El resultado más claro de Río+20 es que la sociedad civil y buena parte del sector privado están a la altura de los desafíos del siglo XXI, pero los gobiernos no.
En nuestro trabajo para la ONU y el Gobierno de Brasil en los Diálogos de Río+20, observamos un consenso sobre las prioridades de políticas para lograr un crecimiento económico sostenible, combatir la pobreza, promover la equidad social y garantizar la protección del medio ambiente entre ciudadanos de países con puntuaciones bajas y altas en el Índice de Desarrollo Humano (IDH). Entre ellas figuran:
Eliminar los subsidios a los combustibles fósiles
Restaurar las tierras deforestadas y degradadas
Hacer efectivo el derecho al agua
Evitar la contaminación de los océanos por plásticos mediante la educación y la colaboración comunitaria
Promover sistemas alimentarios sostenibles que contribuyan a mejorar la salud
Fomentar el uso de los residuos como fuente de energía renovable en entornos urbanos
Que las prioridades de la ciudadanía hayan llegado al documento final que establece la visión es un éxito incuestionable y, con suerte, un precedente de cómo la ONU involucrará a la sociedad civil en el futuro. Pero el hecho de que el documento final no incluya cifras ni fechas junto a estos puntos es devastador y peligroso.
Que Estados Unidos, Europa y China estuvieran, respectivamente, en modo electoral, de crisis económica y de transición política ciertamente no ayudó. Pero no estoy seguro de que la estabilidad política o económica en el G20 hubiera sido suficiente. La cuestión fundamental es que no estamos estructurados como planeta para legislar en beneficio del futuro; y esto no sorprende dado que muchas de las potencias del mundo —Estados Unidos quizá con las consecuencias más importantes— están igualmente mal preparadas.
Río+20 debe servir como llamada de atención para el mundo: nuestros sistemas de gobierno, incluida la república constitucional, ya no son oficialmente adecuados para la era moderna. Si bien parte de la solución vendrá de las redes y las tecnologías emergentes que fomentan la participación cívica, un progreso real exigirá reformas estructurales del propio gobierno y una nueva visión del papel de un gobierno nacional en un mundo complejo e interconectado, donde pocos asuntos importantes no son, por su naturaleza, planetarios.
En Estados Unidos, por ejemplo, el cambio podría consistir en reducir la edad de voto, establecer el voto obligatorio, ampliar el mandato presidencial o quizá incluso crear un cuarto poder del Estado con mandato constitucional para proteger el futuro.
El mayor legado de Río+20 debería ser haber impulsado que examinemos a fondo cómo dirigimos el mundo.
Adam Bly (@adambly) es el fundador y director ejecutivo de Seed y fue nombrado Joven Líder Global por el Foro Económico Mundial en 2007.