Imagine un escenario en el que gobiernos ineficientes, junto con la privatización eficiente de los servicios básicos, persuadieran a la gente de optar por un sistema de «el usuario paga». Carreteras, hospitales, calles, alumbrado y escuelas: todos estos servicios están totalmente gestionados por empresas privadas. La gente valora la elección personal por encima de las identidades nacionales o étnicas, y busca trasladarse a barrios que reflejen sus valores fundamentales y sus opciones de estilo de vida. El poder político recae ahora en las personas y en las organizaciones del sector privado. Prevalecen la responsabilidad y la elección individuales. El sector privado es el principal proveedor de servicios colectivos.
Los ciudadanos utilizan la tecnología para evaluar las políticas en tiempo real. De este modo, codiseñan las políticas y dan forma a su entorno vital a través de las decisiones que toman. Los representantes de la gobernanza tienen fuertes incentivos económicos para responder. Las personas participan cada vez más en el voluntariado activo en sus comunidades para dar forma a su entorno vital.
La desigualdad social es elevada. Las personas pagan solo por lo que quieren y necesitan. Los ciudadanos expresan sus preferencias trasladándose a zonas adaptadas a sus deseos.
En cierta medida, todos los escenarios son extrapolaciones de una tendencia que ya existe. Aunque todo lo anterior podría ser beneficioso en algunos aspectos, también hay características que podrían conducir a resultados distópicos.
Ya tenemos muchas comunidades cerradas. La tecnología está haciendo que los mercados sean más eficientes. Cada vez se pueden hacer más cosas mediante el mercado, y eso significa que el papel del gobierno, que sigue desempeñando un papel importante en la regulación de los mercados, puede considerarse demasiado engorroso. En ese sentido, los ciudadanos descubrirán que pueden utilizar los mercados para comprar bienes —por ejemplo, la seguridad— que son competencia del gobierno como bienes «públicos», pero que ahora pueden mercantilizarse como bienes «de club».
Imagine una comunidad cerrada que contrata guardias y proporciona su propia fuerza policial, y cuyos miembros pueden pagar guardias adicionales en su barrio. Eso es una transacción de mercado. El gobierno de la zona más amplia en la que existen las comunidades cerradas no desempeña ningún papel en ello. Ya lo vemos, y creo que hay razones para pensar que es probable que aumente.
El problema que conlleva —el aspecto de este escenario que me preocupa— es qué ocurre con nuestra ciudadanía en un sentido más amplio y con las cualidades positivas de esa ciudadanía. Si nos consideramos únicamente ciudadanos de la comunidad cerrada, ¿cuál es nuestra relación con quienes viven fuera de las puertas? ¿Qué obligaciones y qué relaciones tenemos? ¿Qué quedará de la «comunidad» fuera de la puerta?
Lo segundo que me preocupa es qué ocurre con los bienes públicos que superan a los que proporciona la propia comunidad cerrada. La seguridad de la comunidad puede ser proporcionada por empresas privadas, pero ¿qué pasa con la seguridad nacional? ¿Cómo se proporcionará?
Hay otros bienes públicos que simplemente no pueden proporcionarse solo al nivel de la comunidad cerrada. Por ejemplo, si nos preocupa el cambio climático global, se podría decir: «Bueno, mi comunidad cerrada tendrá un programa de reciclaje muy estricto y impuestos al carbono para fomentar el ahorro energético», pero eso no resolverá el problema del cambio climático global a menos que se puedan coordinar políticas similares en todas comunidades cerradas. Y eso, lo sabemos, es uno de los problemas clásicos de la provisión de bienes colectivos. ¿Cómo produciremos bienes colectivos para problemas mucho mayores que las comunidades cerradas en las que viviremos?
Los mercados pueden proporcionar una sorprendente variedad de bienes colectivos, por ejemplo el sistema de transporte, la recogida de residuos o la educación. Ya existe un papel cada vez mayor del sector privado en la provisión de servicios para la comunidad que antes eran competencia del gobierno central, pero hay límites.
Cuando miramos a los militares, generalmente se argumenta que una cosa es proporcionar las máquinas que utilizan las personas —las armas y los suministros que mantienen con vida a los soldados—, pero ¿realmente queremos volver a un mundo de ejércitos mercenarios en el que el sector privado mata esencialmente a personas en nombre de un país? ¿Dónde está la rendición de cuentas en ese caso? Si la rendición de cuentas se debe simplemente a los mercados, ¿es suficiente? Vimos un ejemplo de ello cuando guardias de empresas de seguridad privadas en Irak mataron a varios ciudadanos iraquíes en 2007. Esa no es la forma en que queremos organizar ese aspecto del bien común de la seguridad.
Una de las cosas valiosas que surgen de un sistema como este es que los mercados son muy buenos para permitir que las personas afinen sus preferencias. Si alguien quiere algo y otra persona no, puede encontrar un precio para poder tenerlo. Los servicios públicos tienden a tener un sistema de «talla única» que puede no satisfacer las necesidades de todos los ciudadanos. La provisión de mercado permite a las personas satisfacer distintas preferencias de una manera que es mejor para todos.
El problema, por supuesto, es que algunas personas empiezan con muchas «fichas» y pueden utilizar el mercado. Otras empiezan sin nada y quedan excluidas del mercado por su precio. Este escenario privilegia a quienes tienen «fichas». Por ello, es necesario establecer algunos límites a la provisión inicial de «fichas» para abordar la desigualdad, antes de utilizar el mercado para maximizar las ganancias de todos.
A veces puede haber una combinación acertada en la que la función del gobierno consista en establecer el marco para los mercados, pero sean los mercados los que realicen la provisión efectiva. Los mercados y el sector privado son mucho más eficientes en la provisión de bienes. Hay una metáfora: el gobierno no debería remar en la barca. Los mercados deberían remar, y el gobierno debería dirigir con el timón.
El ideal es un mundo en el que la mayor parte de la carga la asumen los agentes del sector privado, y la función del gobierno es la de coordinación y gestión. Esto no siempre funciona en la práctica, pero al menos proporciona un marco razonable para pensar en las comunidades cerradas. La pregunta que hay que plantearse entonces es: «¿Cómo combinamos lo que los mercados hacen mejor con lo que hacen mejor los gobiernos?»
Autor: Joseph S. Nye es profesor distinguido de servicio universitario en la Harvard Kennedy School of Government y preside el Global Agenda Council on the Future of Government del Foro Económico Mundial.
El equipo de Previsión Estratégica del Foro Económico Mundial y el Global Agenda Council on the Future of Government han desarrollado tres escenarios sobre cómo podría evolucionar el mundo de la gobernanza de aquí a 2050: CityStates, e-1984 y Gated Communities.