Combatir la corrupción se logra mejor cuando las personas trabajan juntas desde la base, escribe Mohamed El Dahshan, de la Universidad de Harvard.
En la década de 1990, Uganda sufría un problema de corrupción tan grave que, por cada 100 dólares que el gobierno desembolsaba para las escuelas de todo el país, solo 20 llegaban a su destino; 80 dólares desaparecían de algún modo, desviados por el camino. Así, el Ministerio de Finanzas decidió probar un enfoque novedoso: informó a los medios locales y colocó carteles en las escuelas con el detalle de las sumas que se iban a liberar. Esta vez, el 90 % del dinero llegó a su destino.
Hay dos lecciones principales. La primera: el problema no se resolvió con una decisión desde arriba de prohibir la práctica, sino en realidad informando y, así, empoderando a los ciudadanos. Y la segunda: esto podría seguir sin resolverse si no hubiera sido por un valiente alto funcionario del gobierno, Emmanuel Tumusiime-Mutebile, que decidió afrontar el problema, arriesgándose a un escándalo político al revelar la corrupción, en lugar de barrerla bajo la alfombra.
Hacer que la transparencia funcione para el desarrollo, especialmente en el mundo en desarrollo, no vendrá de firmar acuerdos como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, o el Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC. Vendrá de empoderar a los ciudadanos: informando al público en general de sus derechos y deberes y los de los servidores públicos, y divulgando documentos y procedimientos gubernamentales para permitir la supervisión pública.
Existe un término abreviado para esto: Gobierno Abierto.
Las iniciativas de Gobierno Abierto no son patrimonio exclusivo de los países desarrollados; de hecho, algunas de las más interesantes provienen del Sur global. Tomemos la carta de la iniciativa OpenGov tunecina , que define su objetivo como “impulsar la plena transparencia y la participación ciudadana en la gestión de los asuntos públicos, con el fin de garantizar el derecho a una sociedad justa, democrática y próspera”. Se trata de una iniciativa ciudadana que ha atraído el apoyo de varios miembros de la Asamblea Constituyente y ha puesto en marcha una serie de campañas e iniciativas públicas que ya están cambiando la percepción pública frente a la transparencia.
Alcanzar esa visión permitirá contar con una base popular más amplia, incluidos los organismos especializados que surgirán, para escrutar mejor la labor del Estado, elogiándola o criticándola, pero en última instancia aportando soluciones e ideas. También permitirá al propio gobierno detectar sus propios puntos débiles: qué departamentos obstaculizan el trabajo de otros.
Alcanzar esa visión, sin embargo, no será fácil. No todos los países tienen su Tumusiime-Mutebile, y muchos funcionarios públicos se benefician de la opacidad de las transacciones gubernamentales. Algunos intentan legalizar esta opacidad: en mi país de origen, Egipto, por ejemplo, el gobierno ha aprobado recientemente por la fuerza una constitución que permite al presidente nombrar a los responsables de las agencias de supervisión y regulación, socavando así su propia razón de ser al mantenerlas subordinadas al poder ejecutivo que deberían supervisar.
Si queremos apoyar la transparencia para el desarrollo en todo el mundo, debemos fomentar un entorno en el que las personas comprendan su papel como ciudadanos que supervisan al gobierno, así como comprendan la información a la que tendrán acceso y aprendan a clasificarla. Solo entonces podremos frenar la corrupción y presionar a los gobiernos para que mejoren las condiciones de vida de la población, y no solo de una pequeña parte de ella.
Autor: Mohamed El Dahshan es investigador senior del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard. Participa en la Reunión Anual 2013 del Foro Económico Mundial en Davos.
Imagen: Sombra de un hombre de negocios cruzando una calle REUTERS/Daniel Munoz