Una vez más, Grecia parece haber escapado de la soga financiera. Al recurrir a sus fondos en una cuenta de reserva del Fondo Monetario Internacional, pudo reembolsar 750 millones de euros (851 millones de dólares), irónicamente al propio FMI, justo cuando vencía el pago.
Esta maniobra al borde del precipicio no es casual. Desde que llegó al poder en enero, el Gobierno griego, encabezado por el partido Syriza del primer ministro Alexis Tsipras, ha creído que la amenaza de impago —y, por tanto, de una crisis financiera que podría desintegrar el euro— le proporciona una ventaja negociadora que compensa la falta de poder económico y político de Grecia. Meses después, Tsipras y su ministro de Finanzas, Yanis Varoufakis, experto académico en teoría de juegos, aún parecen aferrarse a esta idea, pese a la falta de pruebas que la respalden.
Pero su cálculo parte de una premisa falsa. Tsipras y Varoufakis suponen que un impago obligaría a Europa a elegir entre solo dos alternativas: expulsar a Grecia de la eurozona u ofrecerle un alivio incondicional de la deuda. Sin embargo, las autoridades europeas tienen una tercera opción en caso de impago griego. En vez de forzar un «Grexit», la UE podría atrapar a Grecia dentro de la eurozona y dejarla sin dinero, para luego limitarse a observar cómo se desploma el apoyo político interno al Gobierno de Tsipras.
Esta estrategia de asedio —esperar a que Grecia se quede sin el dinero que necesita para mantener las funciones habituales del Gobierno— parece ahora la técnica más prometedora de la UE para quebrar la resistencia griega. Es probable que funcione porque al Gobierno griego le resulta cada vez más difícil reunir el dinero suficiente para pagar salarios y pensiones al final de cada mes.
Para lograrlo, Varoufakis ha recurrido a medidas cada vez más desesperadas, como incautar el efectivo de las cuentas bancarias municipales y hospitalarias. Esto implica que la recaudación fiscal se ha visto tan gravemente afectada por el caos económico desde las elecciones de enero que los ingresos del Gobierno ya no bastan para cubrir los gastos cotidianos. Si es así —nadie puede afirmarlo con certeza debido a la falta de fiabilidad de las estadísticas financieras griegas (otra de las quejas de las autoridades de la UE)—, la estrategia negociadora del Gobierno griego está condenada al fracaso.
La estrategia de Tsipras y Varoufakis partía de que Grecia podía amenazar de forma creíble con el impago porque, si el Gobierno se veía obligado a cumplir la amenaza, aún tendría dinero más que suficiente para pagar salarios, pensiones y servicios públicos. En enero, esa era una suposición razonable. El Gobierno había presupuestado un amplio superávit primario (que excluye los pagos de intereses), cuya previsión era del 4 % del PIB.
Si Grecia hubiera dejado de pagar en enero, ese superávit primario podría haberse redirigido (en teoría) de los pagos de intereses a financiar los salarios, las pensiones y el gasto público más elevados que Syriza había prometido durante la campaña electoral. Ante esta posibilidad, Varoufakis quizá creyó que hacía una oferta generosa a los demás ministros de Finanzas de la UE al proponer reducir el superávit primario del 4 % al 1 % del PIB, en vez de llevarlo hasta cero. Si la UE se negaba, su amenaza implícita era simplemente dejar de pagar intereses y destinar todo el superávit primario al gasto público adicional.
Pero ¿y si el superávit primario —la carta de triunfo del Gobierno griego en su estrategia negociadora de confrontación— ya ha desaparecido? En ese caso, la amenaza de impago deja de ser creíble. Sin superávit primario, un impago ya no permitiría a Tsipras cumplir las promesas de campaña de Syriza; al contrario, implicaría recortes aún mayores en salarios, pensiones y gasto público que los que exige ahora la «troika»: la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI.
Para las autoridades de la UE, en cambio, un impago griego sería ahora mucho menos problemático de lo que se suponía. Ya no necesitan disuadir a Grecia de incumplir amenazándola con expulsarla del euro. En cambio, la UE puede confiar ahora en que el propio Gobierno griego castigue a su población al dejar de pagar salarios y pensiones y de respaldar las garantías bancarias.
Tsipras y Varoufakis deberían haberlo previsto, porque lo mismo ocurrió hace dos años, cuando Chipre, en plena crisis bancaria, intentó desafiar a la UE. La experiencia chipriota sugiere que, con la credibilidad de la amenaza de impago del Gobierno hecha trizas, es probable que la UE obligue a Grecia a permanecer en el euro y la someta a una bancarrota municipal al estilo estadounidense, como la de Detroit.
Los mecanismos jurídicos y políticos para tratar a Grecia como un municipio en bancarrota están claros. Los tratados europeos establecen inequívocamente que la pertenencia al euro es irreversible, salvo que un país decida salir no solo de la moneda única, sino de toda la UE. Ese es también el mensaje político que los Gobiernos de la UE quieren inculcar a sus propios ciudadanos y a los inversores financieros.
Si Grecia incurre en impago, la UE tendrá justificación jurídica y motivación política para insistir en que el euro siga siendo su única moneda de curso legal. Aunque el Gobierno griego decida pagar salarios y pensiones emitiendo sus propios pagarés o «nuevos dracmas», el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminará que todas las deudas nacionales y los depósitos bancarios deben reembolsarse en euros. Esto, a su vez, provocará un impago frente a los ciudadanos griegos, además de los acreedores extranjeros, porque el Gobierno no podrá garantizar el valor en euros de los depósitos asegurados en los bancos griegos.
Así pues, un impago griego dentro del euro, lejos de permitir que Syriza cumpla sus promesas electorales, impondría a los votantes griegos una austeridad aún mayor que la que soportaron bajo el programa de la troika. En ese momento, el colapso del Gobierno sería inevitable. En vez de que Grecia saliera de la eurozona, Syriza saldría del Gobierno griego. En cuanto Tsipras comprenda que han cambiado las reglas del juego entre Grecia y Europa, su capitulación será solo cuestión de tiempo.
Este artículo se publica en colaboración con Project Syndicate. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde estas opiniones.
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Autor: Anatole Kaletsky es economista jefe y copresidente de Gavekal Dragonomics, y presidente del Institute for New Economic Thinking.
Imagen: Una bandera de la Unión Europea (UE) (delante) y una bandera griega ondean frente al monumento del Partenón, en la colina de la Acrópolis. REUTERS/John Kolesidis.
