El 9 de diciembre de 2017, el primer ministro de Iraq, Haider al-Abadi, declaró formalmente la victoria en la prolongada guerra del país contra el ISIS. Apenas unos meses antes, en septiembre, el Líbano había despejado de elementos extremistas su frontera nororiental con Siria; un mes después, las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), respaldadas por Estados Unidos, liberaron Raqqa, hasta entonces capital del autoproclamado «califato». En todo el Levante, el grupo terrorista parece estar prácticamente derrotado, mientras se aferra desesperadamente a su último reducto territorial en Siria, cerca de la frontera iraquí, después de haber gobernado en su día más del 40 % de Iraq y más de un tercio de Siria. Aunque sus métodos sanguinarios han alienado a la población de la región, el fin del dominio del ISIS en Oriente Medio no supondría el fin de sus actividades, como demuestra el número de atentados terroristas que perpetró en todo el mundo en 2017, mientras seguía perdiendo terreno.
Tras estar a punto de ganar la guerra, los países de la región afrontan ahora la tarea de conquistar la paz, si quieren evitar el resurgimiento de un ISIS 2.0. De hecho, un estudio del Banco Mundial concluyó que existe un 44 % de probabilidades de que los conflictos se repitan en los cinco años posteriores al fin de una guerra civil. Por ello, la reconstrucción y la reconciliación serán indispensables para evitar otra guerra o la aparición de un grupo extremista cuya brutalidad supere incluso la del ISIS. Nunca ha sido tan necesario como hoy un Plan Marshall para el Levante. Y dado que se estima que la reconstrucción costará 100.000 millones de dólares en Iraq y al menos 200.000 millones de dólares en Siria —sin incluir los costos que afrontan los países vecinos afectados por los efectos indirectos—, hacen falta nuevos enfoques para que este proceso sea duradero, sostenible e inclusivo.
Los gobiernos no pueden actuar solos; se necesita la participación de múltiples partes interesadas
Aunque se necesitará ayuda internacional para estabilizar Iraq y Siria —una vez que el proceso diplomático haya logrado poner fin a la guerra— y atender las necesidades humanitarias, esta no puede, por sí sola, impulsar la reactivación necesaria para crear empleo y liberar las frágiles economías locales. En cualquier caso, dadas las sumas necesarias, la ayuda internacional sería insuficiente. Los líderes del sector público de la región deben involucrar a todas las partes interesadas pertinentes en el proceso de reconstrucción. Las empresas internacionales pueden aportar la inversión necesaria para restaurar lo que se perdió durante la guerra. Las alianzas con empresas nacionales pueden ayudarlas a desenvolverse entre las costumbres y los procedimientos locales. Por tanto, los líderes del ámbito público deben crear un marco jurídico que incentive y proteja la participación del sector privado en los esfuerzos nacionales de reconstrucción.
Comprometerse con la rendición de cuentas y la transparencia
Parte del éxito del Plan Marshall residió en que el país donante, Estados Unidos, lo administró directamente. Debido a la situación política y de seguridad, esto no sería una opción en el Levante. Para ganarse la confianza de los donantes e inversores internacionales, los países tendrán que garantizarles que su dinero no se perderá debido a la corrupción. Siria ocupa el puesto 173 e Iraq el 166 de 176 países en el Índice de Percepción de la Corrupción de 2016 de Transparency International. En Iraq, según el Dr. Sami al-Araji, presidente de la Comisión Nacional de Inversiones del país, el presupuesto nacional aumentó un 500 % entre 2004 y 2015, un incremento que atribuye principalmente al amiguismo.
El sector público debe comprometerse con la transparencia y divulgar en línea todos los detalles de la ayuda y las inversiones recibidas. Incluso podría ir un paso más allá y utilizar drones o nanosatélites para ofrecer actualizaciones frecuentes sobre el avance de las distintas iniciativas, a fin de que las empresas y la ciudadanía puedan comprobar la integridad con que se gestiona el proceso de reconstrucción.
