Tecnología. Todos queremos tener más, independientemente de cuánta – o cuán poca – ya tengamos. Lo queremos porque estamos convencidos de que construir una economía de la innovación se traduce en mejores empleos locales y en una mejor calidad de vida.
Una economía de la innovación requiere la adopción y el desarrollo de soluciones tecnológicas nuevas y eficaces, lo que a su vez depende de una base sólida de conocimientos técnicos. Desarrollar los conocimientos técnicos es fundamental para todos los países, y no es una tarea sencilla. Requiere inversiones públicas a largo plazo para formar una mano de obra cualificada y adaptable, lo que exige un compromiso financiero considerable. También requiere los socios adecuados.
Si bien en teoría puede ser posible adquirir el capital intelectual y financiero de forma totalmente independiente, la mayoría de los países no pueden hacerlo. Incluso si un país pudiera reunir los recursos necesarios para lograrlo por sí solo, un esfuerzo de este tipo sería impracticablemente lento y costoso.
Es el uso de las cadenas de suministro globales lo que reduce el precio de la nueva tecnología. Y la capacidad de avanzar en tecnología de forma eficaz en costes y con alta calidad es directamente proporcional a la disposición de un país a asociarse con innovadores extranjeros y nacionales, incorporando aportaciones tanto locales como externas. Así pues, la colaboración, junto con la inversión en capital humano, es el enfoque más directo para que un país mejore su base de conocimientos técnicos y, en última instancia, se convierta en una potencia de la innovación.
Entonces, ¿cómo puede un país acceder a los conocimientos necesarios para cultivar una economía de la innovación? El marco normativo adecuado es fundamental. Los responsables de políticas tienen la responsabilidad de apoyar a los innovadores nacionales y facilitar su capacidad para competir, así como de consolidar sus mercados como terreno fértil para la inversión y la colaboración con socios tecnológicos.
Unos derechos de propiedad intelectual sólidos son parte esencial para atraer a los mejores socios, ya sean locales o procedentes del extranjero. Los derechos de propiedad intelectual permiten a los innovadores gestionar sus inversiones en el desarrollo y la comercialización de nuevas soluciones tecnológicas. Estos derechos solo tienen valor en la medida en que existen y pueden hacerse cumplir.
Un régimen estable de propiedad intelectual es la base de un entorno abierto y colaborativo que respeta la necesidad de todos los innovadores de controlar su propio destino. Dicho régimen fomenta tanto la investigación local como las importaciones de alta tecnología, al proporcionar previsibilidad a los innovadores y permitirles recuperar sus inversiones una vez que alcanzan el éxito en el mercado. Pero, sin derechos de propiedad intelectual significativos, los innovadores no tienen nada que ofrecer, vender ni licenciar. Pueden mostrarse reacios a compartir lo que saben si su savoir faire no puede protegerse, sobre todo si existe una alta probabilidad de que acabe en manos de un competidor.
Además de mejorar la base de conocimientos, la colaboración puede estimular el desarrollo de soluciones adaptadas a un mercado específico o que potencien las capacidades de una mano de obra local. Los países que establecen y mantienen una protección fiable de los secretos comerciales, además de otras formas de derechos de propiedad intelectual, reconocen el valor que el savoir faire aporta al avance tecnológico, lo que garantiza que los colaboradores puedan compartir libremente sus conocimientos con sus socios. Cuando la información puede fluir libremente, las ventajas de la colaboración pueden aprovecharse al máximo, ya que cada participante puede comprender plenamente las consecuencias o el contexto de sus acciones.
La colaboración puede adoptar muchas formas, y algunos modelos para mejorar la capacidad técnica son más eficaces que otros. Lamentablemente, algunos de los enfoques más extendidos en realidad ralentizan la transferencia de conocimientos. Por ejemplo, cuando la contratación pública del gobierno discrimina a favor de la innovación nacional, puede disuadir a los actores con la mejor tecnología de introducir sus soluciones a nivel local. De manera similar, los requisitos de contenido local pueden obligar a los proveedores a ofrecer productos menos competitivos. Con un mercado lo suficientemente grande y el marco normativo adecuado, la producción local e incluso la investigación suelen convertirse en la opción más económica. Sin embargo, porcentajes arbitrarios de contenido o recursos construidos localmente pueden llevar a desplegar una mano de obra antes de que la mano de obra local tenga la capacidad para hacerlo, lo que finalmente reduce la calidad y aumenta el coste.
Desarrollar una infraestructura de innovación es un proceso gradual y a largo plazo. No puede lograrse de la noche a la mañana ni por la fuerza. Sin embargo, muchos gobiernos establecen políticas que obligan a transferir tecnología o a revelar conocimientos patentados como condición para acceder al mercado, sin las protecciones necesarias frente a la divulgación pública. Y, aun cuando estas estrategias no se apliquen de forma explícita, un régimen débil de secretos comerciales puede poner en riesgo la capacidad de un innovador para proteger su savoir faire.
La consecuencia de cada una de estas políticas es obstaculizar los intercambios entre colaboradores. La tecnología avanza más lentamente cuando la información no puede compartirse con confianza entre socios. Y cuando las empresas perciben que el mercado interfiere en la rentabilidad de sus inversiones, optarán por evitar el mercado o por proteger su tecnología frente a su divulgación, reduciendo al mínimo la cantidad de conocimiento valioso que comunican al exterior.
Nuestro primer instinto humano es protegernos: proteger nuestros empleos y recursos y volvernos autosuficientes. Son objetivos legítimos. Al mismo tiempo, debemos resistir nuestros instintos proteccionistas para tener éxito en un contexto de innovación distribuida como el actual.
Hoy en día, la mejor solución podría no ser la local. Pero, al fomentar el talento local y ampliar su base de conocimientos mediante la inversión y la colaboración, podría serlo en el futuro. Construir una economía próspera, con potencial para generar empleo y exportaciones, requiere marcos normativos que favorezcan la importación de innovación junto con el talento necesario para absorberla. Solo entonces se liberará todo el potencial de una economía de la innovación.
Autor: Thaddeus Burns es Asesor Jurídico Principal de Propiedad Intelectual y Política Tecnológica para EMEA y América Latina en General Electric Company.
Imagen: Patentes expuestas en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. REUTERS/Denis Balibouse
