Durante muchos años, Human Rights Watch ha investigado situaciones en las que las empresas han tenido graves problemas de derechos humanos. Ya sea una petrolera que recurre a fuerzas estatales abusivas o que tiene fuerzas de seguridad privadas abusivas, una constructora que maltrata a sus trabajadores o una empresa tecnológica que censura o espía a los usuarios por orden de un gobierno abusivo, hay muchas situaciones en las que las empresas pueden incidir directamente en los derechos humanos.
Hace una década, pocas empresas reconocían sus responsabilidades en materia de derechos humanos, pero hoy ninguna empresa sofisticada las niega. En el último año, Naciones Unidas reconoció esas responsabilidades al aprobar los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Los Principios de la ONU presentan deficiencias, pero demuestran que la comunidad internacional cree firmemente que las empresas tienen responsabilidades en materia de derechos humanos.
En los últimos años se ha producido un aumento notable de los mecanismos multipartitos para garantizar que las empresas o la actividad empresarial respeten los derechos humanos. Los Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos establecen normas para las industrias extractivas. La Fair Labor Association supervisa la conducta de las empresas de confección y calzado para proteger a los trabajadores. Y la Global Network Initiative supervisa a las empresas tecnológicas para garantizar que protejan la libertad de expresión y la privacidad en línea. Estos y otros esfuerzos demuestran que las empresas pueden abordar los derechos humanos, pero siguen siendo medidas voluntarias para las empresas que decidan adoptarlas. Eso debe cambiar.
Los gobiernos tienen la responsabilidad última de regular, tanto por sí mismos como a través de instituciones internacionales como el Grupo Banco Mundial, que presta a empresas y a proyectos respaldados por gobiernos. Un avance interesante son los requisitos de presentación de informes sobre derechos humanos y gobernanza mediante la regulación de valores. En virtud de la ley de reforma financiera Dodd-Frank de Estados Unidos, las empresas extractivas que cotizan en bolsa deberán revelar cuánto pagan a los gobiernos de países ricos en recursos, con el fin de aportar la transparencia tan necesaria en ese sector. Europa podría seguir pronto con normas similares.
Las empresas también tendrán que empezar a revelar si se abastecen de minerales de «conflicto» de la República Democrática del Congo en 2014 en virtud de Dodd-Frank. Lamentablemente, las organizaciones del sector están demandando para intentar frenar estos esfuerzos. Esperamos que esto sea el inicio de una evolución hacia la diligencia debida obligatoria en materia de derechos humanos para las empresas, como parte de sus obligaciones con los accionistas.
Si la última década se dedicó a reconocer que las empresas tienen responsabilidades en materia de derechos humanos, los próximos años deberían dedicarse a promulgar nuevas normas que obliguen a las empresas a cumplir con esas responsabilidades.
Autor: Arvind Ganesan es director de la División de Empresas y Derechos Humanos de Human Rights Watch.
Imagen: El reflejo de un hombre de negocios se ve mientras baja por una escalera en Tokio REUTERS/Yuriko Nakao
