Los gobiernos buscan cada vez más aprovechar las oportunidades que ofrece la IA para mejorar la productividad del sector público y la prestación de servicios a la ciudadanía, así como para estimular la economía. La IA tiene el potencial de mejorar notablemente las operaciones gubernamentales y responder a las necesidades de la ciudadanía de nuevas formas, desde la gestión del tráfico hasta la prestación de servicios sanitarios o la tramitación de formularios fiscales. Sin embargo, los gobiernos suelen carecer de experiencia en la adquisición de soluciones modernas de IA, y muchas instituciones públicas son cautelosas a la hora de aprovechar esta poderosa tecnología. En conjunto, las directrices tienen por objeto orientar a todas las partes implicadas en el ciclo de vida de la contratación –responsables de políticas, responsables de compras, científicos de datos, proveedores de tecnología y sus líderes– hacia el objetivo general de salvaguardar el interés público y el bienestar.
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