La crisis actual en el Mediterráneo, que ha causado más de 30 veces más muertes que en el mismo período del año pasado, ha atraído una atención mediática sin precedentes. Lo que debería ser una tragedia humanitaria ha sido secuestrado por políticos oportunistas, que en muchos casos han tergiversado de manera fundamental y deliberada las causas subyacentes del problema. Si las soluciones se basan en esa tergiversación, fracasarán y tendrán consecuencias perjudiciales.
Desde comienzos de la semana, el primer ministro de Italia, Matteo Renzi, se centró en proclamar una «guerra contra el tráfico de personas», describiéndolo como «la esclavitud de nuestro tiempo».
El secretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Phillip Hammond, y otros siguieron su ejemplo. Sin embargo, este relato presenta al menos dos problemas. En primer lugar, no logra distinguir entre «trata de personas» y «tráfico ilícito de migrantes», pues la primera es irrelevante en este contexto.
En segundo lugar, y más importante, no reconoce que el tráfico ilícito de migrantes no causa la migración, sino que responde a una demanda subyacente. Criminalizar a los traficantes sirve de chivo expiatorio conveniente, pero no puede resolver el problema. Simplemente lo desplazará, elevará los precios, atraerá a participantes del mercado cada vez menos escrupulosos y hará que el viaje sea cada vez más peligroso.
Crisis de desplazamiento
Las causas reales de la tragedia son dos. En primer lugar, debemos situarla en un contexto más amplio. Existe una crisis mundial de desplazamiento. En todo el mundo hay más personas desplazadas que en cualquier otro momento desde la Segunda Guerra Mundial. A escala global, hay más de 50 millones de personas desplazadas y 16 millones de refugiados. Tomemos el caso de Siria: hay 9 millones de sirios desplazados, de los cuales 3 millones son refugiados. La mayoría están en Turquía, Jordania y Líbano. Pero países como Jordania y Líbano —cuyas capacidades están al límite— ahora están cerrando sus fronteras y necesitan que la comunidad internacional comparta la carga. Estas personas tienen que ir a algún lugar y, cada vez más, viajan hasta Europa en busca de protección.
En segundo lugar, la causa de las muertes está directamente vinculada a la decisión de Europa de poner fin a la operación italiana de búsqueda y rescate Mare Nostrum en noviembre de 2014 y sustituirla por la Operación Tritón de la UE, financiada de manera insuficiente. Mare Nostrum salvó más de 100.000 vidas el año pasado. Desde el fin de Mare Nostrum, se ha rescatado a muchas menos personas y han muerto muchas más. Para abordar la crisis, primero hay que examinar estas dos causas.
Los datos existentes muestran que quienes cruzan el Mediterráneo proceden cada vez más de países de los que huyen refugiados, como Siria, Eritrea y Somalia. Aunque algunos —procedentes de África Occidental— quizá tengan más probabilidades de dejar atrás la pobreza o buscar oportunidades, una enorme proporción huye de conflictos y persecución y necesita protección internacional.
Tenemos obligaciones jurídicas internacionales de proteger a esas personas. Sin embargo, la UE no lo ha reconocido en gran medida. El lunes, la UE celebró una reunión de emergencia en Luxemburgo, en la que elaboró un plan de diez puntos. Era impreciso en cuanto a los detalles, pero hacía hincapié en desmantelar las redes de tráfico ilícito y contener la migración desde el norte de África. Las referencias a funciones humanitarias, como ampliar Tritón y reasentar refugiados, quedaron poco especificadas. En otras palabras, la lógica se centraba principalmente en la contención y las operaciones contra el tráfico ilícito.
Este énfasis se repite en el borrador filtrado de la declaración de la Cumbre de la UE. La declaración destaca las deportaciones y el control de la inmigración: es un manifiesto de contención. Propone deportar a 150.000 personas y ofrecer la reubicación de hasta una cuota de 5.000 en toda Europa, al tiempo que subraya la aspiración de reforzar la capacidad de Libia para controlar la migración hacia la UE. Vuelve a mostrar una incomprensión de las causas subyacentes del problema y probablemente sea incompatible con el derecho internacional de los refugiados y de los derechos humanos.
No hay soluciones sencillas para este problema. Pero la clave para encontrar soluciones está en situarlo en su contexto más amplio. El relator de la ONU sobre los derechos humanos de los migrantes, Francois Crepeau, ha sido una de las voces más elocuentes al destacar esta cuestión.
