Los estadounidenses suelen hablar con tono reverencial de «la sabiduría de los Padres Fundadores», es decir, de los hombres que redactaron la Constitución de Estados Unidos. Pero la forma en que la Cámara de Representantes ha conseguido paralizar el gobierno (o, al menos, sus servicios no esenciales) hace que los Padres Fundadores parezcan bastante ridículos.
La causa fundamental de la crisis fiscal reside en la creencia de los Padres Fundadores en la doctrina de la separación de poderes. Esa doctrina siempre ha sido polémica desde el punto de vista filosófico.
Thomas Hobbes, que escribió durante la Guerra Civil inglesa, se opuso a la separación de poderes, convencido de que solo un gobierno central fuerte y unificado podía garantizar la paz. John Locke, por su parte, se preocupaba más por frenar el poder monárquico y consideraba la separación de los poderes legislativo y ejecutivo como una de las vías para lograrlo.
Tras haber luchado contra lo que consideraban la tiranía de Jorge III, los revolucionarios estadounidenses quisieron asegurarse de que ninguna tiranía semejante pudiera surgir en la nueva nación que estaban fundando. Para ello, incorporaron la doctrina de la separación de poderes en su Constitución.
Como resultado, ni el presidente de Estados Unidos ni los miembros del gabinete forman parte del poder legislativo, y no pueden ser destituidos de su cargo por una mayoría legislativa. Al mismo tiempo, el poder legislativo controla el presupuesto y la capacidad del gobierno para endeudarse. El potencial de bloqueo es evidente.
Podríamos pensar que los Padres Fundadores merecen el mérito de que el gobierno de Estados Unidos nunca haya degenerado en tiranía. Pero lo mismo puede decirse del gobierno británico, a pesar de la ausencia de una separación constitucional de poderes entre el poder legislativo y el ejecutivo; de hecho, a pesar de la ausencia total de una constitución escrita.
Tampoco las antiguas colonias británicas, como Australia, Nueva Zelanda y Canadá, se han convertido en tiranías. En cambio, a diferencia de Estados Unidos, el primer ministro y los miembros del gabinete en todos estos países forman parte del poder legislativo, y los gobiernos ejercen el cargo solo mientras conserven la confianza de la mayoría de la cámara baja del parlamento (o, en Nueva Zelanda, de su única cámara). Si el poder legislativo niega al ejecutivo el dinero que necesita para gobernar, el gobierno cae y es sustituido por otro nuevo, quizás de carácter provisional hasta que se celebren elecciones anticipadas.
Dado el defecto fundamental de la Constitución de Estados Unidos, lo que parece improbable no es la crisis actual, sino el hecho de que bloqueos de este tipo entre el poder legislativo y el ejecutivo no hayan provocado el caos con más frecuencia. Eso demuestra el sentido común de la mayoría de los legisladores estadounidenses y su disposición a transigir para evitar causar un daño grave al país al que sirven; hasta ahora, claro.
Las enmiendas constitucionales en Estados Unidos deben ser ratificadas por tres cuartas partes de los estados, lo que significa que, por el momento, no existe una posibilidad realista de reformar la Constitución lo suficiente como para superar el defecto que ha hecho posible la crisis actual. Pero un factor distinto que contribuye a la naturaleza hiperpartidista de la política estadounidense actual podría modificarse sin enmendar la Constitución. Podemos entender mejor este problema preguntándonos por qué muchos miembros del Partido Republicano que han votado en la Cámara de Representantes para obligar al gobierno a cerrar no temen que sus tácticas (que sin duda perjudicarán a muchos de sus electores) alimenten una reacción electoral en su contra.
La respuesta es que los distritos de los que se elige a los miembros de la Cámara están manipulados en un grado que los ciudadanos de la mayoría de las demás democracias considerarían absurdo. Esto sucede porque la responsabilidad de trazar los límites de los distritos generalmente recae en las legislaturas estatales, donde el partido en el poder puede trazarlos a su conveniencia. Hoy en día, los republicanos controlan la mayoría de las legislaturas estatales, lo que les permite obtener una mayoría de escaños en la Cámara aunque carezcan del apoyo de la mayoría del pueblo estadounidense; en las elecciones al Congreso de 2012, los candidatos del Partido Demócrata recibieron en todo el país un 1,4 % más de votos que los republicanos.
La manipulación de los distritos electorales estadounidenses implica algo más que el hecho de que la Cámara de Representantes no represente a la población en su conjunto; también significa que muchos titulares de escaño no corren peligro alguno de perder su puesto en unas elecciones. El verdadero peligro, sobre todo en el Partido Republicano, procede en gran medida de quienes se sitúan más a la derecha que el titular. Ser considerado moderado supone arriesgarse a la derrota, no a manos del electorado en su conjunto, sino en las contiendas de nominación del Partido Republicano, en las que la alta participación de los miembros más fervientemente comprometidos del partido les confiere una influencia desproporcionada sobre los resultados.
Cabría imaginar que personas sensatas de ambos partidos alcanzaran un acuerdo basado en la comprensión de que interesa a Estados Unidos crear una comisión imparcial que trace límites justos para todos los distritos electorales de la Cámara. No existe ninguna barrera constitucional para tal acuerdo. Sin embargo, en el entorno actual de extrema polarización política en Estados Unidos, ese resultado es casi tan improbable como una enmienda constitucional que impida a la Cámara de Representantes negar al gobierno los fondos que necesita para gobernar.
Las opiniones expresadas aquí son las del autor, y no necesariamente las del Foro Económico Mundial. Publicado en colaboración con Project Syndicate.
Autor: Peter Singer es profesor de bioética en la Universidad de Princeton y profesor laureado en la Universidad de Melbourne.
Imagen: Vista de la cúpula del Capitolio desde un tragaluz del Centro de Visitantes del Capitolio de los EE. UU. en Washington, el 2 de octubre de 2013. REUTERS/Jonathan Ernst