¿Cómo podemos proteger la Internet abierta?

¿Cómo podemos proteger la Internet abierta?
Este contenido ha sido traducido automáticamente con IA.

Las propuestas sobre la gobernanza de Internet están abocadas a generar fricciones importantes. Al fin y al cabo, el mundo en línea ha brindado enormes oportunidades a miles de millones de personas, en gran medida porque nunca ha sido gobernado.

Y, sin embargo, a medida que Internet cobra importancia, también aumentan los riesgos inherentes a la falta de regulación. Crece el peligro de que la plataforma abierta que todos apreciamos sea colonizada cada vez más por la avaricia corporativa, la actividad delictiva y los conflictos entre Estados, con los ciudadanos de a pie como víctimas últimas. Es esencial establecer salvaguardias y que tanto los países como las empresas estén sujetos a principios que los animen a actuar en aras del interés común.

La visión utópica de que los gobiernos y otras instituciones deberían mantenerse al margen pasa por alto el papel que los países ya desempeñan en Internet, a menudo en secreto. Tampoco tiene en cuenta que las grandes empresas están aprovechando este entorno, en gran medida sin regular, para erigirse en los nuevos soberanos.

Cuando un país censura contenido en línea a gran escala o utiliza puertas traseras digitales para vigilar a sus ciudadanos, todo Internet siente el impacto. Del mismo modo, cuando empresas con miles de millones de usuarios repartidos por todo el mundo sufren filtraciones de datos o deciden perseguir beneficios a costa de los derechos humanos universales, actualmente no está claro quién puede exigirles responsabilidades.

Los derechos humanos no pueden «equilibrarse» con los intereses de los Estados o de las empresas comerciales. Defender los principios fundamentales exige un sistema de controles y contrapesos: mecanismos que garanticen la protección de los derechos humanos, incluida la privacidad, al tiempo que se tienen en cuenta las legítimas preocupaciones de seguridad. Para ello, los principales actores responsables de la apertura de Internet deberán suscribir una combinación de acuerdos voluntarios y vinculantes que establezcan algo parecido al Estado de derecho.

Hasta ahora, los debates sobre la gobernanza de Internet han tenido como objetivo establecer normas voluntarias. Son primeros pasos importantes, pero si el proceso no conduce finalmente a acuerdos vinculantes, es poco probable que tenga éxito en mantener Internet en funcionamiento y a salvo. Las revelaciones sobre la vigilancia generalizada en línea ya han erosionado la confianza en Internet y en su idoneidad para comunicarse, acceder a información y hacer negocios.

Es crucial que los protocolos centrales de Internet se declaren zona neutral, libre de interferencias de cualquier parte, según una recomendación del consejo científico que asesora al Gobierno neerlandés. Esta medida, que solo funcionará si es vinculante, beneficia a todos los países y empresas, porque de ella depende la confianza de los usuarios en los servicios construidos sobre estos protocolos. Entre los elementos protegidos estarían las suites de protocolos TCP/IP, diversas normas, el sistema de nombres de dominio (DNS) y los protocolos de enrutamiento.

La Comisión Global sobre la Gobernanza de Internet (de la que soy miembro) ha presentado una propuesta para «un nuevo pacto social» entre los ciudadanos, sus representantes electos, los organismos encargados de hacer cumplir la ley y los servicios de inteligencia, las empresas, los grupos de la sociedad civil y los programadores y desarrolladores. Entre sus disposiciones estarían el reconocimiento de la privacidad y la protección de los datos personales como un derecho humano fundamental, así como un llamamiento a establecer regulaciones claras, precisas y creadas de forma transparente, que pongan límites a la vigilancia gubernamental y al uso de los datos de los consumidores por parte de las empresas.

En este marco, la gobernanza reforzaría la tecnología de la que depende Internet. Los gobiernos no tratarían de crear puertas traseras para acceder a los datos si hacerlo volviera menos segura a Internet. Las empresas que almacenan o transmiten datos de consumidores asumirían una mayor responsabilidad por las intrusiones ilegales, los daños o la destrucción. Además, se fomentarían los esfuerzos de los custodios técnicos de Internet por incorporar en las normas y los protocolos soluciones que favorezcan los derechos humanos, incluido el cifrado de datos de extremo a extremo.

Un pacto social de este tipo y un proceso multiparticipativo no sustituirían la supervisión judicial ni el derecho internacional de los derechos humanos. Siempre que sea posible, habría que recurrir a las instituciones de gobernanza existentes para regular Internet. Pero, dados los enormes desafíos que esto implica, también es necesario alentar a todos los actores a actuar en beneficio del ecosistema de Internet en su conjunto. Los peligros de hacer lo contrario son sencillamente demasiado grandes.

Este artículo se publica en colaboración con Project Syndicate. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde estas opiniones.

Para mantenerse al día con la Agenda, suscríbase a nuestro boletín semanal.

Autora: Marietje Schaake, miembro del Parlamento Europeo por el partido neerlandés Demócratas 66, es la fundadora del Intergrupo sobre la Agenda Digital para Europa.

Imagen: Una ilustración muestra la proyección de un código binario sobre un hombre que sostiene un ordenador portátil. REUTERS/Kacper Pempel.

Compartir:

Licencia y republicación
Los artículos del Foro Económico Mundial pueden volver a publicarse de acuerdo con la Licencia Pública Internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0, y de acuerdo con nuestras condiciones de uso. Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no del Foro Económico Mundial.