Una declaración conjunta de Antonio Guterres, Peter Sutherland, Bill Swing y Zeid Ra’ad Al Hussein ha subrayado la necesidad de soluciones que vayan más allá de la respuesta «minimalista» de la UE. Entre ellas figuran una operación de búsqueda y rescate bien dotada de recursos; vías para una migración segura y regular; un compromiso firme de recibir a un número significativamente mayor de refugiados mediante el reasentamiento en toda la UE; el refuerzo de los mecanismos para compartir la carga de manera más equitativa en Europa, y la lucha contra el racismo y la xenofobia. Son soluciones sensatas que hacen avanzar el debate.
Sin embargo, para abordar en última instancia las causas subyacentes del problema, se necesita un enfoque global e integral. Es un síntoma de una crisis mundial de desplazamiento que debe abordarse de manera integral.
Lecciones de la historia
La historia ofrece lecciones instructivas. Tras el fin de la guerra de Vietnam en 1975, cientos de miles de «personas de los barcos» indochinas cruzaron literalmente las aguas territoriales desde Vietnam, Laos y Camboya hacia países de acogida del Sudeste Asiático, como Malasia, Singapur, Tailandia y Filipinas, así como Hong Kong. Durante las décadas de 1970 y 1980, los países de acogida, ante la llegada de personas, hicieron retroceder al agua a muchas embarcaciones y hubo personas que se ahogaron. Al igual que hoy, las imágenes televisivas y periodísticas de personas ahogándose provocaron una reacción pública. Pero abordar el problema requirió liderazgo político y cooperación internacional a gran escala.
En 1989, bajo el liderazgo del ACNUR, se acordó un Plan de Acción Integral (CPA) para los refugiados indochinos. Se basó en un acuerdo internacional para compartir responsabilidades. Los países receptores del Sudeste Asiático acordaron mantener abiertas sus fronteras, participar en operaciones de búsqueda y rescate y ofrecer acogida a las personas de los barcos.
Pero lo hicieron sobre la base de dos conjuntos de compromisos de otros Estados. En primer lugar, una coalición de gobiernos —Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y los Estados europeos— se comprometió a reasentar a todas las personas reconocidas como refugiadas. En segundo lugar, se encontraron soluciones alternativas y humanitarias, incluido el retorno y vías alternativas de inmigración legal, para quienes no eran refugiados necesitados de protección internacional. El CPA permitió el reasentamiento de millones de personas y abordó el desafío humanitario más inmediato.
El CPA no era perfecto ni constituye una analogía perfecta con el Mediterráneo actual, pero pone de relieve la necesidad de un marco más amplio, basado en la cooperación internacional y el reparto de responsabilidades. Los elementos de una solución a la crisis actual deben articularse en varios niveles.
Entre ellos figuran mejoras en las operaciones de búsqueda y rescate para recuperar al menos la capacidad de Mare Nostrum; un reparto más equitativo de la carga y la reubicación de refugiados dentro de la Unión Europea; apoyo para desarrollar gradualmente las capacidades de protección y de derechos humanos de los países de tránsito. Además de estas soluciones creativas, se necesita apoyo adicional para los países que acogen refugiados en las regiones de origen, y debemos fomentar la capacidad de los refugiados para contribuir a su país de acogida. Por último, necesitamos un programa europeo de reasentamiento que refleje el compromiso de compartir proporcionalmente la responsabilidad por la población mundial de refugiados.
Sobre todo, sin embargo, las soluciones deben surgir de una reafirmación de la necesidad de respetar el asilo y la protección de los refugiados, y de considerar ambos como una responsabilidad mundial compartida.
Si de la crisis actual puede surgir algo positivo, es la oportunidad de ejercer liderazgo político para replantear cómo ve el público a los refugiados y proponer soluciones creativas para refugiados y migrantes vulnerables a escala mundial.
Pero eso requerirá valor y liderazgo políticos.
Este artículo se publicó originalmente en The Conversation. Lee el artículo original. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde estas opiniones.
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Autor: Alexander Betts es profesor asociado Leopold Muller de estudios sobre refugiados y migración forzada
Imagen: Niños sudaneses se reúnen para celebrar el Día Mundial del Refugiado en un campamento de refugiados. REUTERS/Esam Al-Fetori.
