Los datos del informe de Oxfam-Intermón revelan la desaparición de la clase media-baja, el aumento de las grandes fortunas propiciado por la concentración de la riqueza y el afianzamiento de la precariedad laboral.

El rostro de la precariedad y la pobreza laboral: mujeres migrantes, jóvenes de entre 15 y 24 años y familias monomarentales.

“Las élites se han dado cuenta de que el modelo económico evidencia altos niveles de tensión social como consecuencia de los grandes grupos de perdedores de los procesos de globalización de la economía”, explica Joan Romero, catedrático de Geografía Humana.

Esta semana Oxfam-Intermón ha hecho público -coincidiendo con la celebración del Foro Económico Mundial de Davos (Suiza)- el informe “Desigualdad 1-Igualdad de Oportunidades 0. La inmovilidad social y la condena de la pobreza”, que arroja varios datos socioeconómicos demoledores, apenas una década después del comienzo de la crisis económica. La desaparición de la clase media-baja que ha consolidado la brecha social, el aumento de las grandes fortunas propiciado por la concentración de la riqueza y el afianzamiento de la precariedad laboral son algunas de las claves del informe.

Uno de los principales fenómenos que los datos parecen constatar es el afianzamiento de un modelo económico basado en la precariedad. Según las informaciones recabadas en 2017 por el Observatorio sobre Pobreza y Exclusión de la Comunidad Valenciana, seis de cada diez parados valencianos son pobres y se propaga la figura del “trabajador precario” con cuatro de cada diez trabajadores con contrato temporal en condiciones de pobreza. Durante 2017, nueve de cada diez contratos han sido a tiempo parcial y cerca del 36,8% de los sueldos no llegaban al salario mínimo interprofesional (SMI).

A nivel autonómico, los datos que ofrece el Instituto Nacional de Estadística (INE) elevan a alrededor de un 25% -uno de cada cuatro- el número de valencianos en riesgo de pobreza. Un porcentaje que el indicador AROPE (At Risk Of Poverty and Exclusion) eleva a un 31%, con un 11,5% de los valencianos con dificultades para llegar a fin de mes y casi la mitad de la población viendo imposible afrontar un gasto imprevisto de 700 euros.

La precariedad laboral y la desregulación se han extendido de la mano de las nuevas tecnologías y la lentitud de la administración para hacer frente a conflictos como el pulso que los trabajadores del taxi mantienen con plataformas como Uber o Cabify. Otras empresas, como la española Glovo, se sirven de figuras como el falso autónomo –trabajadores sin derechos laborales porque las empresas no los reconocen como tales- tal y como resolvió la Inspección de Trabajo en Valencia, al constatar que en torno a 200 repartidores de Glovo eran empleados no reconocidos.

Imagen: “Desigualdad 1-Igualdad de Oportunidades 0. La inmovilidad social y la condena de la pobreza”, Oxfam-Intermón.

¿Es el modelo de la precariedad compatible con la democracia y el estado del bienestar?

Joan Romero, catedrático de Geografía Humana por la Universidad de Valencia, interpreta los datos del informe en clave de confirmación de que nos encontramos ante la aplicación de un modelo de características bien definidas y la imposibilidad de encajar en él los conceptos de democracia, estado del bienestar o estado nación en un contexto globalizado. Es en este punto donde se produce el gran desacoplamiento que ha hecho que el poder y la capacidad de intimidación estén ahora del lado de los que tienen –respecto de aquellos que no tienen-.

Romero explica que, como consecuencia de la aplicación de un modelo económico basado en la precariedad, nuestras sociedades han ido adelgazando por la parte de la clase media-baja. El catedrático explica que se han ido conformando dos grupos de perdedores en las sociedades democráticas: los que menos tienen –los de abajo del todo- y la clase social inmediatamente superior, aquellos que tienen algo. El modelo económico, explica Romero, no ha demostrado ninguna capacidad para intentar corregir esta situación.

“Es muy sintomático que el documento inicial de debate del Foro Económico Mundial de Davos se centre en las consecuencias sociales del funcionamiento global de la economía. Las élites se han dado cuenta de que el modelo económico evidencia altos niveles de tensión social como consecuencia de los grandes grupos de perdedores de los procesos de globalización de la economía. Llegan demasiado tarde, en este momento las élites políticas y económicas no están legitimadas para ofrecer nada”, apunta Romero.

En este contexto cobran especial relevancia la impugnación al sistema que supone la aparición de revueltas sociales efímeras y concretas, como los Gilet Jaunes o, en clave nacional, las protestas del sector del taxi –representativos ejemplos de este nuevo tiempo, según Romero-. Son movimientos, explica, carentes de un relato colectivo, que desbordan las instituciones del sistema y son un reflejo del malestar de la sociedad. Son explosiones de revuelta social que evidencian temor e incertidumbre.

La precariedad laboral se ceba con las mujeres

Oxfam-Intermón publicó un informe a finales del año pasado llamado “Precariedad laboral y mujeres en las distintas CC.AA.”, en el que ponía cara a la precariedad y la pobreza laboral: mujeres migrantes, las jóvenes de entre 15 y 24 años y las familias monomarentales –las cuales suponen un 83% de las familias monoparentales españolas-.

De los datos se sustrae que las trabajadoras suelen concentrarse en sectores más precarizados y menos valorados social y económicamente –como la hostelería, la restauración, el turismo, el empleo del hogar o cuidados-. Todo ello sumado a la brecha salarial de género que en la Comunitat Valenciana alcanza el 14,5% y a un 18,5% de mujeres con empleos estables que cobran menos de 1.000 euros al mes –cinco puntos más que sus contrapartes masculinos-.

Además, la tasa de parcialidad se multiplica en el caso de las mujeres, llegando a multiplicar por tres el número de contratos a tiempo parcial de hombres. El informe concreta que esta característica es la que más implicaciones negativas tiene en su vida, porque está asociada a una menor retribución, acceso a derechos y protección.