El robo de secretos comerciales supone una pérdida significativa para las empresas individuales y para la economía mundial, lo que levanta barreras para las empresas que compiten de forma justa y perjudica los esfuerzos por crear empleo y estimular el crecimiento.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en 2008 el valor económico total mundial de los materiales falsificados y pirateados fue de US$ 650 000 millones. Para 2015, se estima que el valor mundial de los productos falsificados y pirateados aumentará hasta alcanzar los US$ 1,77 billones.
Si bien la regulación gubernamental seguirá siendo esencial para proteger la propiedad intelectual (PI), el sector privado puede desempeñar un papel fundamental para impulsar prácticas empresariales responsables y cubrir las lagunas regulatorias allí donde no existen leyes adecuadas o la aplicación de la ley es deficiente. Las iniciativas impulsadas por la industria pueden ayudar a incorporar prácticas empresariales responsables en las cadenas de suministro globales y en los mercados, creando un entorno operativo más justo, previsible y basado en normas, en el que la inversión y el crecimiento puedan prosperar.
Las cadenas de suministro globales representan una enorme oportunidad para reforzar la gobernanza y desarrollar redes de confianza que protejan mejor la PI. De hecho, muchas empresas ya están implicando a sus cadenas de suministro y redes empresariales para impulsar mejoras en otros ámbitos, como el trabajo, la salud y seguridad, el medio ambiente y el aseguramiento de la calidad, mediante el uso de códigos de conducta para proveedores, formación y desarrollo de capacidades.
Aprovechando el poder de las cadenas de suministro globales y basándose en la experiencia práctica y los avances en la gestión de las cadenas de suministro logrados en las últimas dos décadas, las empresas pueden aprovechar los procesos y sistemas de gestión existentes para garantizar el respeto de los derechos de PI.
El objetivo de las empresas debe ser proteger su propia PI, así como la de quienes tratan con ellas, mediante sistemas y procesos de gestión –incluidas políticas relacionadas con la PI, un equipo de «cumplimiento» en materia de PI, evaluación de riesgos y formación– arraigados en el ADN de la empresa, y que puedan medirse y mejorarse con el tiempo y ante circunstancias cambiantes. Para garantizar su eficacia y demostrar su compromiso con la protección de la PI, las empresas deben supervisar y mejorar estos sistemas de gestión de la PI de forma continua. Las herramientas, los recursos y la formación creíbles y escalables pueden fomentar la capacidad dentro de la cadena de suministro, al incorporar procesos empresariales responsables y crear una cultura de cumplimiento. Estos esfuerzos contribuirán en gran medida a fomentar una competencia leal.
La Declaración de Camp David del G8 fue un paso bienvenido hacia una mejor protección de la PI. Subraya el vínculo vital entre la protección de los derechos de PI y el mantenimiento de la fortaleza de la economía mundial, así como la necesidad de que los gobiernos alienten y promuevan la acción liderada por el sector privado como complemento importante a la regulación y la aplicación de la ley por parte del gobierno en este ámbito.
Un ámbito en el que los gobiernos pueden tener un gran impacto es la contratación pública. Dada la prevalencia del robo de PI, es esencial que los gobiernos adopten medidas para abordar los riesgos de PI en sus propias cadenas de suministro. Las empresas que licitan y obtienen contratos gubernamentales deben ser alentadas a adoptar e implementar políticas y procedimientos para gestionar el uso y la protección de la PI, y a garantizar una mayor trazabilidad en sus cadenas de suministro conociendo y siendo capaces de documentar a sus proveedores de nivel superior. Los gobiernos pueden fomentar una mayor cooperación, coordinación y rendición de cuentas entre todas las partes del contrato, y deben colaborar periódicamente con sus proveedores para compartir buenas prácticas y ayudarles a mitigar riesgos, mejorar la calidad y gestionar los costes.
Los esfuerzos de los gobiernos, las empresas y las ONG para educar, formar y prestar asistencia técnica también son de vital importancia para fomentar una cultura global de cumplimiento de la PI. La divulgación multilateral –ya sea a través de programas existentes o nuevos– debe diseñarse para aumentar la concienciación y la comprensión de las leyes y reglamentos aplicables en materia de PI, y para desarrollar capacidades en el sector privado.
Leslie Benton es vicepresidenta de Promoción y Compromiso con las Partes Interesadas en CREATe.org – The Center for Responsible Enterprise and Trade.
Foto: Contenedores apilados bajo grúas en una terminal de contenedores del puerto de Khalifa, en Taweelah, Abu Dabi. REUTERS/Stringer
