Si vuela desde el aeropuerto de Heathrow, en Londres, quizá sobrevuele un campo cubierto de hierba llamado Runnymede. Hace ochocientos años, en este mismo mes, ofrecía un espectáculo colorido, salpicado de tiendas de campaña de barones y caballeros, y del pabellón más grande del rey Juan de Inglaterra, que parecía la carpa de un circo, con el estandarte real ondeando en lo alto.
A pesar del aspecto de espectáculo ceremonial de la reunión, el ambiente era sin duda tenso. El propósito era resolver un conflicto entre barones rebeldes y su rey, un gobernante descrito por un contemporáneo como «rebosante de malas cualidades».
Los esfuerzos de Juan por recaudar dinero para recuperar las tierras perdidas en Francia superaron los impuestos y gravámenes habituales que los nobles habían aceptado de sus predecesores. El rey se apoderaba de las propiedades y, a veces, de la persona de los señores o comerciantes acaudalados, y exigía cuantiosos pagos para liberarlos.
Si sus años de acumulación de dinero hubieran desembocado en una victoria, Juan quizá habría salido impune con sus métodos arbitrarios; pero, tras ser derrotado en Francia, un grupo de barones se alzó contra él y tomó Londres. Como parte de un acuerdo de paz negociado por el arzobispo de Canterbury, el rey aceptó las exigencias de los barones, presentadas en un documento llamado Magna Carta, o «la Gran Carta».
La Magna Carta no fue la primera carta otorgada por un rey inglés. Un siglo antes, Enrique I, al emitir una Carta de Coronación, había indicado que respetaría más los privilegios de los nobles que su predecesor. Pero sus sucesores pronto volvieron a las costumbres arbitrarias de los reyes de aquella época.
También parecía que la Magna Carta podía tener una vida breve. El papa Inocencio III, que había formado una alianza con el rey, no tardó en anularla. Pero Juan murió al año siguiente, y los nobles que respaldaban a su sucesor, Enrique III, de nueve años, necesitaban apoyo frente a un pretendiente rival al trono. Para obtener ese apoyo, el gobierno de Enrique volvió a promulgar su propia versión de la Magna Carta, que sigue formando parte de las leyes de Inglaterra.
Se hicieron copias y se distribuyeron entre muchas de las grandes catedrales inglesas. El original en latín se tradujo primero al francés, la lengua de la nobleza, y luego al inglés. A finales del siglo, los campesinos la citaban en su lucha contra la injusticia.
La primera edición impresa se publicó en 1508. En la década de 1640, los parlamentarios vieron en ella una base jurídica para derrocar al rey Carlos I. Más tarde, otros rebeldes, entre ellos los revolucionarios estadounidenses y Nelson Mandela, justificaron de manera similar sus acciones apelando a la Magna Carta.
Lo que estos luchadores por la justicia y la libertad extraen de este documento de 3.500 palabras son sus breves declaraciones de principios generales, en respuesta a la confiscación arbitraria de los bienes y la persona de sus súbditos por parte de Juan. En su capítulo 39, la Magna Carta afirma: «Ningún hombre libre será arrestado, encarcelado, desposeído [privado de sus bienes], declarado fuera de la ley, exiliado ni destruido de modo alguno, ni actuaremos contra él ni enviaremos a nadie contra él, salvo por el juicio legítimo de sus pares o por la ley del país». El capítulo 40 enuncia concisamente otro principio poderoso: «A nadie venderemos, a nadie negaremos ni demoraremos el derecho o la justicia».
Estos dos capítulos tienen un eco moderno en la 14.ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que dispone que ningún estado privará a nadie de la vida, la libertad o la propiedad «sin el debido proceso legal», ni negará a nadie «la igual protección de las leyes».
Sin embargo, la Magna Carta no es un documento democrático. Aunque estableció que los impuestos requerían el consentimiento común, este debía obtenerse de una asamblea de condes, barones, obispos y abades; en la era de la caballería, ni siquiera se invitó a participar a los caballeros.
En aquel momento se expresó la idea de que ciudades como Londres debían estar representadas, pero no tuvo cabida en el texto final. Lo que muestra, por tanto, la Magna Carta es que «¿Quién gobierna?» es una pregunta, y «¿Cuáles son, si los hay, los límites del poder político?» es otra.
Al intentar establecer límites al poder político sin fundamentarlos en la soberanía del pueblo, la Magna Carta puso de manifiesto un problema que los filósofos llevan más de 800 años tratando de resolver. ¿De dónde provienen los principios que restringen a los gobernantes, si no provienen ni de estos ni de sus súbditos?
La tradición del derecho natural ofrece una respuesta familiar para los estudiosos medievales, para quienes el derecho natural era cognoscible mediante nuestra razón natural (a diferencia de las leyes que solo podían descubrirse mediante la revelación divina). Los principios fundamentales de la Magna Carta pueden considerarse derivados de la razón, porque la propia idea de una ley excluye el arresto y la confiscación arbitrarios, así como la emisión de un veredicto por motivos distintos de la aplicación adecuada de la ley. Si A tiene la obligación legal de devolver la vaca de B cuando esta se extravía en sus tierras, y luego la vaca de C se extravía en las tierras de B en circunstancias relevantemente similares, B también debe tener la obligación de devolver la vaca de C. C no necesita sobornar al juez para recuperar su vaca.
Nada en la Magna Carta impide promulgar y aplicar leyes injustas; pero sí eleva la ley por encima de la voluntad del gobernante. Por desgracia, esa idea aún no se acepta en muchos países. Además, como demuestra la persistencia del centro penitenciario estadounidense de la bahía de Guantánamo, incluso en países cuyas instituciones políticas se remontan a la Magna Carta, las amenazas percibidas a la seguridad han debilitado el requisito de que nadie sea arrestado salvo conforme a la ley del país y de que la justicia no se demore.
Este artículo se publica en colaboración con Project Syndicate. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde estas opiniones.
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Autor: Peter Singer es profesor de Bioética en la Universidad de Princeton y profesor laureado en la Universidad de Melbourne.
Imagen: Vista de cerca de la Magna Carta de 1297 en el sótano de los Archivos Nacionales, en Washington, el 3 de marzo de 2008. REUTERS/Larry Downing.