La desigualdad tiene un gran impacto en el bienestar de un país. ¿Por qué?

A labourer works on ground tiles outside a stadium in Shanghai January 16, 2007. REUTERS/Aly Song (CHINA) - RTR1L8VL
Imagen: REUTERS/Aly Song
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He estado recientemente en Sudáfrica y Estados Unidos. Desde la geografía hasta el desarrollo, ambos países son, por supuesto, muy diferentes. Pero comparten algunas similitudes. Tomemos la desigualdad, por ejemplo. Esta cuestión —que de ningún modo se limita a sus fronteras— se ha convertido en una característica profundamente arraigada de sus entornos sociales y económicos, y ha demostrado ser obstinadamente resistente a los intentos de remediarla.

La desigualdad tiene muchas consecuencias perniciosas, demasiadas para enumerarlas aquí. Esto se debe a que es uno de los pocos problemas que abarcan tanto lo micro como lo macro. Desde los padres que ya no pueden confiar en que sus hijos podrán ascender por la escala de oportunidades hasta el aumento del gasto público en atención sanitaria que provoca, está claro que su impacto es amplio y profundo.

Por eso hemos situado la desigualdad en el centro de la última Evaluación del desarrollo económico sostenible (SEDA, por sus siglas en inglés). El informe, que The Boston Consulting Group publica cada año, evalúa el bienestar relativo de los países de todo el mundo y hasta qué punto convierten la riqueza en bienestar.

Imagen: Boston Consulting Group

Este año descubrimos que la desigualdad de ingresos, junto con la gobernanza de un país y la sociedad civil, tiene un gran impacto en el bienestar de la población. ¿Por qué ocurre esto?

Bajo la lupa

Al comienzo, es importante recordar por qué nos centramos específicamente en el bienestar. Lo cierto es que el aumento del PIB, aunque sigue siendo importante, ya no se considera una prueba concluyente de que las políticas económicas de un país estén funcionando. La economía de un país puede crecer y, al mismo tiempo, grandes sectores de su población pueden seguir teniendo dificultades, aparentemente al margen de la prosperidad de la que disfrutan los ricos y poderosos y con pocas o ninguna perspectiva de movilidad ascendente.

Esta cuestión ha cobrado especial relevancia en los últimos años. Esto se debe a que la recuperación de la economía mundial tras la crisis financiera de 2008 no ha llegado a todos. Es cierto que la mayoría de las empresas se han recuperado y que a las personas con un elevado patrimonio neto les va bien, pero las tasas de pobreza siguen siendo altas en muchos países, tanto desarrollados como en desarrollo, y los ingresos de las personas más pobres se han estancado o incluso han disminuido. Y todo esto antes de la inminente revolución de la inteligencia artificial, que promete alterar enormemente el mercado laboral.

Estas tendencias también explican por qué muchas personas se han vuelto contra la globalización, aunque sin duda haya impulsado el crecimiento económico durante los últimos 20 años. No es de extrañar, entonces, que en 2013 el presidente Obama la calificara de «el desafío que define nuestra época». Tenía razón al hacerlo.

Países limitados

Sin embargo, al observar a lo largo del tiempo la riqueza y las tasas de crecimiento de los países, hemos constatado que su desempeño rara vez varía de forma drástica. Creemos que esto se debe a sus fundamentos institucionales. Arraigados en la tradición y resistentes al cambio, esos sistemas y convenciones han demostrado ser incapaces de transformar radicalmente la forma en que un país puede convertir la riqueza en bienestar. El conservadurismo —con «c» minúscula— suele imponerse.

Esta desafortunada realidad no oculta que lo que realmente deben ofrecer quienes formulan las políticas es un crecimiento inclusivo y una prosperidad que se comparta mucho más allá de quienes más ganan y que llegue a toda la población para influir en sus vidas y mejorarlas. Suena bien, ¿verdad? Lamentablemente, convertir esta visión en realidad no es tarea fácil. Y mientras los políticos hacen ajustes menores, la situación de las personas menos favorecidas de la sociedad empeora.

El principal problema es que, a medida que aumenta la desigualdad general, también se amplía la brecha entre los ingresos de los grupos de población con menores ingresos y el ingreso promedio. Esto, a su vez, reduce el acceso a aspectos fundamentales del bienestar, como un buen sistema educativo y una atención sanitaria eficaz. Pusimos a prueba esta teoría en SEDA, estudiando si la desigualdad perjudica los niveles promedio de bienestar, y descubrimos, como era de esperar, que la desigualdad de ingresos efectivamente dificulta convertir la riqueza en bienestar.

Esta conclusión tiene varias repercusiones. Por ejemplo, el informe SEDA examinó específicamente si las personas que viven en países con mayores niveles de desigualdad de ingresos son menos felices de lo que cabría esperar, y descubrimos que existe una fuerte correlación entre ambos factores. Según nuestra investigación, los países con altos niveles de desigualdad de ingresos suelen presentar una brecha mayor entre bienestar y felicidad.

Estos hallazgos también recuerdan con claridad tanto a los políticos como a los funcionarios públicos que ya no se puede aplazar el abordaje de la desigualdad. Hay que hacerle frente aquí y ahora, empezando por corregir los defectos de las instituciones que han impedido una transformación más drástica de la forma en que los países convierten la riqueza de sus economías en bienestar para todos sus ciudadanos.

El tiempo apremia y hay mucho en juego. La historia no juzgará con benevolencia a quienes, con su parálisis de hoy, ensombrezcan el futuro de las generaciones venideras.

Lea el informe completo: El desafío de convertir la riqueza en bienestar aquí

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