en un instrumento de abuso y enriquecimiento personal. Sin embargo, un enfoque centrado únicamente en cambiar las normas y los incentivos, acompañado de castigos debidamente severos por infringirlas, probablemente será mucho más eficaz si también cuenta con el respaldo de iniciativas para reforzar los fundamentos morales y éticos de la conducta humana. Una estrategia contra la corrupción basada exclusivamente en diseñar mejores normas y castigos más severos para quienes las infringen probablemente será costosa e ineficiente: costosa por la necesidad de crear una infraestructura de aplicación de las normas que sea creíble y detecte y sancione a quienes las infringen; e ineficiente porque enfrenta de inmediato a los reguladores y encargados de hacer cumplir las normas con los infractores en un juego del gato y el ratón. Y hemos visto que los ratones suelen estar bien preparados para ganar, porque lo que está en juego es mucho y el gato (el regulador) está mal pagado, sobrecargado de trabajo y en desventaja intelectual. La crisis financiera mundial de 2008-2009 puso de manifiesto enormes lagunas en la regulación del sistema bancario «en la sombra» (fondos de cobertura, bancos de inversión y otros vehículos fuera de balance), pero también mostró que los reguladores mal pagados no pueden competir con la creatividad de los banqueros dispuestos a estirar las normas para ocultar la realidad y aumentar las ganancias a corto plazo.
Esto significa que, desde una perspectiva a largo plazo, las estrategias anticorrupción deben contar con el respaldo de la educación moral y el fortalecimiento de los principios éticos que sustentan la sociedad. Las políticas adecuadas y los incentivos apropiados quizá contribuyan, en última instancia, a abordar el problema de la corrupción, pero en muchos lugares puede que no basten. Esto podría significar reforzar el componente de responsabilidad cívica de la educación laica. Podría exigir que los líderes religiosos —que tienen una gran responsabilidad en el declive de la religión como fuerza de cohesión social— dejen de lado las estrechas diferencias doctrinales y vuelvan a las raíces espirituales de sus respectivas fes para revitalizar su capacidad de guiar a las personas y las sociedades hacia una identificación más fuerte con la dimensión espiritual, en lugar de la material, de la naturaleza humana. En particular, supondrá establecer alianzas con todas las organizaciones y fuerzas sociales que tengan una sólida base ética. En una sociedad con normas éticas más sólidas, la lucha contra la corrupción contará con una nueva fuente de fortaleza que complementará los avances logrados en los últimos años en la mejora del marco jurídico destinado a combatir el soborno y la corrupción.
Esta publicación apareció originalmente en el blog Future Development del Banco Mundial
Autor: Augusto Lopez-Claros es director de Indicadores Globales y Análisis del Banco Mundial.
Imagen: Una niña iraquí muestra su dinero mientras hace cola a primera hora de la mañana para comprar pan en la fábrica de pan de Bagdad, el 20 de mayo de 2003. REUTERS/Kieran Doherty.