Los países europeos destinan miles de millones a subvenciones a los combustibles fósiles mientras afrontan inmensos costes sanitarios y la pérdida de vidas.
El cambio climático debe convertirse en una prioridad de seguridad nacional, integrada en todos los ministerios del Gobierno y en todas las partidas presupuestarias.
Los líderes deberían reformar los modelos económicos para priorizar el bienestar humano y la sostenibilidad ambiental por encima del crecimiento tradicional del PIB.
Europa paga 444 000 millones de euros al año para subvencionar los combustibles fósiles. La quema de estos combustibles cuesta 1700 vidas al día debido a la contaminación atmosférica. Y Europa vuelve a pagar en costes sanitarios para tratar las consecuencias.
Se trata de un pasivo que crece cada año que retrasamos la acción en materia de clima y salud. La Comisión Paneuropea sobre Clima y Salud –que yo convoqué y que esta semana presentó su Llamamiento a la Acción– ha elaborado la hoja de ruta para ponerle fin. Estas son las medidas que los líderes deben adoptar ahora.
El elevado coste de la inacción
La evidencia no deja lugar a dudas. En 2024, aproximadamente 63 000 personas murieron por causas relacionadas con el calor en toda Europa. El cambio climático fue responsable de casi el 70 % de las muertes por calor estival en 854 ciudades europeas en 2025. La exposición al calor por sí sola costó a nivel mundial 640 000 millones de horas de trabajo el año pasado, equivalentes a más de 300 millones de empleos a tiempo completo. Con un calentamiento de 3 grados Celsius, las pérdidas del PIB podrían alcanzar el 10 % a nivel mundial.
El coste de la inacción no es una proyección: ya se refleja en los resultados trimestrales, las primas de seguros y los datos de productividad. Mientras tanto, el mosquito tigre asiático, cuya picadura puede transmitir parásitos y virus peligrosos, ya está bien establecido en más de 20 países europeos.
Un plan de acción
Estas son las medidas que, en mi opinión, exigen una actuación inmediata por parte de los líderes y responsables de la toma de decisiones en todas partes.
La primera es la gobernanza. El cambio climático debe entrar en el debate sobre seguridad nacional, no como una metáfora, sino como un punto permanente del orden del día de los consejos de seguridad nacional, junto con la defensa y la resiliencia económica. Todos los ministerios que se ocupan de la alimentación, el agua, la energía, el transporte y la vivienda ya gestionan los impactos del clima sobre la salud, lo reconozcan o no, solo que sin partidas presupuestarias específicas ni mandatos intergubernamentales. Esto es lo que debe cambiar.
La segunda son los sistemas sanitarios, y en este ámbito el sector privado desempeña un papel indispensable. Hasta el 80 % de las emisiones del sector sanitario proceden de las cadenas de suministro. La Comisión pide normas de contratación pública armonizadas y resilientes al clima en toda la región paneuropea, lo que enviaría una señal de demanda coherente y previsible a cada proveedor de esa cadena.
Las empresas que avancen pronto en cadenas de suministro sanitarias de bajo carbono no solo reducirán las emisiones del sistema, sino que también asegurarán contratos a largo plazo a medida que se endurezcan las normas. Se trata tanto de una oportunidad de mercado como de un imperativo político. La salud mental también debería integrarse en la planificación de la preparación frente al clima. El duelo climático, el trauma del desplazamiento y la ecoansiedad son fenómenos clínicos reales para los que nuestros sistemas sanitarios aún no están preparados para responder a gran escala.
La tercera son las ciudades. Más del 70 % de la población de la región europea vive en zonas urbanas. Las zonas de aire limpio, la infraestructura para los desplazamientos activos, los espacios verdes y los planes de acción sanitaria frente al calor son intervenciones probadas, con rendimientos sanitarios y económicos medibles. Las ganancias de productividad derivadas de un aire más limpio son medibles y significativas, y las empresas que operan en esas ciudades las notarán. La OMS/Europa promoverá el liderazgo municipal y las redes interurbanas para desarrollar un marco de rendición de cuentas que permita supervisar e informar sobre los avances a nivel urbano, proporcionando a inversores y empresas los datos transparentes que necesitan para tomar decisiones informadas sobre ubicación y operaciones.
La cuarta, y quizá la más fundamental, es la reforma económica. El modelo predominante centrado en el PIB está financiando el daño que pretende gestionar. Ha llegado el momento de reformar las subvenciones, reorientar la financiación hacia la inversión en clima y salud, y adoptar indicadores más allá del PIB que recojan la salud, la equidad y la sostenibilidad ambiental.
Los bancos de desarrollo, los inversores institucionales y el sector privado tienen todos un interés en este cambio. Cuando los Gobiernos evalúan de forma sistemática el gasto público en función de su impacto climático y sanitario, crean un entorno político más estable y previsible, base de la inversión privada a largo plazo.
Una pequeña ventana de oportunidad para actuar
La Comisión también ha hecho un llamamiento audaz a la Organización Mundial de la Salud como institución: declarar formalmente el cambio climático emergencia de salud pública de importancia internacional y movilizar una respuesta mundial coordinada. Ese llamamiento merece ser escuchado en los niveles más altos de la gobernanza sanitaria mundial. Por mi parte, velaré por que la OMS/Europa trate el cambio climático como una amenaza para la seguridad sanitaria en su planificación regional, su vigilancia de enfermedades y su preparación y respuesta ante emergencias.
La ventana para actuar sigue abierta, pero se estrecha con rapidez. La Comisión ha hecho su trabajo. Ahora le toca al resto de nosotros hacer el nuestro.