Siguiendo el ejemplo de Guatemala, podrían pedir a la comunidad internacional que les ayude a supervisar sus sectores públicos. En 2006, esta nación centroamericana solicitó la asistencia de las Naciones Unidas para crear la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que ha conseguido ganar varios casos de corrupción de gran repercusión en el país. Este acuerdo también contribuiría en gran medida a restablecer la confianza de la ciudadanía en sus gobiernos.
Empezar por lo pequeño y actuar a nivel local
Los líderes del sector público sentirán la tentación de ponerse manos a la obra con megaproyectos de infraestructura. Aunque esto puede tener sentido en términos de economías de escala, también es importante considerar los costos asociados a la corrupción, la complejidad y la falta de competencia. Empezar con proyectos más pequeños ayudaría a revitalizar las pequeñas y medianas empresas (pymes), que son el motor de la creación de empleo a nivel local, y además sería más fácil supervisar posibles casos de corrupción. Por ejemplo, en lugar de reconstruir grandes centrales eléctricas, cualquier iniciativa para restablecer las redes energéticas podría comenzar con pequeñas plantas solares que suministraran electricidad a un solo bloque de viviendas.
En lugar de limitarse a financiar la ayuda, los donantes internacionales deberían considerar la posibilidad de realizar inversiones estratégicas en pymes a cambio de participaciones pequeñas, que podrían liquidar cuando la recuperación estuviera bien afianzada. Esto fomentaría la adopción de soluciones locales, impulsaría la creación de nuevas empresas, promovería el emprendimiento social y generaría empleos que no desaparecerían en cuanto los donantes recogieran sus cosas y se marcharan. El Foro Económico Mundial puso de manifiesto el potencial creativo sin explotar y la capacidad empresarial de la región cuando, en colaboración con la Corporación Financiera Internacional, organizó el centenar de empresas emergentes que están dando forma a la Cuarta Revolución Industrial, presentado en la Cumbre de Oriente Medio y Norte de África celebrada en el mar Muerto en mayo de 2017. Esta comunidad constituye un recurso —a menudo ignorado por los gobiernos— que debe aprovecharse para que la reconstrucción sea duradera.
Reparar el tejido social
No solo hay que reparar la infraestructura física. El conflicto ha obligado a más de 13 millones de sirios y 3,5 millones de iraquíes a abandonar sus hogares. Millones de personas que sufren lesiones y traumas necesitan urgentemente apoyo médico, psicológico y social. El desplazamiento y la desconfianza han fracturado las comunidades. Reparar el tejido social será esencial para consolidar una recuperación sostenible. Para ello, las plataformas de redes sociales deberían hacer más para contrarrestar la propaganda que los yihadistas difunden en línea. El sector público podría ser pionero en el uso de la cadena de bloques en los registros de propiedad, para generar confianza entre la ciudadanía y garantizar que funcionarios sin escrúpulos no se apropien de sus tierras y bienes. Los subsidios generales deberían sustituirse por transferencias monetarias focalizadas que ayuden a las personas más vulnerables; recurrir al dinero móvil para hacerlo aumentaría la transparencia y daría impulso a la expansión de la tecnología financiera en los mercados locales. Esto permitiría una circulación del dinero en efectivo más rápida y segura y, por tanto, estimularía la recuperación económica.
Más importante aún, para que los residentes participen activamente en los esfuerzos de reconstrucción y no sean meros espectadores, habrá que dotarlos de habilidades que les permitan contribuir. Los refugiados dispersos por distintas regiones y países habrán estado expuestos a diferentes sistemas educativos, si es que han recibido educación. Miles de niños que vivían bajo el ISIS fueron enviados a escuelas ideológicas que no les enseñaron ninguna habilidad útil. Muchos miles más quedaron completamente privados de cualquier tipo de educación formal. Los sistemas educativos tradicionales son incapaces de hacer frente a estos desafíos. Se debería crear un nuevo sistema que adopte un enfoque modular para el desarrollo de habilidades, en colaboración con ONG, organizaciones religiosas y proveedores privados de educación.