El próximo año se cumplirán 70 años desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos. La Declaración es un acuerdo pionero que afirma los derechos de las personas, entre ellos el derecho a no sufrir discriminación, el derecho a la educación, el derecho a un mundo libre y justo, y muchos más.
Como revolución tecnológica, la Cuarta Revolución Industrial está cambiando nuestra forma de vivir, trabajar e interactuar. También tiene el potencial de poner en cuestión y defender los derechos humanos. ¿Qué impacto tienen en estos derechos las tres principales tendencias tecnológicas actuales?
La automatización y el derecho a un trabajo justo y digno
El creciente uso de la IA y la automatización está transformando el mercado laboral mundial y afectando de manera significativa al derecho a un trabajo justo y digno. Los expertos estiman que, para 2020, el 85 % de todas las interacciones con los clientes se gestionará sin intervención humana, con la ayuda de chatbots y tecnologías de autoservicio. La OCDE estima que la IA ya iguala o supera el rendimiento humano en un número significativo de ámbitos.
El aprendizaje automático (ML), una rama de la IA, se está expandiendo rápidamente y abre vías para lograr procesos cada vez más eficientes, precisos y potentes, desde el diagnóstico del cáncer hasta el desarrollo de coches autónomos. Los datos son el ingrediente clave que hace posible el aprendizaje automático. Empresas como HireVue utilizan la IA y el análisis facial para medir, por ejemplo, el tono y la forma de expresarse, con el fin de hacer más eficiente el proceso de contratación.
Sin embargo, no todos los datos son iguales ni están disponibles por igual en todas las regiones y grupos demográficos. Los principales riesgos de discriminación relacionada con los datos son la disponibilidad insuficiente de datos y los datos sesgados o plagados de errores. En los procesos de contratación, por ejemplo, los algoritmos imitan la toma de decisiones humana, que puede basarse en prejuicios.
Internet y el derecho a la libertad de expresión
Internet ofrece a las personas una gran oportunidad para ejercer el derecho a la libertad de opinión y expresión mediante la comunicación y el intercambio de ideas. Más de 3.000 millones de personas usan internet actualmente, 2.300 millones más que en 2000.
Sin embargo, según las Naciones Unidas, en 2016 los gobiernos de todo el mundo cerraron internet más de 50 veces, lo que reprimió elecciones, frenó economías y limitó la libertad de expresión. Las llamadas «noticias falsas» proliferaron durante las elecciones estadounidenses de 2016, un fenómeno conocido en países como Filipinas e Indonesia, donde las noticias en línea tienen un gran alcance e influencia. La capacidad de las empresas tecnológicas para retirar contenido extremista en tiempo real es limitada.
El Internet de las cosas y el derecho a la privacidad
El Internet de las cosas está penetrando en ámbitos que antes eran privados. Como resultado, se está difuminando la distinción entre lo privado y lo público, y el derecho a la privacidad de las personas está amenazado. Business Insider prevé que en 2020 habrá 34.000 millones de dispositivos conectados a internet. Todos esos dispositivos pueden interactuar con nuestros datos personales y rastrearlos: desde el seguimiento de la ubicación mediante teléfonos inteligentes hasta los sensores de movimiento con cámaras de vídeo integradas que filman tus movimientos.
Millones de personas compartimos nuestros datos privados sin siquiera darnos cuenta, aunque muchas valoramos la privacidad más que nunca. Esto afecta tanto a los niños como a los adultos. Está creciendo una industria de «juguetes inteligentes» equipados con IA y reconocimiento de voz que pueden interactuar con los niños, aprender y enviar datos a los fabricantes, lo que podría vulnerar el derecho a la privacidad de los menores.
Tres formas en que la tecnología puede proteger los derechos humanos
1. Aprendizaje en línea y derecho a la educación
Más de 120 millones de niños y adolescentes de todo el mundo no están escolarizados. La tecnología se está convirtiendo en un recurso fundamental para garantizar una educación de calidad para todos.
Gracias a internet, las plataformas de aprendizaje en línea se están extendiendo por todo el mundo. Plataformas como Khan Academy, que recibe 10 millones de visitantes únicos al mes, ofrece formación a niños y adultos desde 2006. Solo en África hay casi 700 millones de abonados a la telefonía móvil, lo que ofrece oportunidades para compartir contenidos educativos. BYJU’s es la aplicación más grande de la India: sus 7 millones de abonados usan animaciones digitales y vídeos para compartir lecciones centradas en matemáticas y ciencias.
La tecnología educativa está transformando la educación. Empresas como RoboTutor están creando aplicaciones de código abierto que permiten a los niños con poco o ningún acceso a la escuela aprender a leer, escribir y hacer operaciones aritméticas básicas. Chimple utiliza la gamificación y la investigación cognitiva para desarrollar software de código abierto que ayude a los niños a aprender de forma autónoma, en grupo o individualmente.

2. Macrodatos y derechos humanos
Actualmente hay una enorme cantidad de datos disponibles sobre las condiciones medioambientales, la migración y los conflictos gracias a las redes sociales, los datos aportados por la ciudadanía y los dispositivos de seguimiento instalados en vehículos, teléfonos móviles y otros sensores. La computación en la nube y el análisis de macrodatos pueden aprovechar estos datos para analizar tendencias clave y emitir alertas tempranas sobre problemas graves antes de que ocurran, lo que contribuye a prevenir y responder con rapidez a las catástrofes humanitarias.
Microsoft colabora con las Naciones Unidas para desarrollar Rights View, un «panel de control» que permitirá al personal de la ONU dedicado a los derechos humanos agregar en tiempo real grandes cantidades de datos internos y externos sobre países específicos y tipos de violaciones de derechos. OCHA ha abierto un Centro de Datos Humanitarios en los Países Bajos, centrado en aumentar el uso de datos en la labor humanitaria. Antes de que el huracán Harvey azotara Estados Unidos a principios de este año, organismos como la NASA y la NOAA utilizaban tecnología para predecir cuándo llegaría la tormenta.
3. Protección de los derechos humanos en la cadena de suministro
La esclavitud moderna sigue existiendo en las cadenas de suministro de muchas empresas. Se estima que actualmente 30 millones de personas realizan trabajos forzados en cadenas de suministro de múltiples sectores, desde la electrónica hasta la pesca. La cadena de bloques es un mecanismo de autenticación que puede aportar transparencia a las cadenas de suministro, desde el abastecimiento hasta la compra por parte del cliente.
Ya se está probando la cadena de bloques para eliminar abusos en determinadas cadenas de suministro. Everledger la utiliza para rastrear la procedencia de los diamantes, en particular para determinar si proceden de zonas de conflicto. Provenance ha probado el seguimiento del origen del pescado desde que lo captura el pescador en el barco, en un sector donde la esclavitud está muy extendida.
¿Qué viene ahora para la tecnología y los derechos humanos?
En septiembre, el Foro Económico Mundial organizó conjuntamente un taller para la sociedad civil y las empresas tecnológicas en su Centro para la Cuarta Revolución Industrial, junto con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y Microsoft. El objetivo era explorar qué significan los derechos humanos en la Cuarta Revolución Industrial.
Brad Smith, presidente de Microsoft, y Zeid Ra’ad Al Hussein, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, concluyeron la jornada con un llamamiento a la acción: las empresas, la sociedad civil, los responsables de formular políticas y las compañías tecnológicas tienen la responsabilidad de crear soluciones que sitúen a las personas en el centro de las tecnologías emergentes. La recién creada Partnership on AI, en la que Microsoft desempeña un papel activo, es un ejemplo de colaboración público-privada para promover los derechos humanos.

