Informe Global sobre la Brecha de Género 2023: Más mujeres lideran en América Latina, pero se necesita avanzar más

Según el Informe Global sobre la Brecha de Género 2023 del Foro Económico Mundial, la región de América Latina y el Caribe ha cerrado casi tres cuartas partes de su brecha de género. La región tiene el tercer nivel de paridad más alto del mundo, con un 74,3%. Al ritmo actual de progreso, la región tardará 53 años en alcanzar la plena paridad de género sobre la base de las dimensiones incluidas en el Índice Global de la Brecha de Género del Foro.

De todas las regiones incluidas, América Latina y el Caribe es la que más ha avanzado desde la edición inaugural del informe en 2006, con un aumento de 8,4 puntos porcentuales en su puntuación en el Índice Global de Brecha de Género, y los 18 países incluidos en el informe han mejorado sus puntuaciones.

¿Qué factores impulsan el progreso a nivel regional? ¿Qué iniciativas se han demostrado prometedoras y han tenido impacto en la reducción de las brechas de género? ¿Cómo puede la región seguir avanzando hacia la paridad de género?

El Índice Global de Brecha de Género anual del Foro Económico Mundial mide la paridad entre mujeres y hombres en cuatro dimensiones: empoderamiento político, participación y oportunidades económicas, rendimiento escolar y salud y supervivencia. En América Latina y el Caribe, la mejora del índice se ha visto impulsada predominantemente por la dimensión de empoderamiento político, seguida de la participación económica y oportunidades.

La región ha experimentado una mejora significativa en la dimensión de empoderamiento político, liderada por un aumento en la proporción de mujeres que ocupan cargos ministeriales y parlamentarios. Con una paridad del 35%, la región tiene la segunda puntuación más alta después de Europa, habiendo experimentado un aumento de 23,4 puntos porcentuales desde 2006. Adicionalmente, 16 de los 18 países incluidos en el índice países han mejorado sus puntuaciones de paridad a este respecto. Varios países promulgaron leyes y reformas constitucionales e implementaron leyes de cuotas de género para aumentar la representación de las mujeres en los cargos políticos.

Argentina fue el primer país del mundo en aprobar una ley de cuotas de género, y posteriormente promulgó la Ley de Paridad de Género en los Ámbitos de Representación Política, el cual exige el equilibrio de género entre los candidatos legislativos. Desde entonces, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua, Perú y Panamá han aprobado leyes similares. Varios de estos países han ido más lejos: México, Bolivia y Ecuador han impuesto la paridad de género en todos los poderes del Estado. Doce de los 21 países de la región han tenido una mujer como Jefa de Estado en los últimos 50 años.

La región también ha observado mejoras en la paridad de género en la participación de la fuerza laboral, la remuneración y la representación femenina en puestos directivos y de liderazgo. La paridad en este ámbito en América Latina y el Caribe se sitúa en el 65,2%, la tercera puntuación regional más baja, por delante de Oriente Medio y Norte de África, así como de Asia Meridional. No obstante, esto supone una mejora de 9,3 puntos porcentuales desde 2006. Sin duda, la pandemia del COVID-19 supuso un importante revés, ya que las tasas de participación de la fuerza laboral femenina no se recuperaron hasta 2022, cuando se alcanzaron niveles prepandemia.

Estas mejoras se han visto impulsadas por el aumento de las tasas de estudios, la evolución positiva de las normas sociales y los cambios más amplios del mercado laboral. Las políticas públicas y las iniciativas del sector privado también han incentivado positivamente la incorporación de más mujeres al mercado laboral y han derribado las barreras ocupacionales.

Aunque la paridad de género en la región sigue una tendencia al alza, todavía hay camino por mejorar, sobre todo en los tipos y la calidad de los empleos de las mujeres. Las mujeres siguen estando sobrerrepresentadas en sectores y empleos caracterizados por salarios más bajos y altos niveles de informalidad, en los que es difícil hacer cumplir la normativa del mercado laboral que prohíbe la discriminación de género y que carecen de acceso a un sistema nacional de protección social. Las mujeres también están subrepresentadas, tanto como graduadas como trabajadoras, en sectores que crecen en relevancia, como las STEM y las energías renovables.

Se necesitan alianzas más estrechas entre los sectores público y privado para apoyar la capacitación, el perfeccionamiento profesional y la contratación de mujeres para este tipo de funciones. Se necesita mucha más inversión para expandir la infraestructura de cuidado de la región y las disposiciones sobre permisos parentales. Alianzas más fuertes entre los sectores público y privado en el diseño, la implementación y el monitoreo de la eficacia de estas políticas e iniciativas será clave para su éxito.

Un ejemplo de iniciativas que impulsan la colaboración público-privada en este ámbito son las Iniciativas Paridad de Género (IPG), implementadas por el Foro Económico Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) en colaboración con nueve países de la región. Desde 2016, las IPG ofrecen varios ejemplos de cómo las políticas públicas implementadas en estrecha colaboración con el sector privado pueden ayudar a cerrar las brechas económicas de género.

En Costa Rica, la Iniciativa ha apoyado la expansión del sistema nacional de cuidado, incluido el piloto de un innovador mecanismo de copago entre el gobierno y los empleadores. En Panamá, el Consejo Nacional para la Paridad de Género, establecido a través de la Iniciativa, promulgó leyes para la representación mínima de las mujeres en los consejos de administración y la igualdad salarial. Asímismo, Ecuador aprobó una de las leyes de género más ambiciosas de la región, la Ley de Economía Violeta, que establece requisitos de igualdad salarial, representación de las mujeres en los consejos de administración, soluciones para el cuidado de los niños, procedimientos para prevenir el acoso sexual e informes públicos sobre igualdad por parte de las empresas con más de 50 empleados, además de ofrecer incentivos fiscales a las empresas que creen puestos de trabajo para las mujeres.