Hacer frente a las atrocidades masivas que han asolado la República Democrática del Congo (RDC) durante los últimos 10 años o detener la venta de medicamentos ilegales y peligrosos en amplias zonas del mundo más pobre es, sin duda, una tarea que supera a las Naciones Unidas, a la Unión Africana, a un único país, a la industria minera o farmacéutica y a las organizaciones de la sociedad civil.
En efecto, ya no cabe duda de que todos estos grupos de partes interesadas, y no solo uno de ellos, son necesarios para cualquier solución duradera en cualquiera de estos ámbitos. Esto nos lleva a preguntarnos qué combinación de los anteriores es necesaria para lograr las soluciones más eficaces y viables. Cada vez vemos surgir nuevas formas de gobernanza como el Proceso de Kimberley en el comercio de diamantes, el Consejo de Estabilidad Financiera en la crisis financiera y el Pacto Mundial sobre empresas y derechos humanos. Estas iniciativas involucran a numerosos actores y, por lo general, buscan una aplicación coordinada en distintos Estados y sectores, a veces en lugares donde la gobernanza estatal es limitada. Y todas ellas dependen, en gran medida, del Estado de derecho.
En general, el Estado de derecho se considera un fundamento necesario para lograr soluciones estables y eficaces. Estos esfuerzos coordinados suelen verse como alternativas destinadas a resolver los problemas hasta que se consolide una gobernanza plena con un sólido Estado de derecho. Sin embargo, incluso cuando exigimos cada vez más a los gobiernos, en términos normativos, que gobiernen bien, la desafortunada verdad es que no sabemos realmente qué exigir en cuanto a los principios rectores de estas nuevas y diversas formas de gobernanza.
El enfoque más utilizado consiste en llevar el Estado de derecho basado en el Estado, en la medida de lo posible, a todos los rincones del mundo. Se invierten millones en llevar el Estado de derecho a la RDC y a otros lugares. Se destinan enormes recursos a la elaboración de tratados internacionales vinculantes basados en el modelo estatal en ámbitos como el calentamiento global, la extracción de minerales y la promoción de la salud mundial. Todas estas medidas son positivas, pero no bastan para impulsar un cambio duradero.
Sabemos que el Estado de derecho no se construye en una sola generación y que negociar un tratado requiere mucho tiempo, sin contar con su plena aplicación. Por ello, para respaldar la resolución de problemas internacionales, las formas innovadoras de gobernanza deben incorporar más Estado de derecho, incluso, si fuera necesario, sin tratados ni leyes formales. Y esto debe hacerse de manera muy práctica. La noción de Estado de derecho ofrece un conjunto variado de herramientas que puede mejorar la gobernanza para producir soluciones más estables, legítimas y aplicables.
La definición de Estado de derecho ampliamente aceptada, desarrollada por el World Justice Project, establece que quienes gobiernan deben rendir cuentas ante la ley; que las normas aplicadas deben ser claras, públicas, estables y justas, y proteger los derechos fundamentales; que las normas aplicadas deben promulgarse, administrarse y hacerse cumplir de manera accesible, justa y eficiente; y que el acceso a la justicia debe garantizarse mediante jueces, abogados o representantes y funcionarios judiciales competentes, independientes y éticos, en número suficiente, con recursos adecuados y que reflejen la composición de las comunidades a las que sirven.
Estos elementos gozan de una amplia aceptación porque funcionan; tienen una larga trayectoria de producir una gobernanza mejor y más sostenida. En cambio, gran parte de la resolución transnacional de problemas actual es ad hoc y se guía únicamente por argumentos de eficacia inmediata. Cuando los Estados, las organizaciones internacionales, las empresas y las organizaciones de la sociedad civil se unen para resolver un problema transnacional, deberían, en la medida de lo posible, aplicar en la práctica estas nociones a lo que hacen. Esa es la eficacia a largo plazo. Esa es la verdadera gobernanza coordinada.
Autores: Sam Muller (director de HiiL) y David Caron (profesor distinguido C. William Maxeiner de Derecho, Universidad de Berkeley, California) son, respectivamente, el presidente actual y el anterior del Consejo de la Agenda Global sobre el Estado de Derecho del Foro Económico Mundial.
Imagen: La balanza de la justicia fotografiada frente a la Asamblea Nacional de Francia en París. REUTERS/Charles Platiau
